El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La liberación inesperada de un viajero ghanés condenado por violación en Alemania y con orden de deportación ha generado una fuerte controversia en el parlamento de Renania del Norte-Westfalia. A pesar de que su solicitud de asilo había sido rechazada, fue liberado por la falta de espacio en los centros de detención para deportados. El paradero del hombre, que aún está obligado a abandonar el país, es actualmente desconocido, y las autoridades se encuentran bajo escrutinio.
El crimen, que conmocionó a la comunidad de Mülheim, tuvo lugar en 2018, cuando el hombre agredió sexualmente a una adolescente de 16 años mientras ella dormía. Después de la violación, el agresor huyó y logró permanecer prófugo durante varios años. Pese a realizar una intensa búsqueda, las autoridades no lograron localizarlo hasta 2023, cuando fue finalmente detenido. Sin embargo, los esfuerzos para llevarlo ante la justicia se vieron frustrados en dos ocasiones, ya que la víctima no se presentó en las audiencias judiciales.
Tras ser arrestado, el criminal fue puesto en prisión preventiva a la espera de su deportación, pero la situación se complicó aún más cuando, en septiembre de 2023, su tiempo de detención expiró. Según la ley alemana, la prisión preventiva no podía extenderse más allá de seis meses, lo que llevó al juez a emitir una orden de deportación en un último intento por evitar la liberación del hombre. A pesar de este esfuerzo, la orden fue inútil, ya que las autoridades alegaron que no había espacio en los centros de detención para deportados, lo que resultó en su liberación inmediata.
Este fallo en el sistema ha provocado una ola de indignación pública y política. El diputado del SPD Rodion Bakum, junto a otros tres legisladores, presentaron una petición urgente en el parlamento de Renania del Norte-Westfalia, exigiendo respuestas sobre cómo un delincuente peligroso pudo ser liberado. Las preguntas clave giran en torno a por qué no se encontraron plazas disponibles para su detención, a pesar de la orden de deportación vigente, y qué medidas se tomaron para garantizar su internamiento.
Las autoridades locales de Mülheim se han negado a hacer declaraciones detalladas, señalando a las autoridades de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como responsables de gestionar los centros de deportación. Sin embargo, las autoridades en Rostock han refutado esta afirmación, asegurando que no ha habido problemas de capacidad en los centros de detención para deportados en esa región. Estas contradicciones sólo han alimentado la frustración pública y generado dudas sobre si se trata de un caso aislado o de una falla más profunda en el sistema.
El crimen, que conmocionó a la comunidad de Mülheim, tuvo lugar en 2018, cuando el hombre agredió sexualmente a una adolescente de 16 años mientras ella dormía. Después de la violación, el agresor huyó y logró permanecer prófugo durante varios años. Pese a realizar una intensa búsqueda, las autoridades no lograron localizarlo hasta 2023, cuando fue finalmente detenido. Sin embargo, los esfuerzos para llevarlo ante la justicia se vieron frustrados en dos ocasiones, ya que la víctima no se presentó en las audiencias judiciales.
Tras ser arrestado, el criminal fue puesto en prisión preventiva a la espera de su deportación, pero la situación se complicó aún más cuando, en septiembre de 2023, su tiempo de detención expiró. Según la ley alemana, la prisión preventiva no podía extenderse más allá de seis meses, lo que llevó al juez a emitir una orden de deportación en un último intento por evitar la liberación del hombre. A pesar de este esfuerzo, la orden fue inútil, ya que las autoridades alegaron que no había espacio en los centros de detención para deportados, lo que resultó en su liberación inmediata.
Este fallo en el sistema ha provocado una ola de indignación pública y política. El diputado del SPD Rodion Bakum, junto a otros tres legisladores, presentaron una petición urgente en el parlamento de Renania del Norte-Westfalia, exigiendo respuestas sobre cómo un delincuente peligroso pudo ser liberado. Las preguntas clave giran en torno a por qué no se encontraron plazas disponibles para su detención, a pesar de la orden de deportación vigente, y qué medidas se tomaron para garantizar su internamiento.
Las autoridades locales de Mülheim se han negado a hacer declaraciones detalladas, señalando a las autoridades de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como responsables de gestionar los centros de deportación. Sin embargo, las autoridades en Rostock han refutado esta afirmación, asegurando que no ha habido problemas de capacidad en los centros de detención para deportados en esa región. Estas contradicciones sólo han alimentado la frustración pública y generado dudas sobre si se trata de un caso aislado o de una falla más profunda en el sistema.
