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JOSÉ MARÍA OLMO
TAGSPABLO CASADOPARTIDO POPULAR (PP)UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)CRISTINA CIFUENTESFRANCISCO CAMPS
TIEMPO DE LECTURA5'
02/08/2018 20:26 - ACTUALIZADO: 02/08/2018 20:46
Pablo Casado está más cerca de terminar siendo investigado en el Tribunal Supremo. La instructora del caso máster ha acordado mantener imputadas por prevaricación a las tres alumnas que compartieron estudios y curso (2008-2009) con el presidente del Partido Popular tras tomarles declaración esta tarde. Al igual que Casado, las tres obtuvieron el máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos tras lograr que les convalidaran 18 de las 22 asignaturas que componían el programa académico, superar las cuatro asignaturas restantes con la presentación de trabajos y sin tener que entregar un Trabajo Fin de Máster (TFM).
La jueza había pedido a las alumnas que acudieran al Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza Castilla con los trabajos que elaboraron para aprobar las asignaturas que no les fueron convalidadas. Ninguna ha podido entregarlos, aunque el testimonio clave ha sido el de María Dolores Cancio, que en el momento en el que se matriculó trabajaba en el Instituto de Derecho Público del que dependía el máster. Cancio ha admitido que logró el título sin hacer absolutamente nada, ni asistir a clases ni presentar trabajos.
Las otras dos citadas sí han asegurado que los aportaron a los profesores correspondientes, pero no han logrado convencer a la jueza. Se trata de María Mateo Feito, hija de la exasesora de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, acusada a su vez de intervenir en el caso del máster de Cristina Cifuentes para tratar de evitar que saltara el escándalo, y Alida Mas Taberner, que en la época del curso era subsecretaria de la Consejería de Educación de la Comunidad Valencia, durante el Gobierno de Francisco Camps. Tras las declaraciones, la jueza ha acordado mantener imputadas por prevaricación a las tres investigadas. Además, en el caso de Mas Taberner, también le atribuye un presunto delito de cohecho impropio, al considerar que pudo aprovechar su cargo para obtener las supuetas ventajas académicas, según las fuentes jurídicas consultadas.
La continuidad de la acusación contra estas tres alumnas refuerza la posibilidad de que la jueza termine elevando al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Casado. El trámite podría producirse en pleno mes de agosto, puesto que el Alto Tribunal lo ha declarado hábil para completar la instrucción de la causa contra los líderes del referéndum independentista. Por lo pronto, la instructora ya tiene en su mesa el escrito del Congreso de los Diputados que confirma la condición de aforado de Casado, un trámite necesario para poder enviar la causa al Supremo.
Declaraciones favorables por la mañana
El día había empezado mejor para el presidente del principal partido de la oposición. Los investigados y testigos que desfilaron ante la jueza por la mañana parecían haberla convencido de que el máster de la Universidad Rey Juan Carlos siguió rigiéndose en el curso 2008-2009 por lo establecido en el decreto de 2005 (RD 56/2005), muy permisivo con las convalidaciones y las exigencias académicas, y no por el decreto promulgado en 2007 (RD 1393/2007), que era mucho más duro y, por ejemplo, consideraba imprescindible la presentación de un TFM .
La primera en pasar por el Juzgado 51 fue la testigo Pilar Laguna, exvicerrectora de Títulos Propios, Postgrado y Unidades Docentes Delegadas de la URJC y una de las integrantes de la Comisión de Convalidaciones que autorizó que Casado pudiera convalidarse automáticamente 18 de las 22 asignaturas que componían el programa del máster (60% de los créditos totales) sólo por haber obtenido previamente una licenciatura en Derecho. Laguna explicó que la implantanción del máster arrancó antes de que entrara en vigor el decreto de 2007 y que, por tanto, además del elevado número de convalidaciones, también era posible obtener el título sin presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM), como hizo Casado.
El exrector Fernando Suárez avaló esa misma tesis ante la jueza. En su caso, comparecía como imputado por haber puesto su firma en el expediente de convalidaciones del presidente del PP. Aunque Suárez explicó que su participación en ese proceso fue un simple trámite y que el verdadero responsable de autorizar las equivalencias era el también imputado Enrique Álvarez Conde -director del máster y del Instituto de Derecho Público del que dependían los estudios-, defendió a continuación que el programa respetó escrupulosamente la normativa de 2005. Según dijo, el decreto exigía cursar 60 créditos, una condición que a juicio no era incompatible con que 40 de esos créditos se superaran mediante convalidaciones. También coincidió en que no era obligatorio presentar un TFM.
La jueza y el fiscal llegaron a alabar a Suárez por el tono didáctico de su declaración y, en el tras*curso de la jornada, la propia instructora pareció interiorizar que el máster del curso 2008-2009 se acogió de forma correcta al real decreto de 2005. Informes aportados a la causa en los últimos días avalan ese planteamiento, según fuentes jurídicas. Es decir, que parecía diluirse la sospecha de que Casado logró el título con facilidades que vulneraban la normativa.
También se despejan otros frentes para el dirigente del PP. Álvarez Conde estaba citado pero se acogió de nuevo a su derecho a no declarar. Sí respondió a las preguntas de las partes la profesora Alicia López de los Mozos, encargada de impartir una de las cuatro únicas asignaturas no le fueron convalidadas. Casado, que siempre ha reconocido que las aprobó presentando simples trabajos y ha admitido incluso que ni siquiera llegó a ir a clase, salió muy parado de la declaración. López de los Mozos sostuvo que, por el tiempo tras*currido desde entonces (la profesora sólo impartía 12 horas lectivas del máster), no puede recordar si el líder del PP acudió o no a la URJC pero defendió que las dispensas a alumnos para que no tuvieran que asistir eran habituales y que también era normal que se les aprobara con la presentación de trabajos. Asimismo, ratificó que no era necesaria la entrega de un TFM.
López de los Mozos también pareció cerrar la puerta a que Casado sea imputado por cohecho impropio, un delito que sanciona a los cargos públicos o autoridades que acepten prebendas, favores o dinero por condición de su cargo. Según la profesora, si le aprobó fue porque presentó un trabajo que cumplía con las exigencias académica. En ningún momento recibió ninguna indicación para que dispensara un trato favorable al presidente del PP ni tampoco a otro alumnos, un desmentido categórico que también debería haber favorecido a las tres compañeras de curso de Casado que fueron imputadas por haber obtenido el título en idénticas condiciones. La jueza no piensa lo mismo y ha decidido seguir adelante con las acusaciones. La causa entra en una fase inquietante para Casado.
La jueza ratifica la imputación de las tres compañeras de Casado y complica su futuro
TAGSPABLO CASADOPARTIDO POPULAR (PP)UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)CRISTINA CIFUENTESFRANCISCO CAMPS
TIEMPO DE LECTURA5'
02/08/2018 20:26 - ACTUALIZADO: 02/08/2018 20:46
Pablo Casado está más cerca de terminar siendo investigado en el Tribunal Supremo. La instructora del caso máster ha acordado mantener imputadas por prevaricación a las tres alumnas que compartieron estudios y curso (2008-2009) con el presidente del Partido Popular tras tomarles declaración esta tarde. Al igual que Casado, las tres obtuvieron el máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos tras lograr que les convalidaran 18 de las 22 asignaturas que componían el programa académico, superar las cuatro asignaturas restantes con la presentación de trabajos y sin tener que entregar un Trabajo Fin de Máster (TFM).
La jueza había pedido a las alumnas que acudieran al Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza Castilla con los trabajos que elaboraron para aprobar las asignaturas que no les fueron convalidadas. Ninguna ha podido entregarlos, aunque el testimonio clave ha sido el de María Dolores Cancio, que en el momento en el que se matriculó trabajaba en el Instituto de Derecho Público del que dependía el máster. Cancio ha admitido que logró el título sin hacer absolutamente nada, ni asistir a clases ni presentar trabajos.
Las otras dos citadas sí han asegurado que los aportaron a los profesores correspondientes, pero no han logrado convencer a la jueza. Se trata de María Mateo Feito, hija de la exasesora de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, acusada a su vez de intervenir en el caso del máster de Cristina Cifuentes para tratar de evitar que saltara el escándalo, y Alida Mas Taberner, que en la época del curso era subsecretaria de la Consejería de Educación de la Comunidad Valencia, durante el Gobierno de Francisco Camps. Tras las declaraciones, la jueza ha acordado mantener imputadas por prevaricación a las tres investigadas. Además, en el caso de Mas Taberner, también le atribuye un presunto delito de cohecho impropio, al considerar que pudo aprovechar su cargo para obtener las supuetas ventajas académicas, según las fuentes jurídicas consultadas.
La continuidad de la acusación contra estas tres alumnas refuerza la posibilidad de que la jueza termine elevando al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Casado. El trámite podría producirse en pleno mes de agosto, puesto que el Alto Tribunal lo ha declarado hábil para completar la instrucción de la causa contra los líderes del referéndum independentista. Por lo pronto, la instructora ya tiene en su mesa el escrito del Congreso de los Diputados que confirma la condición de aforado de Casado, un trámite necesario para poder enviar la causa al Supremo.
Declaraciones favorables por la mañana
El día había empezado mejor para el presidente del principal partido de la oposición. Los investigados y testigos que desfilaron ante la jueza por la mañana parecían haberla convencido de que el máster de la Universidad Rey Juan Carlos siguió rigiéndose en el curso 2008-2009 por lo establecido en el decreto de 2005 (RD 56/2005), muy permisivo con las convalidaciones y las exigencias académicas, y no por el decreto promulgado en 2007 (RD 1393/2007), que era mucho más duro y, por ejemplo, consideraba imprescindible la presentación de un TFM .
La primera en pasar por el Juzgado 51 fue la testigo Pilar Laguna, exvicerrectora de Títulos Propios, Postgrado y Unidades Docentes Delegadas de la URJC y una de las integrantes de la Comisión de Convalidaciones que autorizó que Casado pudiera convalidarse automáticamente 18 de las 22 asignaturas que componían el programa del máster (60% de los créditos totales) sólo por haber obtenido previamente una licenciatura en Derecho. Laguna explicó que la implantanción del máster arrancó antes de que entrara en vigor el decreto de 2007 y que, por tanto, además del elevado número de convalidaciones, también era posible obtener el título sin presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM), como hizo Casado.
El exrector Fernando Suárez avaló esa misma tesis ante la jueza. En su caso, comparecía como imputado por haber puesto su firma en el expediente de convalidaciones del presidente del PP. Aunque Suárez explicó que su participación en ese proceso fue un simple trámite y que el verdadero responsable de autorizar las equivalencias era el también imputado Enrique Álvarez Conde -director del máster y del Instituto de Derecho Público del que dependían los estudios-, defendió a continuación que el programa respetó escrupulosamente la normativa de 2005. Según dijo, el decreto exigía cursar 60 créditos, una condición que a juicio no era incompatible con que 40 de esos créditos se superaran mediante convalidaciones. También coincidió en que no era obligatorio presentar un TFM.
La jueza y el fiscal llegaron a alabar a Suárez por el tono didáctico de su declaración y, en el tras*curso de la jornada, la propia instructora pareció interiorizar que el máster del curso 2008-2009 se acogió de forma correcta al real decreto de 2005. Informes aportados a la causa en los últimos días avalan ese planteamiento, según fuentes jurídicas. Es decir, que parecía diluirse la sospecha de que Casado logró el título con facilidades que vulneraban la normativa.
También se despejan otros frentes para el dirigente del PP. Álvarez Conde estaba citado pero se acogió de nuevo a su derecho a no declarar. Sí respondió a las preguntas de las partes la profesora Alicia López de los Mozos, encargada de impartir una de las cuatro únicas asignaturas no le fueron convalidadas. Casado, que siempre ha reconocido que las aprobó presentando simples trabajos y ha admitido incluso que ni siquiera llegó a ir a clase, salió muy parado de la declaración. López de los Mozos sostuvo que, por el tiempo tras*currido desde entonces (la profesora sólo impartía 12 horas lectivas del máster), no puede recordar si el líder del PP acudió o no a la URJC pero defendió que las dispensas a alumnos para que no tuvieran que asistir eran habituales y que también era normal que se les aprobara con la presentación de trabajos. Asimismo, ratificó que no era necesaria la entrega de un TFM.
López de los Mozos también pareció cerrar la puerta a que Casado sea imputado por cohecho impropio, un delito que sanciona a los cargos públicos o autoridades que acepten prebendas, favores o dinero por condición de su cargo. Según la profesora, si le aprobó fue porque presentó un trabajo que cumplía con las exigencias académica. En ningún momento recibió ninguna indicación para que dispensara un trato favorable al presidente del PP ni tampoco a otro alumnos, un desmentido categórico que también debería haber favorecido a las tres compañeras de curso de Casado que fueron imputadas por haber obtenido el título en idénticas condiciones. La jueza no piensa lo mismo y ha decidido seguir adelante con las acusaciones. La causa entra en una fase inquietante para Casado.
La jueza ratifica la imputación de las tres compañeras de Casado y complica su futuro
