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Para las naciones europeas que buscan formas de proteger a sus ciudadanos y empresas de los precios de la energía que se han disparado, España tiene un mensaje desalentador: no hay mucho que los gobiernos puedan hacer.
Después de meses de diseñar políticas para limitar el dolor de un aumento récord de los precios del gas y la electricidad en medio de la escasez de suministro, el presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, dio el jueves un giro de 180 grados, admitiendo efectivamente que las medidas estaban haciendo más daño que bien.
Aunque se trata de un caso extremo -España depende más de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas que la mayoría de los países de la Unión Europea-, la experiencia del país muestra lo que le espera a la región a medida que se aproxima a los meses más fríos del invierno, en los que se consume gas. Aunque la crisis energética se ha impuesto en la agenda de la cumbre de la UE del 21 y 22 de octubre, en la que se prevé que se aprueben medidas de emergencia para paliar su impacto, el caso de España muestra lo escaso de las herramientas para luchar contra la oleada.
"Por mucho que se eliminen los impuestos, los precios globales siguen subiendo, lo que hace que estas medidas sean inútiles y sólo se pierdan ingresos", afirma Juan Carlos Martínez, profesor de economía de la IE University de Madrid. "No hay mucho margen para que este u otros gobiernos luchen contra la subida de precios. Las cosas irán a peor. La electricidad parecerá una broma comparada con el gas cuando lleguemos al invierno".
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Sabiendo lo vulnerable que es, España comenzó su lucha para atemperar el impacto del repunte de los precios del gas natural y el suministro limitado ya en junio, poniendo en marcha recortes fiscales temporales para reducir las facturas de gas de los consumidores. Esto no impidió que los precios de la electricidad se dispararan un 11% en agosto y llevaran la inflación española a su nivel más alto en 13 años.
A mediados de septiembre, de vuelta de las vacaciones de verano, el gobierno se apresuró a poner en marcha un mosaico de políticas a través de un decreto ejecutivo que, entre otras cosas, imponía un impuesto extraordinario a las empresas de servicios públicos. Una vez más, los resultados fueron pésimos: las empresas de servicios públicos perdieron miles de millones en valor de mercado, mientras que los precios de la electricidad siguieron marcando récords diarios.
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Las mayores empresas energéticas españolas, Endesa SA, Iberdrola SA y Naturgy Energy Group SA, habían argumentado que gran parte de su energía se vende a través de contratos a largo plazo y debería estar exenta del impuesto sobre las ganancias inesperadas. En su defecto, enviaron cartas a sus clientes industriales informándoles de que los precios tendrían que ser revisados. Un fabricante de acero, Sidenor Aceros Especiales SL, anunció el lunes que dejaría de operar, alegando el aumento de los precios de la energía.
Las empresas de servicios públicos también dijeron que, antes del decreto de septiembre, el 75% de la demanda de energía del país tenía precios fijos. Dijeron que las medidas trasladarían el coste de la crisis a los consumidores que antes no se veían afectados.
Las implicaciones para la economía en general obligaron a Sánchez a dar marcha atrás a las medidas el jueves, diciendo que tendrían que ser fuertemente matizadas. Su ministra de tras*ición Ecológica, Teresa Ribera, que se ocupa de la energía, hizo un comentario similar. Tanto Ribera como Sánchez dijeron que las empresas de servicios públicos que ofrecen precios a los usuarios industriales en los mismos niveles que antes de la subida del precio del gas no se verían afectadas por los nuevos gravámenes.
Lo que es más grave, Ribera dijo el jueves en el Parlamento que las estimaciones realizadas por el Gobierno en septiembre ya estaban desfasadas y debían ser revisadas, lo que subraya las dificultades de intentar controlar una situación que se deriva de la dinámica global de la oferta y la demanda.
Es cierto que España es especialmente vulnerable a las fluctuaciones internacionales del precio del gas. No tiene gasoductos importantes que la conecten con el resto de Europa, por lo que tiene que depender de las importaciones del norte de África y de grandes cantidades de gas natural licuado. Cuando la demanda de GNL es alta en otras partes del mundo, como en Japón, compite en mercados ajustados.
Con unas importaciones que suponen alrededor del 75% de su energía, España ocupaba el quinto lugar entre las 40 naciones europeas rastreadas por Eurostat en 2019, antes de la crisis de el bichito. El país ocupa el segundo lugar en su dependencia entre las principales economías de la UE.
Aun así, todos los países intentan limitar los precios al usuario final.
"Aunque el choque tiene sus propias particularidades en cada país, el reto político al que se enfrentan otros gobiernos europeos es similar", afirma Antonio Barroso, director general de Teneo. "Los altos precios de la energía, ya sea del gas o de la electricidad, son extremadamente tóxicos desde el punto de vista político. El incentivo para adoptar medidas que protejan al máximo a los consumidores es bastante fuerte".
Los países de toda Europa están tratando de hacer frente a la subida de los precios de la energía de diferentes maneras: desde los topes de precios para las tarifas por defecto que protegen a 11 millones de personas en el Reino Unido y la quema de más petróleo en Suecia hasta los planes de pequeños reactores nucleares en Francia.
Por su parte, mientras España se esfuerza por hacer frente a la crisis, el gobierno de Madrid, muy pro-UE, ha encontrado a Bruselas en falta. Su propuesta de conseguir que el bloque haga compras conjuntas de suministros energéticos -no muy diferente a la adquisición conjunta de banderillas cobi19 por parte de la UE- no ha llegado a ninguna parte.
La UE ha demostrado de hecho que tiene un margen limitado para promulgar un plan conjunto que alivie el impacto de la crisis, algo que se ve dificultado por las diferentes fuentes de energía y los intereses estratégicos de los Estados miembros.
"Es muy difícil poner una tirita en el mercado energético", dijo Rob Barnett, analista de Bloomberg Intelligence.