as portavoces de la formación jovenlandesada en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso y Alejandra Jacinto, han acudido esta misma mañana a la calle Manuel Silvela número 4 de la capital para interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que tiene como objetivo que se inicie la investigación sobre la concesión del contrato a la empresa Priviet Sportive.
El contrato se nutrió con 1,5 millones de euros, siendo justificado para la compra de mascaras en abril del año 2020, durante la peor ola de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Fue adjudicado por la Comunidad de Madrid por la vía de emergencia -esto es, sin publicidad ni concurso público- a dicha empresa, de la que es administrador único un amigo del pueblo de la familia de Ayuso y por la que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una comisión de cerca de 286.000 euros en concepto de intermediación.
Un procedimiento que levanta sospechas de irregularidad hasta en Génova, sede de la dirección nacional del Partido Popular –a los que Ayuso acusa de haber orquestado una trama de espionaje con dinero público–, llegando a hablar de un posible delito de tráfico de influencias.
“Hemos venido a Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia para que se investigue la concesión del contrato a la empresa Priviet Sportive, propiedad del amigo de Ayuso”, informa Alonso para este diario, “y en calidad de qué cobró el hermano de Ayuso 280.000 euros por intermediar en dicho contrato”.
EN LA DENUNCIA RATIFICAN QUE LA EMPRESA "NO SE DEDICA A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL MÉDICO"
El escrito de la denuncia destaca que la empresa citada "no se dedica a la producción de material médico", siendo su actividad oficial la de “cultivos no perennes”.
Asimismo, apuntan a que el precio unitario de las mascaras adquiridas era "superior a los 6 €" algo que, alegan, se encontraba "muy por encima, incluso, de los precios del mercado minorista".
Como añadido, según afirma la portavoz jovenlandesada, esta acción la completan con una investigación en sede parlamentaria, habiendo registrado en la Asamblea de Madrid las “comparecencias del amigo y hermano de Ayuso, de los consejeros implicados y de la propia presidenta”, acciones que se añaden a la petición de apertura de una comisión de investigación firmada por todos los partidos de oposición que esclarezca los hechos.
El contrato se nutrió con 1,5 millones de euros, siendo justificado para la compra de mascaras en abril del año 2020, durante la peor ola de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Fue adjudicado por la Comunidad de Madrid por la vía de emergencia -esto es, sin publicidad ni concurso público- a dicha empresa, de la que es administrador único un amigo del pueblo de la familia de Ayuso y por la que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una comisión de cerca de 286.000 euros en concepto de intermediación.
Un procedimiento que levanta sospechas de irregularidad hasta en Génova, sede de la dirección nacional del Partido Popular –a los que Ayuso acusa de haber orquestado una trama de espionaje con dinero público–, llegando a hablar de un posible delito de tráfico de influencias.
“Hemos venido a Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia para que se investigue la concesión del contrato a la empresa Priviet Sportive, propiedad del amigo de Ayuso”, informa Alonso para este diario, “y en calidad de qué cobró el hermano de Ayuso 280.000 euros por intermediar en dicho contrato”.
EN LA DENUNCIA RATIFICAN QUE LA EMPRESA "NO SE DEDICA A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL MÉDICO"
El escrito de la denuncia destaca que la empresa citada "no se dedica a la producción de material médico", siendo su actividad oficial la de “cultivos no perennes”.
Asimismo, apuntan a que el precio unitario de las mascaras adquiridas era "superior a los 6 €" algo que, alegan, se encontraba "muy por encima, incluso, de los precios del mercado minorista".
Como añadido, según afirma la portavoz jovenlandesada, esta acción la completan con una investigación en sede parlamentaria, habiendo registrado en la Asamblea de Madrid las “comparecencias del amigo y hermano de Ayuso, de los consejeros implicados y de la propia presidenta”, acciones que se añaden a la petición de apertura de una comisión de investigación firmada por todos los partidos de oposición que esclarezca los hechos.
