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SEGURIDAD SOCIAL / UNA UNIDAD CONTRA EL FRAUDE
UN SORDO QUE DA CLASES DE MUSICA
UN CIEGO que conduce, una tetrapléjica que pasea... La red destapada en Cádiz es sólo la punta del iceberg. En España podría haber 124.000 pensiones por incapacidad fraudulentas. Son el objetivo de Caldera y de sus nuevos «médicos policías»
PEPE CONTRERAS / ANA MARIA ORTIZ
Entre los casos manipulados por la red gaditana dedicada a facilitar pensiones por incapacidad a cambio de unos 24.000 euros está el de una abuelita a la que su hija quiso regalarle una buena paga de por vida. Como la anciana en cuestión no estaba físicamente lo suficientemente deteriorada como para acceder a una incapacidad total, un amigo le sugirió a la generosa hija un cambio. ¿Qué te parece si en lugar de mandar a tu progenitora a la revisión médica enviamos a una conocida mía de similar porte y edad pero mucho más achacosa? La suplantadora pasó con nota el examen de incapacidad y hace tiempo que la pensión fue aprobada sin que la beneficiaria haya tenido siquiera que moverse de casa.
Aunque el caso está bajo secreto de sumario, este expediente, uno de los más llamativos de los destapados, evidencia que el servicio de concesión de pensiones de la Seguridad Social andaluza ha sido un goloso coladero que parece reproducirse en toda España: tetrapléjicas que pasean por la playa, ciegos que conducen a 140 kilómetros por hora, sordos que dan clases de música... Se calcula que en nuestro país 124.000 personas podrían estar cobrando por incapacidad sin que les corresponda. De hecho, la sospecha del fraude a la Seguridad Social ha llevado al Ministerio de Trabajo a poner en marcha una unidad especial dedicada a atajar estafas como las de Cádiz.
Las risas que no reprimen quienes escuchan el caso de la abuela suplantada, contado por un miembro de la investigación, manifiestan que quienes se dedican a desenmascarar a los defraudadores tienen razón. Los timadores son multitud en parte porque el subconsciente colectivo más que reprobar hechos como los Cádiz elogia la picaresca del estafador. Se le ríe la hazaña.
-Cádiz no es ni más ni menos que otras provincias en España.Engañar al Estado es un deporte nacional pero lo que no se esperaba más de uno y una es que por arreglarle una pensión a su progenitora iba a terminar dando con sus huesos en el calabozo del cuartel, refrenda un agente de la Guardia Civil quien, a las tres de la madrugada del domingo, esperaba apostado frente a los juzgados de Jerez de la Frontera (Cádiz) la salida de María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique.
A la mañana siguiente, la prensa jerezana publicaba una imagen de Pascual, un conocido fotógrafo local, en la que se veía a María José Campanario saliendo del cuartel. Junto a ella, un cartel con la leyenda «el honor es la principal divisa» y la bandera española como fondo. La supuesta participación de una famosa en la trama, enfermera de profesión, le ha dado al caso un eco nacional que probablemente no hubiera tenido de no estar ella.
Pero aunque los focos mediáticos se centren en la esposa del torero, en libertad tras pagar 12.000 euros de fianza, los de la investigación alumbran a otros. Concretamente a Carlos Carretero, ex jefe de la policía local de Ubrique (Cádiz) y presunto cabecilla de la estafa. La policía lo investigaba por fraude fiscal -se le acusa de crear empresas pantallas, algunas a nombres de indigentes, para emitir facturas falsas de IVA- cuando se topó con los falsos certificados médicos. El total de fraude presuntamente orquestado por Carlos Carreteros supera ya los 40 millones de euros. El ex jefe de policía fue ya condenado por el Tribunal Supremo por un delito de torturas y no es la única mancha en su expediente: suspensiones de empleo y sueldo, una inhabilitación, denuncia por delito de falsificación de documento público...
El ex policía y el inspector médico Francisco Casto son los únicos de los 10 detenidos inicialmente que permanecen en prisión. Casto, miembro de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades, era uno de los encargados últimos de dar el visto bueno a las bajas laborales e incapacidades de toda la provincia y pieza clave, por lo tanto, en la red.
62 VIGILANTES
Una red que, probablemente, hubiera estado atada de manos de funcionar ya en Cádiz la unidad especial para combatir el fraude en las bajas laborales que ha comenzado a poner en marcha la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y que dicen es un empeño personal del ministro Jesús Caldera.
Se tratará de un cuerpo de inspectores médicos -insobornables- que tendrán la última palabra a la hora de incapacitar permanentemente a un enfermo y conducirlo, por tanto, al cobro de una pensión.En concreto, serán 62 vigilantes contra el fraude para todo el territorio nacional que citarán a los enfermos incapacitados temporalmente para decidir si se prorroga su situación, si se les da el alta médica o se les incapacita de por vida. Sólo ellos podrán hacerlo.
El sistema arrancó hace poco más de dos meses, como proyecto piloto, en la provincias de Avila, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora y en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero de momento no existen informes que valoren su eficacia inspectora.En cualquier caso, entre las misiones de esta unidad no está revisar los incapacitados con anterioridad, lo que podría descubrir a otros muchos enfermos de mentira.
La puesta en marcha de este equipo de elite y la creación en 2004 de una subdirección específica dedicada a luchar contra el fraude a la Seguridad Social han sido las reacciones del Ministerio de Trabajo ante las sospechas fundadas de que el timo está más generalizado de lo que se piensa. No sólo porque entre 2001 y 2004 el gasto del Estado en el apartado de incapacidad temporal [el paso previo a la incapacidad permanente y cuya duración es de un máximo de 18 meses] creciera incomprensiblemente un 30%.La factura de 2004 fue de 3.000 millones de euros.
Había una prueba mucho más práctica de que la estafa campaba a sus anchas. Cuando en 2004 funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) citaron telefónicamente a 80.000 trabajadores de baja para hacerles una revisión médica, 20.000 de ellos (el 25%) se dieron inmediatamente de alta sin esperar siquiera a que el médico examinara su estado. Una recuperación milagrosa.
Todas las bajas que ha tramitado el inspector médico Francisco Casto en los últimos años van a ser revisadas una a una. En Cádiz ha sorprendido mucho que se le involucre en la trama. Le llaman el ogro por su mal humor pero también por el extremado rigor con el que tiene fama de llevar sus expedientes. De hecho, el inspector Casto fue uno de los más críticos con el conocido como «episodio de los sordos de los astilleros».
La historia, que acabó inmortalizada en las letras del carnaval de Cádiz, se desarrolló a finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con los últimos coletazos de la reconversión naval. Y aunque oficialmente siempre se negó que se estuvieran llevando a cabo reducciones de plantilla en el sector naval, lo cierto el número de trabajadores de los astilleros disminuía a la misma velocidad a la que crecía el colectivo de sordos en la provincia.
LOS SORDOS DE CADIZ
La realidad, se sospecha, es que la sordera fue un recurrente argumento para aligerar la plantilla del sector naval y garantizarles a los jubilados una pensión digna. Hasta los técnicos en audiología dicen que demostrar que una persona ha perdido el oído no es tan fácil.
Un veterano abogado gaditano recuerda que en algunos de los juicios por el pago de las pensiones por invalidez, los magistrados tiraban monedas al suelo que los sordos que no se habían preparado bien el papel recogían diligentes guiados por el ruido. «Tome usted señor juez». En realidad, cuentan, fueron muy pocos los que picaron el anzuelo de la moneda rodante y perdieron la pensión por incapacidad permanente.
En mayo de 2005, última fecha en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social facilitó datos, en España había 827.230 personas cobrando una pensión por incapacidad permanente (un 2% más que el año anterior). Con 700,38 euros de media es la pensión de más cuantía de todas (13 euros más que la media de jubilación y 244 más que la de viudedad) y en 2005 costó al Estado un total de 579 millones de euros. Si el estudio realizado por Ibermutuamur en 2002, que cifraba en un 15% el número de incapacidades fraudulentas, estaba en lo cierto, actualmente podría haber 124.000 personas cobrando una pensión que legalmente no les corresponde.
Mariano Paradell ha evitado que otros muchos pasen a engrosar la nómina de pensionistas. Director de Paradell detectives, tiene casi 100 investigadores en nómina y lleva 17 años desenmascarando enfermos imaginarios por encargo de mutuas y compañías de seguros.Pese a la experiencia, hay casos que siguen sorprendiéndole.Hace aproximadamente un año, por ejemplo, le encargaron el seguimiento de una tetrapléjica valenciana para evaluar cuál era su calidad de vida tras el accidente de tráfico que sufrió yendo a trabajar.La compañía de seguro la había indemnizado con 360.000 euros y la mutua que tenía contratada su empresa con otro tanto. Estaba pendiente de que la evaluaran y le concedieran la pensión por incapacidad. En el vídeo que los detectives presentaron a la mutua la tetrapléjica aparecía en biquini, paseando por la playa y con su hijo en brazos. De la silla de ruedas, ni rastro.
A otro andaluz de 28 años lo pillaron haciendo surf. Y tienen documentado también el caso de un ciego retratado por el radar de tráfico cuando circulaba a 140 kilómetros por hora. «Son casos extremos», dice, «lo normal es la exageración de los síntomas.El chico que cojea un poquito y se presenta a la revisión médica con dos muletas y sujetado por un par de familiares». El 50% de las incapacidades que investiga son falsas y asegura que por cada euro que invierten las mutuas en investigación privada para detectar los fraudes se ahorran 40 en indemnizaciones.
Uno de los casos que investiga actualmente su equipo está relacionado con la trama de Cádiz, cuyas dimensiones verdaderas y la implicación de cada uno de los detenidos -María José Campanario incluida- se aclararán cuando se levante el secreto de sumario el próximo día 23.
El desmantelamiento de la red hubiera sido una bonita medalla en la solapa del cuerpo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social justo este 2006 cuando se cumple el centenario de su creación, pero ha sido la Guardia Civil quien ha desorquestado una estafa con jovenlandesaleja. Porque para muchos, este caso, como sucedió con la evasión fiscal cuando Hacienda le pidió cuentas a Lola Flores, podría servir de escarmiento para futuros aspirantes a una cómoda pensión por incapacidad.
- EL MUNDO | Suplemento cronica 546 - UN SORDO QUE DA CLASES DE MUSICA
UN SORDO QUE DA CLASES DE MUSICA
UN CIEGO que conduce, una tetrapléjica que pasea... La red destapada en Cádiz es sólo la punta del iceberg. En España podría haber 124.000 pensiones por incapacidad fraudulentas. Son el objetivo de Caldera y de sus nuevos «médicos policías»
PEPE CONTRERAS / ANA MARIA ORTIZ
Entre los casos manipulados por la red gaditana dedicada a facilitar pensiones por incapacidad a cambio de unos 24.000 euros está el de una abuelita a la que su hija quiso regalarle una buena paga de por vida. Como la anciana en cuestión no estaba físicamente lo suficientemente deteriorada como para acceder a una incapacidad total, un amigo le sugirió a la generosa hija un cambio. ¿Qué te parece si en lugar de mandar a tu progenitora a la revisión médica enviamos a una conocida mía de similar porte y edad pero mucho más achacosa? La suplantadora pasó con nota el examen de incapacidad y hace tiempo que la pensión fue aprobada sin que la beneficiaria haya tenido siquiera que moverse de casa.
Aunque el caso está bajo secreto de sumario, este expediente, uno de los más llamativos de los destapados, evidencia que el servicio de concesión de pensiones de la Seguridad Social andaluza ha sido un goloso coladero que parece reproducirse en toda España: tetrapléjicas que pasean por la playa, ciegos que conducen a 140 kilómetros por hora, sordos que dan clases de música... Se calcula que en nuestro país 124.000 personas podrían estar cobrando por incapacidad sin que les corresponda. De hecho, la sospecha del fraude a la Seguridad Social ha llevado al Ministerio de Trabajo a poner en marcha una unidad especial dedicada a atajar estafas como las de Cádiz.
Las risas que no reprimen quienes escuchan el caso de la abuela suplantada, contado por un miembro de la investigación, manifiestan que quienes se dedican a desenmascarar a los defraudadores tienen razón. Los timadores son multitud en parte porque el subconsciente colectivo más que reprobar hechos como los Cádiz elogia la picaresca del estafador. Se le ríe la hazaña.
-Cádiz no es ni más ni menos que otras provincias en España.Engañar al Estado es un deporte nacional pero lo que no se esperaba más de uno y una es que por arreglarle una pensión a su progenitora iba a terminar dando con sus huesos en el calabozo del cuartel, refrenda un agente de la Guardia Civil quien, a las tres de la madrugada del domingo, esperaba apostado frente a los juzgados de Jerez de la Frontera (Cádiz) la salida de María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique.
A la mañana siguiente, la prensa jerezana publicaba una imagen de Pascual, un conocido fotógrafo local, en la que se veía a María José Campanario saliendo del cuartel. Junto a ella, un cartel con la leyenda «el honor es la principal divisa» y la bandera española como fondo. La supuesta participación de una famosa en la trama, enfermera de profesión, le ha dado al caso un eco nacional que probablemente no hubiera tenido de no estar ella.
Pero aunque los focos mediáticos se centren en la esposa del torero, en libertad tras pagar 12.000 euros de fianza, los de la investigación alumbran a otros. Concretamente a Carlos Carretero, ex jefe de la policía local de Ubrique (Cádiz) y presunto cabecilla de la estafa. La policía lo investigaba por fraude fiscal -se le acusa de crear empresas pantallas, algunas a nombres de indigentes, para emitir facturas falsas de IVA- cuando se topó con los falsos certificados médicos. El total de fraude presuntamente orquestado por Carlos Carreteros supera ya los 40 millones de euros. El ex jefe de policía fue ya condenado por el Tribunal Supremo por un delito de torturas y no es la única mancha en su expediente: suspensiones de empleo y sueldo, una inhabilitación, denuncia por delito de falsificación de documento público...
El ex policía y el inspector médico Francisco Casto son los únicos de los 10 detenidos inicialmente que permanecen en prisión. Casto, miembro de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades, era uno de los encargados últimos de dar el visto bueno a las bajas laborales e incapacidades de toda la provincia y pieza clave, por lo tanto, en la red.
62 VIGILANTES
Una red que, probablemente, hubiera estado atada de manos de funcionar ya en Cádiz la unidad especial para combatir el fraude en las bajas laborales que ha comenzado a poner en marcha la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y que dicen es un empeño personal del ministro Jesús Caldera.
Se tratará de un cuerpo de inspectores médicos -insobornables- que tendrán la última palabra a la hora de incapacitar permanentemente a un enfermo y conducirlo, por tanto, al cobro de una pensión.En concreto, serán 62 vigilantes contra el fraude para todo el territorio nacional que citarán a los enfermos incapacitados temporalmente para decidir si se prorroga su situación, si se les da el alta médica o se les incapacita de por vida. Sólo ellos podrán hacerlo.
El sistema arrancó hace poco más de dos meses, como proyecto piloto, en la provincias de Avila, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora y en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero de momento no existen informes que valoren su eficacia inspectora.En cualquier caso, entre las misiones de esta unidad no está revisar los incapacitados con anterioridad, lo que podría descubrir a otros muchos enfermos de mentira.
La puesta en marcha de este equipo de elite y la creación en 2004 de una subdirección específica dedicada a luchar contra el fraude a la Seguridad Social han sido las reacciones del Ministerio de Trabajo ante las sospechas fundadas de que el timo está más generalizado de lo que se piensa. No sólo porque entre 2001 y 2004 el gasto del Estado en el apartado de incapacidad temporal [el paso previo a la incapacidad permanente y cuya duración es de un máximo de 18 meses] creciera incomprensiblemente un 30%.La factura de 2004 fue de 3.000 millones de euros.
Había una prueba mucho más práctica de que la estafa campaba a sus anchas. Cuando en 2004 funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) citaron telefónicamente a 80.000 trabajadores de baja para hacerles una revisión médica, 20.000 de ellos (el 25%) se dieron inmediatamente de alta sin esperar siquiera a que el médico examinara su estado. Una recuperación milagrosa.
Todas las bajas que ha tramitado el inspector médico Francisco Casto en los últimos años van a ser revisadas una a una. En Cádiz ha sorprendido mucho que se le involucre en la trama. Le llaman el ogro por su mal humor pero también por el extremado rigor con el que tiene fama de llevar sus expedientes. De hecho, el inspector Casto fue uno de los más críticos con el conocido como «episodio de los sordos de los astilleros».
La historia, que acabó inmortalizada en las letras del carnaval de Cádiz, se desarrolló a finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con los últimos coletazos de la reconversión naval. Y aunque oficialmente siempre se negó que se estuvieran llevando a cabo reducciones de plantilla en el sector naval, lo cierto el número de trabajadores de los astilleros disminuía a la misma velocidad a la que crecía el colectivo de sordos en la provincia.
LOS SORDOS DE CADIZ
La realidad, se sospecha, es que la sordera fue un recurrente argumento para aligerar la plantilla del sector naval y garantizarles a los jubilados una pensión digna. Hasta los técnicos en audiología dicen que demostrar que una persona ha perdido el oído no es tan fácil.
Un veterano abogado gaditano recuerda que en algunos de los juicios por el pago de las pensiones por invalidez, los magistrados tiraban monedas al suelo que los sordos que no se habían preparado bien el papel recogían diligentes guiados por el ruido. «Tome usted señor juez». En realidad, cuentan, fueron muy pocos los que picaron el anzuelo de la moneda rodante y perdieron la pensión por incapacidad permanente.
En mayo de 2005, última fecha en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social facilitó datos, en España había 827.230 personas cobrando una pensión por incapacidad permanente (un 2% más que el año anterior). Con 700,38 euros de media es la pensión de más cuantía de todas (13 euros más que la media de jubilación y 244 más que la de viudedad) y en 2005 costó al Estado un total de 579 millones de euros. Si el estudio realizado por Ibermutuamur en 2002, que cifraba en un 15% el número de incapacidades fraudulentas, estaba en lo cierto, actualmente podría haber 124.000 personas cobrando una pensión que legalmente no les corresponde.
Mariano Paradell ha evitado que otros muchos pasen a engrosar la nómina de pensionistas. Director de Paradell detectives, tiene casi 100 investigadores en nómina y lleva 17 años desenmascarando enfermos imaginarios por encargo de mutuas y compañías de seguros.Pese a la experiencia, hay casos que siguen sorprendiéndole.Hace aproximadamente un año, por ejemplo, le encargaron el seguimiento de una tetrapléjica valenciana para evaluar cuál era su calidad de vida tras el accidente de tráfico que sufrió yendo a trabajar.La compañía de seguro la había indemnizado con 360.000 euros y la mutua que tenía contratada su empresa con otro tanto. Estaba pendiente de que la evaluaran y le concedieran la pensión por incapacidad. En el vídeo que los detectives presentaron a la mutua la tetrapléjica aparecía en biquini, paseando por la playa y con su hijo en brazos. De la silla de ruedas, ni rastro.
A otro andaluz de 28 años lo pillaron haciendo surf. Y tienen documentado también el caso de un ciego retratado por el radar de tráfico cuando circulaba a 140 kilómetros por hora. «Son casos extremos», dice, «lo normal es la exageración de los síntomas.El chico que cojea un poquito y se presenta a la revisión médica con dos muletas y sujetado por un par de familiares». El 50% de las incapacidades que investiga son falsas y asegura que por cada euro que invierten las mutuas en investigación privada para detectar los fraudes se ahorran 40 en indemnizaciones.
Uno de los casos que investiga actualmente su equipo está relacionado con la trama de Cádiz, cuyas dimensiones verdaderas y la implicación de cada uno de los detenidos -María José Campanario incluida- se aclararán cuando se levante el secreto de sumario el próximo día 23.
El desmantelamiento de la red hubiera sido una bonita medalla en la solapa del cuerpo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social justo este 2006 cuando se cumple el centenario de su creación, pero ha sido la Guardia Civil quien ha desorquestado una estafa con jovenlandesaleja. Porque para muchos, este caso, como sucedió con la evasión fiscal cuando Hacienda le pidió cuentas a Lola Flores, podría servir de escarmiento para futuros aspirantes a una cómoda pensión por incapacidad.
- EL MUNDO | Suplemento cronica 546 - UN SORDO QUE DA CLASES DE MUSICA
