ElBillet
Madmaxista
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Un peluquero argelino que reside en la Costa Azul francesa cobra 123.000 euros desde 2014 de las ayudas vascas
Una investigación de la Policía Nacional descubre otro fraude en el cobro en el Servicio Vasco de Empleo. Un senegalés llegó a percibir un millón de euros
Un ciudadano argelino que vivía en la localidad francesa de Èvenos 8Costa Azul francesa) ha percibido al menos 123.000 euros en ayudas sociales vascas desde 2014 al estar empadronado irregularmente en Vitoria. El individuo, peluquero de profesión, cobraba además ayudas sociales también en Francia. Su detención e imputación por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social la ha realizado la Policía Nacional. Hace exactamente un año, agentes de la Brigada de Extranjería detuvieron a un ciudadano senegalés que llegó a cobrar más de un millón de euros de forma irregular de las ayudas del Gobierno de Urkullu.
La Policía Nacional ha logrado abortar un nuevo fraude en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PVC). El peluquero argelino acumuló estas prestaciones y las cobró durante casi una década aunque la Policía Nacional sólo le puede imputar por el cobro de 90.000 euros a partir de tener documentada la fecha en la que tenía registrada su residencia en Francia.
El fraude utilizado por el detenido reproduce el 'modus operandi' de otros ciudadanos extranjeros que obtienen con empadronamientos irregulares la concesión de estas ayudas que no tienen límite en su cobro, con controles blandos y que no son investigados por la Ertzaintza ni siquiera cuando son comunicados por los empleados del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide como ocurrió con el senegalés del fraude del millón de euros.
La Policía Nacional detectó que el ciudadano argelino residía en la localidad de Èvenos, situada entre Marsella y Mónaco, a partir de una alerta dada por la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Un extraño inicio de la investigación que ni la Delegación del Gobierno central en Euskadi ni la Policía Nacional han aclarado. El peluquero residía a casi 1.000 kilómetros de Vitoria, donde estaba empadronado, y algún presunto cómplice se encargó de recoger las notificaciones presuntamente enviadas por el Servicio Vasco de Empleo. Desde el Gobierno vasco no se ha aclarado cómo pudo mantenerse un fraude desde 2014 hasta el pasado mes de mayo ni si al menos se ha abierto una investigación abierta sobre el caso.
El defraudador fue detenido cuando acudió voluntariamente a una cita comunicada por el Gobierno vasco para advertirle de su situación. Cuando se presentó en las oficinas de Lanbide al tener suspendida la ayuda fue detenido por la Policía Nacional.
Este nuevo fraude en el cobro de las ayudas sociales vascas se hace público seis meses después de que entrara en vigor una nueva norma que no limita el tiempo para su cobro y que, presuntamente, aumenta los controles para su cobro. El Departamento de Trabajo liderado por la vicelehendakari Idoia Mendia (PSOE) ultima un reglamento para minimizar estos fraudes que casi siempre son detectados por la Policía Nacional.
De hecho, la Ertzaintza contaba con un comisario que ejercía de enlace con el Servicio Vasco de Empleo pero que cuando se detectaron los primeros indicios del fraude del senegalés del millón de euros desestimó investigar de oficio. En la actualidad, ni siquiera se ha nombrado a un comisario para estas funciones tras una jubilación. Tampoco se ha actualizado el convenio de colaboración entre la Ertzaintza y el Departamento de Trabajo pese a que se pretendía mejorarlo tras los fallos detectados en el caso del senegalés millonario.
En Lanbide, los trabajadores dan por sentado que a la dirección política le incomoda la persecución de los cobros irregulares. En la actualidad, cualquier sospecha detectada por un trabajador debe ser comunicada a los servicios jurídicos de Lanbide que serán los encargados de tramitar la denuncia ante la Fiscalía. El control político de los servicios jurídicos se ha convertido desde hace meses en el tapón para desvelar la existencia de fraudes o para ocultarla.
Una investigación de la Policía Nacional descubre otro fraude en el cobro en el Servicio Vasco de Empleo. Un senegalés llegó a percibir un millón de euros
Un ciudadano argelino que vivía en la localidad francesa de Èvenos 8Costa Azul francesa) ha percibido al menos 123.000 euros en ayudas sociales vascas desde 2014 al estar empadronado irregularmente en Vitoria. El individuo, peluquero de profesión, cobraba además ayudas sociales también en Francia. Su detención e imputación por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social la ha realizado la Policía Nacional. Hace exactamente un año, agentes de la Brigada de Extranjería detuvieron a un ciudadano senegalés que llegó a cobrar más de un millón de euros de forma irregular de las ayudas del Gobierno de Urkullu.
La Policía Nacional ha logrado abortar un nuevo fraude en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PVC). El peluquero argelino acumuló estas prestaciones y las cobró durante casi una década aunque la Policía Nacional sólo le puede imputar por el cobro de 90.000 euros a partir de tener documentada la fecha en la que tenía registrada su residencia en Francia.
El fraude utilizado por el detenido reproduce el 'modus operandi' de otros ciudadanos extranjeros que obtienen con empadronamientos irregulares la concesión de estas ayudas que no tienen límite en su cobro, con controles blandos y que no son investigados por la Ertzaintza ni siquiera cuando son comunicados por los empleados del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide como ocurrió con el senegalés del fraude del millón de euros.
La Policía Nacional detectó que el ciudadano argelino residía en la localidad de Èvenos, situada entre Marsella y Mónaco, a partir de una alerta dada por la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Un extraño inicio de la investigación que ni la Delegación del Gobierno central en Euskadi ni la Policía Nacional han aclarado. El peluquero residía a casi 1.000 kilómetros de Vitoria, donde estaba empadronado, y algún presunto cómplice se encargó de recoger las notificaciones presuntamente enviadas por el Servicio Vasco de Empleo. Desde el Gobierno vasco no se ha aclarado cómo pudo mantenerse un fraude desde 2014 hasta el pasado mes de mayo ni si al menos se ha abierto una investigación abierta sobre el caso.
El defraudador fue detenido cuando acudió voluntariamente a una cita comunicada por el Gobierno vasco para advertirle de su situación. Cuando se presentó en las oficinas de Lanbide al tener suspendida la ayuda fue detenido por la Policía Nacional.
Este nuevo fraude en el cobro de las ayudas sociales vascas se hace público seis meses después de que entrara en vigor una nueva norma que no limita el tiempo para su cobro y que, presuntamente, aumenta los controles para su cobro. El Departamento de Trabajo liderado por la vicelehendakari Idoia Mendia (PSOE) ultima un reglamento para minimizar estos fraudes que casi siempre son detectados por la Policía Nacional.
De hecho, la Ertzaintza contaba con un comisario que ejercía de enlace con el Servicio Vasco de Empleo pero que cuando se detectaron los primeros indicios del fraude del senegalés del millón de euros desestimó investigar de oficio. En la actualidad, ni siquiera se ha nombrado a un comisario para estas funciones tras una jubilación. Tampoco se ha actualizado el convenio de colaboración entre la Ertzaintza y el Departamento de Trabajo pese a que se pretendía mejorarlo tras los fallos detectados en el caso del senegalés millonario.
En Lanbide, los trabajadores dan por sentado que a la dirección política le incomoda la persecución de los cobros irregulares. En la actualidad, cualquier sospecha detectada por un trabajador debe ser comunicada a los servicios jurídicos de Lanbide que serán los encargados de tramitar la denuncia ante la Fiscalía. El control político de los servicios jurídicos se ha convertido desde hace meses en el tapón para desvelar la existencia de fraudes o para ocultarla.
