La presión contenida en Sfax, epicentro de la migración irregular en el Mediterráneo central, 270 kilómetros al sur de la capital de Túnez, ha estallado con ecos de persecución contra miles de subsaharianos. Decenas de migrantes de África occidental han sido expulsados por las autoridades de la ciudad portuaria hacia una zona desértica en la frontera con Libia tras la ola de violencia en la que murió apuñalado el lunes un ciudadano tunecino,
según informaron ONG locales de defensa de los derechos humanos en la noche del miércoles. Muchos de los más de 10.000 subsaharianos que aguardan en Sfax a embarcarse en una patera rumbo a las costas italianas se han reagrupado en la estación ferroviaria para intentar escapar de una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad, en medio del creciente clima de acoso a los neցros jovenlandeses.
La ONG
Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y otras dos decenas de organizaciones que siguen de cerca las cuestiones migratorias han denunciado que un centenar de migrantes y refugiados de Costa de Marfil, Camerún, Malí, Chad y Guinea-Conakry, entre los que figuran mujeres y menores, fueron expulsados el miércoles hacia
Ben Gardane, en un área desértica fronteriza con Libia. Los desplazados, que fueron concentrados antes por la policía en el recinto ferial de Sfax, han denunciado haber sufrido malos tratos, robo de dinero y la destrucción de sus teléfonos móviles. Otros 50 subsaharianos ya fueron trasladados durante el fin de semana a la misma zona.
Centenares de habitantes de la ciudad costera se han organizado para vigilar sus barrios y exigir la salida inmediata de los migrantes irregulares, en protesta por la fin de un tunecino de 41 años, acuchillado en un enfrentamiento con subsaharianos, según informa France Presse. Las patrullas vecinales han montado barricadas y quemado neumáticos para cerrar los accesos a sus distritos. Las redes sociales también se han inflamado con imágenes, cuya veracidad no ha podido ser contrastada de forma independiente, de redadas policiales para expulsar a migrantes de sus casas entre aplausos de los vecinos. Otras grabaciones muestran a
subsaharianos tendidos en el suelo rodeados de personas armadas con palos, o dan cuenta del ingreso en hospitales de decenas de neցros jovenlandeses heridos.
La tensión entre los habitantes de Sfax y los migrantes subsaharianos ya emergió el pasado mes de mayo, cuando murió en un hospital un hombre originario de Benín tras haber sido apuñalado por siete tunecinos. Himma Hamad, responsable de inmi gración en la sección de Sfax de la
Liga Tunecina de los Derechos Humanos, aseguraba entonces a EL PAÍS que había recogido decenas de denuncias de agresiones a migrantes subsaharianos tras el discurso “de tinte xenófobo” pronunciado el pasado febrero por el
presidente de Túnez, Kais Said, que gobierna por decreto tras disolver el Parlamento hace dos años. Said calificó la presencia de decenas de miles de subsaharianos (entre 20.000 y 40.000, según las fuentes) entre los 11 millones de habitantes del país como “hordas que suponen una amenaza demográfica para la identidad árabe de Túnez”.
El
mandatario volvió a insistir el martes en que Túnez “no va a aceptar en su territorio a quien no respete la ley” y que caerá también todo el peso de la justicia sobre quienes “alojen migrantes ilegales en sus casas, se las alquilen o les ofrezcan trabajo”. La Liga Tunecina de los Derechos Humanos señala que además de sufrir acoso social y explotación laboral, con sueldos dos tercios inferiores a los que perciben los tunecinos, los subsaharianos de Sfax viven constantemente bajo la amenaza de ser expulsados de sus viviendas.
El presidente Said también advirtió de que Túnez rechaza convertirse “en un país de tránsito hacia Europa o de reasentamiento de ciudadanos de algunos países jovenlandeses”. El mes pasado, la Unión Europea ofreció al país una aportación de más de 1.000 millones de euros en ayudas para que contenga la avalancha de pateras desde sus costas hacia Italia. La
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra Italiana, Giorgia Meloni, y el jefe del Gobierno de Países Bajos, Mark Rutte, viajaron hasta la capital tunecina con la promesa de contribuir a que el país joven pueda abordar las reformas que le exige el Fondo Monetario Internacional a cambio de un plan de rescate financiero que implica un alto coste social y de empleo.
elpais.com
