Un hombre pierde 321 puntos del carné de conducir para librar a casi 100 motoristas de multas de tráfico

La Guardia Civil investiga a los supuestos beneficiarios y se pregunta cómo no saltaron las alarmas en la DGT al acumular la misma persona una enorme lista de infracciones


La Guardia Civil está investigando a 91 motoristas a los que acusa de eludir el pago en dinero y puntos de multas por infracciones de tráfico graves cometidas por ellos contratando los servicios de un vecino de Valencia, que las asumía como propias, libraba a los verdaderos autores y contraía la pérdida de puntos. El falso infractor, A. H., de 28 años y nacionalidad armenia, tenía el permiso retirado, carecía de habilitación para llevar motos y había acumulado en los archivos de la Dirección General de Tráfico (DGT) un saldo negativo de menos 321 puntos sin que saltaran las alarmas hasta ahora. El investigado, que percibía entre 75 y 200 euros por punto perdido (y el monto de la multa), llegó a identificarse como autor de temeridades que, por la foto del radar, se veía claramente que quien la cometía era una mujer, según fuentes del instituto armado en Mallorca, donde arrancó la investigación.

Todo comenzó en la isla balear el año pasado, en el kilómetro 4,5 de la carretera Ma-1, entre Palma y Andratx, cuando un motorista casi atropella a un guardia civil al saltarse a toda velocidad un control de alcoholemia donde se le había dado aviso para detenerse. Los agentes anotaron la matrícula y mandaron varias denuncias por infracciones graves a la Jefatura Provincial de Tráfico. En pocos días, el supuesto conductor de la moto ya había presentado alegaciones. Un ciudadano armenio se había hecho responsable de todo.


El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del instituto armado en Baleares comprobó en primera instancia que el infractor declarado no tenía permiso para motos y que “tenía una pérdida de vigencia del permiso de conducción, dimanante de la Jefatura de Tráfico de Valencia”, según un comunicado conjunto de DGT y Guardia Civil difundido esta mañana. La primera consecuencia: fue acusado de falsedad documental, al tiempo que se localizaba e investigaba al dueño de la moto y un amigo de este, supuestamente por ayudarle a rellenar el recurso con los datos del falso motociclista.

Lo que vino después “llamó poderosamente la atención” de los agentes, reconocen. Obtuvieron el historial de infracciones de A. H. Tenía un sinfín de infracciones graves, todas con las mismas características: conllevaban la pérdida de puntos del permiso, los titulares de las motos eran otra persona que, al notificarle la DGT la sanción, identificaba al ciudadano armenio como conductor en el momento de la infracción. Y la gran sorpresa: “A dicha persona le figuraban en los archivos de la DGT un saldo en negativo de -321 puntos del permiso de conducción”. La pregunta es: ¿cómo pudo acumular una pérdida de puntos equivalentes a los que disponen durante toda la vida entre 20 y 30 conductores? “Eso nos lo preguntamos todos”, ha contestado una fuente del instituto armado conocedora del caso.

El falso infractor actuaba con desfachatez. Ofrecía en páginas de anuncios online la venta de puntos del permiso de conducción a entre 75 y 200 euros cada uno, además del importe de la sanción por la infracción. No le importaba decir que era el conductor de una moto que en realidad guiaba una mujer, ni tampoco presentarse como piloto de vehículos de empresas en las que nunca había trabajado o estaban lejos de su casa. El día de la infracción que sirvió para localizarlo ni siquiera estaba en Mallorca, sino en Valencia, donde reside. Las redes sociales eran su sistema de comunicación, según el instituto armado.

Ahora se está investigando a 91 personas, que han sido imputadas, por su supuesta implicación en un delito de falsedad documental. Las pesquisas se extienden por Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Murcia, Galicia, Cantabria, Navarra, País Vasco, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Andalucía. Algunos ya han recibido la visita o la comunicación de la Guardia Civil. “No se descartan nuevas investigaciones al estar la operación en fase de explotación, ya que se podrían detectar nuevos expedientes fraudulentos”, añade.

Aqui claramente se demuestra el afan recaudatorio, da igual quien ni donde, mientras pague, aunque no haya sido el causante.

Ahora que se le lavanta la liebre hay que investigar, cuando te llega una sancion por la palabra del agente y se acabo no hay que investigar.