Pedro Sánchez tiene ya garantizada su investidura a cambio de otorgar por escrito al fugado Carles Puigdemontalgo que ni se atrevió a conceder a sus socios de ERC: el referéndum consultivo de autodeterminación, tal como adelantó OKDIARIO. De esta forma, el líder de Junts ha hecho pasar por caja y de rodillas a los socialistas. «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución», dice el acuerdo.
Esto es una gran victoria política de Junts con la que darían validez al referéndum ilegal celebrado en 2017, más cuando en el acuerdo del PSOE con ERC se apuntaba al referéndum sólo como una posibilidad, al igual que hicieron hace años con la amnistía. Puigdemont se lo ha arrancado a Sánchez por escrito. Junts quería concreciones antes de regalar sus votos y las ha conseguido.
Este mismo jueves, Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, ya avisaba a la CUP que «desde la validez del 1 de octubre y la vigencia del 27 de octubre un referéndum acordado con el Estado puede sustituir el 1 de octubre. Tenemos que poder hablar de un referéndum acordado con el Estado, validado internacionalmente y que el Parlament decida los caminos».
«No vamos a pasar por ahí», decía el PSOE
«No vamos a pasar por ahí», decían los socialistas el 29 de septiembre. Dada su habitual costumbre a «cambiar de opinión» -un eufemismo sanchistapara ocultar sus engaños y mentiras- sólo 24 horas después el diputado socialista Óscar Puente dejaba la puerta abierta a «una consulta para valorar un marco de consulta», una posibilidad que sí cabe en la Carta Magna.
Tal como avanzó OKDIARIO la fórmula encontrada por ambas partes es la de un referéndum consultivo, recogido en el artículo 92 de la Constitución, que daría cobertura legal a la votación y a Sánchez le permite seguir diciendo que «todo lo acordado será dentro el marco constitucional».
De esta manera este nuevo referéndum, cuya pregunta está por ver, lograría superar los escollos que se encontraron el del 9 de noviembre de 2014 y el de 1 de octubre de 2017. En el primer caso fue el Congreso el que no permitió una consulta popular y en el segundo la propia Constitución la que imposibilitaba un referéndum de secesión.
Tanto ERC como Junts habían exigido la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña «a la escocesa» siguiendo el modelo de consulta que se celebró en Escocia en 2014. Esto significa una referéndum «consultivo y vinculante» pactado con el Estado. La gran diferencia con 2017 fue que no se celebró de forma unilateral sino que era reconocido y vinculante por ambas partes; es decir, era legal. Un error de cálculo del primer ministro británico David Cameron que acabaría con su carrera política.
Esto es una gran victoria política de Junts con la que darían validez al referéndum ilegal celebrado en 2017, más cuando en el acuerdo del PSOE con ERC se apuntaba al referéndum sólo como una posibilidad, al igual que hicieron hace años con la amnistía. Puigdemont se lo ha arrancado a Sánchez por escrito. Junts quería concreciones antes de regalar sus votos y las ha conseguido.
Este mismo jueves, Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, ya avisaba a la CUP que «desde la validez del 1 de octubre y la vigencia del 27 de octubre un referéndum acordado con el Estado puede sustituir el 1 de octubre. Tenemos que poder hablar de un referéndum acordado con el Estado, validado internacionalmente y que el Parlament decida los caminos».
«No vamos a pasar por ahí», decía el PSOE
«No vamos a pasar por ahí», decían los socialistas el 29 de septiembre. Dada su habitual costumbre a «cambiar de opinión» -un eufemismo sanchistapara ocultar sus engaños y mentiras- sólo 24 horas después el diputado socialista Óscar Puente dejaba la puerta abierta a «una consulta para valorar un marco de consulta», una posibilidad que sí cabe en la Carta Magna.
Tal como avanzó OKDIARIO la fórmula encontrada por ambas partes es la de un referéndum consultivo, recogido en el artículo 92 de la Constitución, que daría cobertura legal a la votación y a Sánchez le permite seguir diciendo que «todo lo acordado será dentro el marco constitucional».
De esta manera este nuevo referéndum, cuya pregunta está por ver, lograría superar los escollos que se encontraron el del 9 de noviembre de 2014 y el de 1 de octubre de 2017. En el primer caso fue el Congreso el que no permitió una consulta popular y en el segundo la propia Constitución la que imposibilitaba un referéndum de secesión.
Tanto ERC como Junts habían exigido la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña «a la escocesa» siguiendo el modelo de consulta que se celebró en Escocia en 2014. Esto significa una referéndum «consultivo y vinculante» pactado con el Estado. La gran diferencia con 2017 fue que no se celebró de forma unilateral sino que era reconocido y vinculante por ambas partes; es decir, era legal. Un error de cálculo del primer ministro británico David Cameron que acabaría con su carrera política.
