Un error judicial da al traste diez años de investigaciones sobre la corrupción del psoe andaluz

Toda una década de investigación policial y judicial sobre una macrocausa de corrupción en la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE va a quedar en nada. La causa afectada es el caso Avales, que versa sobre el sistema de «dudosa viabilidad» montado por el Gobierno andaluz para conceder fondos públicos y millonarios a empresas afines. Entre las sociedades beneficiarias de estos avales irregulares figuran algunas que también obtuvieron las ayudas del fondo de reptiles que nutrían la trama de los ERE. Recibieron ingentes inyecciones de dinero público por dos vías.

Desde hace diez años, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla estaba investigando esta macrocausa, que se dividió en el caso Avales 1 y Avales 2 para darle agilidad. Hace un año se archivó el primero y el segundo va a correr la misma suerte, después de la decisión que acaba de tomar la Audiencia de Sevilla sobre una de las piezas desgajadas, la referida al aval de 1,5 millones de euros concedido por la Junta de Andalucía en febrero de 2009, con Manuel Chaves como presidente autonómico, a la empresa Tartessos CAR.

Esta pieza ha sido archivada por la Audiencia porque las pesquisas se encuentran caducadas desde junio de 2017 por un error judicial, ya que la instructora María Núñez Bolaños "incumplió" el plazo legal para prorrogar esta investigación. Lo hizo fuera de plazo, lo que invalida toda la instrucción que se hizo con posterioridad a esa fecha. En esta situación están las 19 piezas desgajadas que componen el caso Avales 2, entre las que está la de la empresa Tartessos CAR.

Por lo tanto, este nuevo archivo confirma que la macrocausa está condenada al cierre definitivo y en falso, sin que se depuren las responsabilidades penales apuntadas durante la instrucción ni se puedan recuperar los fondos desviados. La tramitación fuera de plazo de la prórroga necesaria para continuar la investigación ha dado lugar a un importante defecto formal que contamina toda la causa y que está dando lugar a un rosario de archivos y a la liquidación escalonada de la macrocausa judicial. Hace un año, cuando la Audiencia archivó el caso Avales 1 por el mismo defecto de forma, los abogados de la defensa que están presentando estos recursos ya anunciaron que el resto de la macrocausa se encaminaba a su archivo definitivo.

Entre los abogados que han impulsado los recursos sobre la nulidad de la causa por la prórroga dictada por la juez fuera de plazo está Juan Carlos Alférez, del bufete Constitución 23, que representa, entre otros a Jacinto Cañete, ex director de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.

Para este letrado, la última resolución de la Sección Primera de la Audiencia es de una "enorme altura jurídica" y dirime "con solvencia una cuestión jurídica de gran calado y complejidad". Tras el último auto, "en la práctica, nuestros clientes quedarán sobreseídos, pues todos fueron llamados al proceso en fechas posteriores" al día que caducó la causa, según acaba de fijar la Audiencia.

El caso Avales tiene su epicentro en la Agencia Idea de la Junta, conocida también como la caja pagadora de los ERE, el otro gran asunto sobre corrupción en la Administración andaluza. A lo largo de estos años, la investigación sobre los avales irregulares concedidos a empresas ha sufrido todo tipo de incidencias. Como informó este diario en mayo de 2019, la Fiscalía Anticorrupción advirtió entonces del riesgo de que prescribieran los delitos que se estaban investigando y solicitó a la juez Núñez Bolaños que, "sin mayores dilaciones ni demoras", impulsara las pesquisas y agilizara las diligencias pendientes. Esta juez llegó a archivar el caso Avales en 2019, pero se vio obligada a reabrirlo en junio de 2020 por orden de la Audiencia.

Entre los ex altos cargos del Gobierno andaluz que se vieron involucrados en esta macrocausa están ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex secretario general técnico de Innovación, Juan Francisco Sánchez García; y los ex directores generales de IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde.

El actual juez instructor, José Ignacio Vilaplana, citó hace un par de años a 23 personas como investigadas por los avales que Idea concedió "irregularmente" a Tartessos CAR S.L. y Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas. Otros investigados en la macrocausa son cargos intermedios que integraban la comisión de valoración que validaba los avales en la Agencia Idea, como Bienvenido Martínez, antiguo director de Inversiones Estratégicas de Idea y cuñado de la ex directora de la Guardia Civil María Gámez; y Antonio Diz-Lois Ruiz, ex director de Finanzas de la agencia pública.