Urgente: el supremo imputa al fiscal general

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Álvaro García Ortiz es, desde este miércoles, el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España. El Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa por un delito de revelación de secretos al máximo responsable del Ministerio Fiscal por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, según informan fuentes jurídicas.
El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del jovenlandesal, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado. La decisión ha sido adoptada por unanimidad.

La Sala precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes, y que se detalla en la exposición razonada, al aforado, puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

En este sentido, los magistrados sostienen que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado.

Tal y como desveló EL MUNDO el pasado 15 de marzo, García Ortiz dio orden directa a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de distribuir desde su gabinete de comunicación una nota con todos los detalles del pacto de conformidad que el empresario Alberto González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.

La citada nota de prensa de la Fiscalía contenía en el encabezado «Fiscalía Provincial de Madrid. Nota informativa» y en la misma se explica el acuerdo que el letrado de la pareja de Ayuso -imputado por fraude fiscal y falsedad documental- estaba negociando con el Ministerio Fiscal. Del mismo, se quitó el membrete habitual de «Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Oficina de prensa» que llevan las notas distribuidas por este departamento tras la discrepancia interna entre el fiscal general y la fiscal superior, Almudena Lastra.

Ese comunicado de prensa fue durísimamente criticado por el Colegio de la Abogacía de Madrid por afectar al derecho de defensa de un particular, en este caso, la pareja de Ayuso. La Abogacía no dudó en querellarse contra García Ortiz por revelación de secretos.

En los whatsapps enviados por García Ortiz a Lastra, desvelados en exclusiva por EL MUNDO, el fiscal general dijo lo siguiente a Lastra: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla», en referencia a la nota.
 
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