Un cacereño describe cómo lleva dos años con la casa ocupada

"He trabajado toda mi vida para pagar mi casa y no puedo volver". Este es el testimonio de Juan José P., un cacereño que denuncia que la que anteriormente era su inquilina lleva ocupando su casa de forma ilegal desde hace dos años. El periplo que describe el dueño de la vivienda en la zona norte de Cáceres a este diario comenzó en 2020, cuando recibió empezó a recibir quejas de los vecinos porque su inquilina "celebraba fiestas constantes a altas horas de la noche".

Su relación como arrendador y arrendataria había comenzado en 2015 cuando él marchó a trabajar a otra provincia y el último contrato que habían firmado se extendía a dos años, entre 2018 y 2020. Relata el afectado que como el documento se firmó antes de marzo de 2019, la ley contempla que pueda prorrogarse un año más, por lo tanto, aguardó hasta 2021 para comunicarle que no tenía intención de renovar el contrato. Hace hincapié en que cumplió todos los plazos que estipula la ley para notificarle su decisión.

Una vez que llegó la fecha de la prórroga legal, octubre de ese año, la inquilina «no hizo entrega de las llaves y ni la abandonó» para que él pudiera hacer uso de ella y es entonces cuando inicia un proceso en los tribunales que se ha prolongado hasta el presente. El afectado lamenta «el calvario» que durante los dos últimos años ha tenido que hacer frente, porque aparte de desembolsar el coste de abogados, ha tenido que pagar todas las facturas porque la inquilina no abona el alquiler desde hace un año. «He tenido que seguir pagando todos los impuestos y consumos de agua, gas y electricidad y no he recibido el alquiler desde 2022, he hecho todo según la justicia y lo único que hago es pagar y pagar», manifiesta.

Una vez que el caso recala en el juzgado, el afectado critica que ella «comienza a molestar todo lo que puede a los vecinos, que llegan a denunciarla casi cada semana por ruidos o las visitas de la Patrulla Verde por el número elevado de animales sin cuidado alguno». El juez finalmente le ha dado la razón al dueño hasta en dos ocasiones, ambas en 2022, cuando falla que la inquilina tiene de abandonar la vivienda y cuando una instancia superior ratifica esa sentencia.

En mayo de 2023 se le notificó finalmente que tenía diez días para abandonar la vivienda y si no emplazaba el lanzamiento de desahucio para octubre, fecha en la que Juan José pensaba que «llegaba al final de este proceso tan tedioso y caro». Para contrariedad del dueño, recibió dos días antes una notificación de que el desahucio se paralizaba indefinidamente «porque un informe de una trabajadora de los Servicios Sociales determinaba que la ocupante podría quedar en riesgo de exclusión social». Apunta que esta notificación «ha sido un jarro de agua fría». «Nadie me dice cuánto tiempo más va a tener que estar sin poder vivir en mi casa mientras ella la ocupa ilegalmente», expone.

Así, tres años después, el afectado reclama una solución a la administración y pone de relieve que si la mujer certifica que se encuentra en estado de desamparo, insta al ayuntamiento a que le facilite una vivienda municipal para acogerla para que él pueda disponer de su vivienda en propiedad y como paradoja, dejar de seguir acogido en casa de unos familiares.

lo de no poder deshauciar si es persona vulnerable me suena a que el estado se desentiende y usa las propiedades de los demas para resolver el problema.

a mi me parece que es robar la propiedad de uno para darsela a otro... y hace unos dias leia en una visita que hice a la modelo en las paredes bien rotulado algo asi como que cuando la justicia no es justicia o algo por el estilo en esos casos la gente se debe rebelar y que era legitimo ir contra el estado.