La jueza deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,7 millones de euros ocultos en el extranjero
Valencia 7 FEB 2019 - 14:02 CET
Zaplana
El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, en octubre de 2017. MÒNICA TORRES
La jueza del caso Erial ha acordado la puesta en libertad de Eduardo Zaplana tras bloquearle otros 6,7 millones de euros que tenía escondidos en el extranjero y que supuestamente proceden de actividades delictivas, según fuentes de la investigación. El exministro del PP se encontraba en prisión provisional desde que fue detenido el 24 de mayo.
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La magistrada Isabel Rodríguez ya decomisó en junio a Zaplana, que se ha declarado inocente, dinero y bienes por un importe total de otros 10 millones de euros. El también expresidente de la Generalitat valenciana había reintroducido en España esos fondos, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales, en parte mediante la amnistía fiscal aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (2,2 millones) y en parte mediante inversiones, sobre todo en inmuebles, para lo que habría utilizado a una red de testaferros.
Gravemente enfermo de una leucemia que le fue detectada en 2015, la defensa del exministro había reclamado reiteradamente desde mayo su puesta en libertad bajo fianza. Una demanda que había efectuado también su médico, el doctor Guillermo Sanz, que a finales de diciembre lo ingresó en el Hospital La Fe de Valencia, donde sigue, y advirtió que su vuelta a prisión pondría en grave peligro su vida. A la petición de libertad se sumaron políticos de todo el arco político.
Un país europeo
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia rechazaron en cinco ocasiones las peticiones de puesta en libertad, a la que se oponía también la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que existía riesgo de que Zaplana intentara interferir en la investigación o huir. Fuentes del caso consideraban que esto último era posible, a pesar de su mal estado de salud, debido al dinero que sospechaban que el exdirigente popular seguía ocultando en el extranjero. Se trata de los fondos que ahora han sido bloqueados en un país europeo.
Las mismas fuentes adelantaron antes de Navidad que revisarían su postura respecto a la prisión provisional del exministro una vez que se recibieran las comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial internacional— que se habían enviado a cinco países latinoamericanos y europeos. La cooperación internacional ha permitido finalmente confirmar la existencia de los fondos y bloquearlos.
Colaboración de un arrepentido
La investigación que desembocó en la Operación Erial se inició en 2015, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrara, gracias a la colaboración del arrepentido del caso Taula, Marcos Benavent, indicios de que Zaplana había sido recibido pagos por dos grandes adjudicaciones de su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002): la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), a finales de los años 90, y el Plan Eólico Valenciano.
Entre los beneficiaros de ambos contratos figuraban empresas de la familia Cotino, dos de cuyos miembros también fueron detenidos en mayo, aunque quedaron en libertad bajo fianza. El ex director general de la Policía y vicepresidente de la Generalitat en los Gobiernos de Francisco Camps Juan Cotino también está siendo investigado en el caso.
Zaplana está acusado de 10 delitos, entre ellos malversación, cohecho y prevaricación continuados, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.
