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Será en Octubre
«No soy una persona que quiera vivir de ayudas, necesito apoyo en este momento para no hundirme más en la miseria»
C. PORTEIROREDACCIÓN / LA VOZ
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PACO RODRÍGUEZ
Esta gallega, perceptora del ingreso mínimo vital y a cargo de dos niños, ha visto rebajada a la mitad la ayuda sin explicaciones
13 abr 2023. Actualizado a las 15:26 h.
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Carmen no quiere revelar su nombre real. Esta mujer gallega, progenitora soltera con dos niños, tenía la vida resuelta, hasta que llegó la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. De la noche a la mañana, se vio obligada a bajar la persiana de su negocio. Ni siquiera los créditos ICO pudieron reflotarlo. Ahora forma parte de los 77.551 beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) en la comunidad. Como muchos, ella también se las ha visto y deseado en los trámites con la Seguridad Social.
En un primer momento le asignaron una cuantía menor a la que le correspondía. Después de reclamar, le ingresaron unos 4.000 euros de golpe. Ese ingreso retroactivo, fruto de un error de la propia Administración, le computó como renta en el ejercicio siguiente, perdiendo ayudas a las que tenía derecho. Y no solo eso. En noviembre del año pasado, al hacer la revisión anual, la Seguridad Social decidió rebajarle la cuantía del IMV a la mitad. ¿Por qué? Todavía no lo sabe. Ha tratado de averiguarlo y obtener respuesta, sin éxito. «Llamas y el teléfono del IMV es inviable. No contesta nadie. Me propusieron ir a Hacienda y allí una chica me dijo que podía ser por la prestación que me dieron para el negocio. Lo dedujo, pero no lo saben», denuncia. Y lo cierto es que los préstamos no tributan como ingresos, puesto que hay que devolverlos.
Las cosas desde entonces solo han ido a peor para ella porque desde el 3 de marzo se encuentra desempleada. «Me quedan cuatro meses de paro. Tengo que recurrir a Cáritas y Cruz Roja porque no me llega el dinero para comer. Y tengo encima el crédito del ICO. Me están reclamando las cuotas. Iba pagando, pero desde que estoy en el paro ya no me da y estoy entrando en jovenlandesesidad», explica angustiada. Nunca en sus más de 20 años de vida laboral pensó que se vería en esta situación. Con dos niños y viviendo en un pueblo, donde la oferta laboral es más limitada, es tremendamente complejo: «Estoy buscando otro trabajo. Sé que lo encontraré antes o después, pero el problema es que mientras tanto, te ves ahogada», explica. Se encuentra tan desbordada y desprotegida que ha desarrollado problemas de salud mental. Su progenitora, con una pensión de 600 euros, le ha prestado 250 para pagar facturas. Aun así, llevan semanas con un flexo en la cocina porque no puede pagar a un electricista y los servicios sociales le han tenido que pagar sus gafas graduadas, de 500 euros.
La Seguridad Social no tendrá en cuenta que Carmen ha perdido el empleo hasta el próximo mes de noviembre. Hasta entonces, no le actualizará la prestación, cuando la ayuda la necesita de inmediato: «Tengo en la cartera 1,8 euros. Mañana tienen los niños un torneo de fútbol y no tengo dinero para la gasolina. ¿Cómo les explicas esto? Es horrible», señala con impotencia. Se le quiebra la voz al hablar del día a día: «Yo no entendía lo que era la exclusión social. Ahora sí. Mis amigos quedarán para tomar unas hamburguesas con los niños y no puedo ir porque no tengo para pagarlas. No podemos hacer vida social y ni siquiera son conscientes de lo que pasa».
No puede evitar sentir vergüenza cuando pide comida o cuando algún conocido le tramita una ayuda: «Es humillante, te va minando [...] Te das cuenta de que algo va mal cuando una persona como yo, trabajando toda la vida, perfectamente integrada, se ve así. No soy una persona que quiera vivir de ayudas. Necesito apoyo en este momento para no hundirme más en la miseria», clama, consciente de que el sistema le ha fallado.
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PACO RODRÍGUEZ
Esta gallega, perceptora del ingreso mínimo vital y a cargo de dos niños, ha visto rebajada a la mitad la ayuda sin explicaciones
13 abr 2023. Actualizado a las 15:26 h.
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Carmen no quiere revelar su nombre real. Esta mujer gallega, progenitora soltera con dos niños, tenía la vida resuelta, hasta que llegó la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. De la noche a la mañana, se vio obligada a bajar la persiana de su negocio. Ni siquiera los créditos ICO pudieron reflotarlo. Ahora forma parte de los 77.551 beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) en la comunidad. Como muchos, ella también se las ha visto y deseado en los trámites con la Seguridad Social.
En un primer momento le asignaron una cuantía menor a la que le correspondía. Después de reclamar, le ingresaron unos 4.000 euros de golpe. Ese ingreso retroactivo, fruto de un error de la propia Administración, le computó como renta en el ejercicio siguiente, perdiendo ayudas a las que tenía derecho. Y no solo eso. En noviembre del año pasado, al hacer la revisión anual, la Seguridad Social decidió rebajarle la cuantía del IMV a la mitad. ¿Por qué? Todavía no lo sabe. Ha tratado de averiguarlo y obtener respuesta, sin éxito. «Llamas y el teléfono del IMV es inviable. No contesta nadie. Me propusieron ir a Hacienda y allí una chica me dijo que podía ser por la prestación que me dieron para el negocio. Lo dedujo, pero no lo saben», denuncia. Y lo cierto es que los préstamos no tributan como ingresos, puesto que hay que devolverlos.
Las cosas desde entonces solo han ido a peor para ella porque desde el 3 de marzo se encuentra desempleada. «Me quedan cuatro meses de paro. Tengo que recurrir a Cáritas y Cruz Roja porque no me llega el dinero para comer. Y tengo encima el crédito del ICO. Me están reclamando las cuotas. Iba pagando, pero desde que estoy en el paro ya no me da y estoy entrando en jovenlandesesidad», explica angustiada. Nunca en sus más de 20 años de vida laboral pensó que se vería en esta situación. Con dos niños y viviendo en un pueblo, donde la oferta laboral es más limitada, es tremendamente complejo: «Estoy buscando otro trabajo. Sé que lo encontraré antes o después, pero el problema es que mientras tanto, te ves ahogada», explica. Se encuentra tan desbordada y desprotegida que ha desarrollado problemas de salud mental. Su progenitora, con una pensión de 600 euros, le ha prestado 250 para pagar facturas. Aun así, llevan semanas con un flexo en la cocina porque no puede pagar a un electricista y los servicios sociales le han tenido que pagar sus gafas graduadas, de 500 euros.
La Seguridad Social no tendrá en cuenta que Carmen ha perdido el empleo hasta el próximo mes de noviembre. Hasta entonces, no le actualizará la prestación, cuando la ayuda la necesita de inmediato: «Tengo en la cartera 1,8 euros. Mañana tienen los niños un torneo de fútbol y no tengo dinero para la gasolina. ¿Cómo les explicas esto? Es horrible», señala con impotencia. Se le quiebra la voz al hablar del día a día: «Yo no entendía lo que era la exclusión social. Ahora sí. Mis amigos quedarán para tomar unas hamburguesas con los niños y no puedo ir porque no tengo para pagarlas. No podemos hacer vida social y ni siquiera son conscientes de lo que pasa».
No puede evitar sentir vergüenza cuando pide comida o cuando algún conocido le tramita una ayuda: «Es humillante, te va minando [...] Te das cuenta de que algo va mal cuando una persona como yo, trabajando toda la vida, perfectamente integrada, se ve así. No soy una persona que quiera vivir de ayudas. Necesito apoyo en este momento para no hundirme más en la miseria», clama, consciente de que el sistema le ha fallado.
