El Reaccionario
Madmaxista
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Un juzgado investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la campaña de 2007
Una presunta trama de corrupción que imita la estructura de la Gürtel para beneficiar a dos partidos políticos. Un juzgado de Valencia dirige desde hace más de un año una investigación en secreto tras tener conocimiento de una serie de indicios de supuesta financiación ilegal de PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el partido mayoritario en la coalición Compromís.
Las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la causa parte de una investigación policial puesta en marcha a mediados de 2016 después de que representantes del Partido Popular (PP) se personaran en una comisaría de la ciudad de Valencia para aportar documentación, facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV-PSOE.
Esta documentación estaría directamente relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a ambas formaciones políticas en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
El secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalitat era Joan Ignasi Pla y el líder de los nacionalistas Enric Morera, en la actualidad presidente de las Cortes valencianas y destacado dirigente de Compromís.
Al parecer, el juzgado ha comprobado ya la veracidad de la documentación aportada por el PP en Comisaría y la Policía ha identificado en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas, de carácter público y privadas, para saldar facturas relacionadas con la campaña y precampaña del año 2007 al margen de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos para financiar actos electorales.
El posible delito electoral cometido por dirigentes socialistas y nacionalistas valencianos estaría ya prescrito y, por tanto, el juzgado no podrá perseguir la responsabilidad penal en la financiación de las campañas de ambas formaciones políticas en 2007. En cambio, la investigación continua abierta porque el resto de delitos no están prescritos.
Por el momento, un juzgado de Valencia dirige el caso pero podría inhibirse a otros órganos judiciales, pues la documentación que ha motivado esta investigación contra la corrupción apunta a varios ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente.
A la espera de que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional complete una serie de diligencias y el juzgado alce el secreto de sumario, se desconoce el volumen total del dinero supuestamente defraudado y el número concreto de personas investigadas.
Los hechos que se investigan guardan ciertas características con la estructura que financió durante años en neցro al PP, sobre todo en lo que se refiere a la campaña del PSPV-PSOE.
Según esta información, la empresa de comunicación que asumió el papel de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia, fue la sociedad Crespo Gomar, quien tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar.
Tras un año de diligencias secretas, la Policía habría constatado que Crespo Gomar facturaba servicios a formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas -fundamentalmente constructoras- y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.
Es decir, siempre según esta información y al menos en lo que respecta al PSPV, Crespo Gomar facturó al partido por la campaña de 2007 y del pago de esas facturas se hacían cargo empresarios de su confianza. La investigación tributaria ha acreditado que los importes coinciden, hasta los céntimos, con los trabajos que en realidad se hacían para los socialistas.
Gomar era una de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente Ximo Puig. En estos hechos también estaría implicado el ex jefe de gabinete de Orengo en Gandía, José Ramón Tiller, quien trabajó para Crespo Gomar durante un tiempo.
Tiller es el dirigente que eligieron los socialistas como gerente de Imelsa, la empresa pública de donde partió la presunta organización criminal que la Guardia Civil atribuye a Alfonso Rus, para limpiar la imagen de corrupción de la Diputación de Valencia.
Pese a que el punto de partida de la investigación policial se sitúa en la cita electoral de 2007, entre la documentación que ha investigado la Policía Nacional destacan correos electrónicos, fechados en el año 2006, en los que se nombra a Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV y ex vicepresidente de Bancaja.
En esos correos aparecería la constructora Blauverd, con sede en Alzira, con importes y referencias de envíos, sin especificar el contenido, a la calle Blanqueries de Valencia, donde el PSPV tiene su sede central.
Además, según esta información, entre la documentación incluida en el procedimiento figuran facturas que esconderían presuntos pagos en B de empresas por trabajos que en realidad se realizaron para la campaña de los socialistas en 2007.
Entre los actos del PSPV-PSOE que ha investigado la Policía Nacional destacan la presentación como candidato de Pla o el proyecto Pla 2007 el futur que volem, una campaña de promoción del ex líder socialista en la que visitó más de 50 municipios para recoger ideas.
La empresa Crespo Gomar también fue la que ideó la campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante en 2007, Etelvina Andreu. Al final, la victoria se quedó en una decepcionante derrota para el socialismo alicantino porque EU no logró un centenar de votos y se quedó sin representación, lo que habría permitido un vuelco electoral para la izquierda. EL MUNDO publicó posteriormente que Crespo Gomar fue quien pagó una de las carpas usadas en campaña por la candidata.
Del PSPV al Bloc
Sobre el Bloc, que ese año concurrió a la elecciones en coalición con otros partidos como Els Verds o EUPV, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia «estados de cuentas de Bloc».
Según esta información, la documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla en la que se desarrollan conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra «concepto» con una serie de empresas. Al parecer, según esta información, la investigación policial trata de determinar si fueron estas empresas las que realmente asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y así conocer el motivo por el que aparecen en la cuenta de los nacionalistas valencianos.
Entre las empresas que aparecen en ese estadillo destaca una sociedad participada por la Diputación provincial de Valencia, Egevasa, junto las facturas de la campaña del Bloc Adéu PP. Enric Morera presentó esta iniciativa los medios como una «campaña innovadora, fresca y diferente al resto de las campañas y que pretende dar a conocer al mayor número de gente el mensaje prioritario del Bloc para las elecciones del 27 de mayo, que no es otro que el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat».
La hoja del estado de cuentas del Bloc incluye facturas de fotografías de candidatos, cuñas o un vehículo publicitario alquilado en Torrent.
Según esta información, la Policía Nacional también ha rastreado una serie de correos electrónicos en los que se menciona a «Lluis Miquel», quien, según diversas fuentes, podría referirse a Lluis Miquel Campos, actual jefe de gabinete de Enric Morera en las Cortes y destacado dirigente valencianista.
Un juzgado investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la campaña de 2007 | Comunidad Valenciana
Una presunta trama de corrupción que imita la estructura de la Gürtel para beneficiar a dos partidos políticos. Un juzgado de Valencia dirige desde hace más de un año una investigación en secreto tras tener conocimiento de una serie de indicios de supuesta financiación ilegal de PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el partido mayoritario en la coalición Compromís.
Las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la causa parte de una investigación policial puesta en marcha a mediados de 2016 después de que representantes del Partido Popular (PP) se personaran en una comisaría de la ciudad de Valencia para aportar documentación, facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV-PSOE.
Esta documentación estaría directamente relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a ambas formaciones políticas en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
El secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalitat era Joan Ignasi Pla y el líder de los nacionalistas Enric Morera, en la actualidad presidente de las Cortes valencianas y destacado dirigente de Compromís.
Al parecer, el juzgado ha comprobado ya la veracidad de la documentación aportada por el PP en Comisaría y la Policía ha identificado en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas, de carácter público y privadas, para saldar facturas relacionadas con la campaña y precampaña del año 2007 al margen de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos para financiar actos electorales.
El posible delito electoral cometido por dirigentes socialistas y nacionalistas valencianos estaría ya prescrito y, por tanto, el juzgado no podrá perseguir la responsabilidad penal en la financiación de las campañas de ambas formaciones políticas en 2007. En cambio, la investigación continua abierta porque el resto de delitos no están prescritos.
Por el momento, un juzgado de Valencia dirige el caso pero podría inhibirse a otros órganos judiciales, pues la documentación que ha motivado esta investigación contra la corrupción apunta a varios ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente.
A la espera de que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional complete una serie de diligencias y el juzgado alce el secreto de sumario, se desconoce el volumen total del dinero supuestamente defraudado y el número concreto de personas investigadas.
Los hechos que se investigan guardan ciertas características con la estructura que financió durante años en neցro al PP, sobre todo en lo que se refiere a la campaña del PSPV-PSOE.
Según esta información, la empresa de comunicación que asumió el papel de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia, fue la sociedad Crespo Gomar, quien tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar.
Tras un año de diligencias secretas, la Policía habría constatado que Crespo Gomar facturaba servicios a formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas -fundamentalmente constructoras- y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.
Es decir, siempre según esta información y al menos en lo que respecta al PSPV, Crespo Gomar facturó al partido por la campaña de 2007 y del pago de esas facturas se hacían cargo empresarios de su confianza. La investigación tributaria ha acreditado que los importes coinciden, hasta los céntimos, con los trabajos que en realidad se hacían para los socialistas.
Gomar era una de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente Ximo Puig. En estos hechos también estaría implicado el ex jefe de gabinete de Orengo en Gandía, José Ramón Tiller, quien trabajó para Crespo Gomar durante un tiempo.
Tiller es el dirigente que eligieron los socialistas como gerente de Imelsa, la empresa pública de donde partió la presunta organización criminal que la Guardia Civil atribuye a Alfonso Rus, para limpiar la imagen de corrupción de la Diputación de Valencia.
Pese a que el punto de partida de la investigación policial se sitúa en la cita electoral de 2007, entre la documentación que ha investigado la Policía Nacional destacan correos electrónicos, fechados en el año 2006, en los que se nombra a Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV y ex vicepresidente de Bancaja.
En esos correos aparecería la constructora Blauverd, con sede en Alzira, con importes y referencias de envíos, sin especificar el contenido, a la calle Blanqueries de Valencia, donde el PSPV tiene su sede central.
Además, según esta información, entre la documentación incluida en el procedimiento figuran facturas que esconderían presuntos pagos en B de empresas por trabajos que en realidad se realizaron para la campaña de los socialistas en 2007.
Entre los actos del PSPV-PSOE que ha investigado la Policía Nacional destacan la presentación como candidato de Pla o el proyecto Pla 2007 el futur que volem, una campaña de promoción del ex líder socialista en la que visitó más de 50 municipios para recoger ideas.
La empresa Crespo Gomar también fue la que ideó la campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante en 2007, Etelvina Andreu. Al final, la victoria se quedó en una decepcionante derrota para el socialismo alicantino porque EU no logró un centenar de votos y se quedó sin representación, lo que habría permitido un vuelco electoral para la izquierda. EL MUNDO publicó posteriormente que Crespo Gomar fue quien pagó una de las carpas usadas en campaña por la candidata.
Del PSPV al Bloc
Sobre el Bloc, que ese año concurrió a la elecciones en coalición con otros partidos como Els Verds o EUPV, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia «estados de cuentas de Bloc».
Según esta información, la documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla en la que se desarrollan conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra «concepto» con una serie de empresas. Al parecer, según esta información, la investigación policial trata de determinar si fueron estas empresas las que realmente asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y así conocer el motivo por el que aparecen en la cuenta de los nacionalistas valencianos.
Entre las empresas que aparecen en ese estadillo destaca una sociedad participada por la Diputación provincial de Valencia, Egevasa, junto las facturas de la campaña del Bloc Adéu PP. Enric Morera presentó esta iniciativa los medios como una «campaña innovadora, fresca y diferente al resto de las campañas y que pretende dar a conocer al mayor número de gente el mensaje prioritario del Bloc para las elecciones del 27 de mayo, que no es otro que el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat».
La hoja del estado de cuentas del Bloc incluye facturas de fotografías de candidatos, cuñas o un vehículo publicitario alquilado en Torrent.
Según esta información, la Policía Nacional también ha rastreado una serie de correos electrónicos en los que se menciona a «Lluis Miquel», quien, según diversas fuentes, podría referirse a Lluis Miquel Campos, actual jefe de gabinete de Enric Morera en las Cortes y destacado dirigente valencianista.
Un juzgado investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la campaña de 2007 | Comunidad Valenciana
