M. Priede
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Sorprende que lo publique El País. Se nota que el pastelero Feijoo tiene el apoyo del IBEX, posiblemente ya ven el cambio de gobierno:
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Tres golpes son demasiados: más trabajadores y jóvenes en las colas del hambre
Las entidades sociales alertan de la situación. Cruz Roja prevé que atenderá a 400.000 personas más a lo largo de 2022 que antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Cáritas se gastará un 10% más solo en ayudar a la misma gente que en 2021
Cola a las puertas del comedor social Nuestra Señora del Rosario, este miércoles en Sevilla.Cola a las puertas del comedor social Nuestra Señora del Rosario, este miércoles en Sevilla.PACO PUENTES
María Sosa Troya
María Sosa Troya
Madrid - 22 sep 2022 - 03:30 UTC
La Gran Recesión (2008), la esa época en el 2020 de la que yo le hablo (2020-21), la inflación (2022). Tres golpes. Demasiados para quienes vivían en situación vulnerable o cerca de ella. Las ONG alertan de un incremento en la demanda de ayudas. Cruz Roja prevé acabar el año con unas 400.000 personas más atendidas respecto a 2019. Cáritas estima que, sin tener en cuenta el aumento de peticiones, solo para apoyar a la misma cantidad de gente que el año pasado deberán emplear al menos un 10% más de recursos. Son especialmente vulnerables los hogares con niños. Un 40% de las personas con dificultades para afrontar gastos imprevistos en 2021 contaba con un empleo, explica el experto Luis Ayala. Y preocupan los jóvenes, por la subida que han experimentado sus peticiones de ayuda.
En España había el año pasado casi 10,3 millones de hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, calculado con la renta de 2020. Esto quiere decir, para una persona que viva sola, unos ingresos de menos de 9.535 euros anuales. En 2021, un tercio de los ciudadanos tenía dificultades para afrontar gastos imprevistos. El 14% de la población presentaba dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Tanto Cruz Roja como Cáritas explican que no existe un único perfil de demandante, pero ambos coinciden en la especial vulnerabilidad de los hogares con hijos, familias en mitad de la crianza (de 30 a 50 años), y de las personas que viven solas. Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja, destaca el caso de las familias monomarentales y las divorciadas en las que un solo progenitor cuida de los niños. También resalta que entre enero de 2020 y mayo de 2021 han casi duplicado los usuarios de entre 16 y 30 años, al pasar de cerca de 100.000 a casi 200.000, una tendencia que “se mantiene” actualmente. “Esta crisis [con los precios] afecta especialmente a los jóvenes, nos preocupa porque deberían estar en edad de emanciparse o poder tener trabajos estables”.
En medio de este panorama, la inflación ha recrudecido las imágenes de las colas del hambre y ha elevado la petición de ayudas a las administraciones. El catedrático de Economía de la UNED Luis Ayala puntualiza que “la escalada de precios no es estrictamente una nueva crisis, pero es una restricción adicional”. “Muchos hogares se recuperaron malamente de la crisis de 2008. Cuando habían conseguido recuperar sus empleos, aunque bastante precarios, vino la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y ahora que empezaban a levantar cabeza se encuentran con el encarecimiento de los bienes de consumo más básicos”, apunta. “Hay dos problemas estructurales”, dice, un sector de la población muy vulnerable, que lleva años en esa situación, y el “alto porcentaje de gente que vive con trabajos inestables y roza el umbral de la pobreza”.
Voluntarios del comedor social San Vicente de Paúl-Hijas de la Caridad, este miércoles en Sevilla. Voluntarios del comedor social San Vicente de Paúl-Hijas de la Caridad, este miércoles en Sevilla. PACO PUENTES
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cita datos recogidos en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado de este año para explicar la demanda en servicios sociales: “De una estimación de 10,5 millones de usuarios en 2020 se pasa a 13,7 en 2022″. Se incluye tanto a quienes buscan información como ayuda a domicilio, es decir, ni mucho menos recoge solo a quienes tienen dificultades y necesitan de una ayuda para subsistir, pero da idea de la magnitud de la demanda a la que se enfrentan estos servicios. “No dan abasto y no lo darán mientras los procedimientos burocráticos que se les exijan sean tan complicados”, añade. “En muchos ayuntamientos las ayudas de emergencia para comer o vestirse pueden tardar hasta dos meses porque se tramitan como subvenciones, hace falta cambiar la ley. Cada vez que una Administración pública deriva a una persona que necesita los mínimos de subsistencia a una ONG es el fracaso palmario de los gobernantes de esa institución”.
Quienes se acercan a Cáritas llegan “con necesidades muy inminentes, relacionadas con la vivienda, los suministros, como luz, gas y agua, y apoyo económico”, indica Raúl Flores, coordinador de Estudios de la entidad. “Más de la mitad de las familias que vienen están trabajando”, afirma el también secretario técnico de Foessa, la fundación que se encarga de la investigación social de la organización, que asegura que “el fenómeno no es nuevo, pero que se está incrementando y acentuando desde la Gran Recesión”. Aún no han contabilizado el aumento de atendidos, pero apuntan que el “incremento no es generalizado”. “En las grandes ciudades, donde la presión por la vivienda es más intensa, se está notando. La vivienda sigue siendo ese pozo sin fondo que se va tragando todos los ingresos de las familias”.
En momentos de dificultad, el primer gasto va para el alquiler o la hipoteca. Para poder pagarla, se quita del resto. Desde gastos relacionados con la educación de los hijos hasta alimentación, en los casos más extremos. En Cruz Roja aseguran que este año acabará por debajo de los 2,2 millones de personas atendidas en 2020, a quienes se dieron alimentos, productos de higiene, juguetes, ropa… Pero creen que llegarán a los 1,5 millones. “En 2019 dábamos alimentos a 810.000 ciudadanos, y en 2022 estimamos que serán 990.000″, sostiene el coordinador general de la entidad.
Las competencias respecto a protección social recaen en las comunidades autónomas. El Gobierno tiene la labor de coordinación y los ayuntamientos se encargan de los servicios sociales de base. Es decir, que hay diversidad en función del municipio del que se trate. Pero hay medidas de alcance nacional. El Ejecutivo instauró hace dos años el ingreso mínimo vital (IMV), que garantiza una mínima prestación en todo el país para quienes no tienen recursos y que, según anunció en junio el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha llegado a “casi medio millón de hogares y a casi 1,2 millones de personas”.
Un grupo de personas come en el comedor social de Santa Ana, en el centro de Barcelona.Un grupo de personas come en el comedor social de Santa Ana, en el centro de Barcelona.Gianluca Battista
Para paliar las dificultades asociadas a la subida de precios, el Ejecutivo también ha aprobado dos paquetes de medidas extraordinarias. Entre ellas, el aumento del 15% en las cuantías del IMV, una reducción en los abonos de tras*porte o una ayuda directa de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros (y que no perciban el IMV). Se extienden hasta el 31 de diciembre.
Ayala considera que las medidas son “positivas, aunque de limitado alcance”. En su opinión, no dan respuesta a “las necesidades estructurales de amplias capas de la población”. Coincide con él Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), que aglutina a 8.000 ONG. “El ingreso mínimo vital tiene un problema de extensión e intensidad [número de beneficiarios y gente que lo percibe], además de uno crónico de burocratización”, apunta. Flores, de Cáritas, alerta también de la necesidad de vivienda pública: “Tenemos cifras inferiores al 2%. Podemos tomar medidas temporales, pero lo que necesitamos es resolver los problemas estructurales”.
En definitiva, ampliar la red de protección. La que tienen mejor desarrollada en otros países de nuestro entorno. “El sistema de protección social alemán, sueco, holandés o danés es mucho más potente que el que tenemos aquí. En España empezamos a construirlo en los ochenta y nos llegaron crisis cuando aún no estaba consolidado. Hace que nuestra situación sea mucho más vulnerable y peor”, dice Susías, de EAPN. “Las colas del hambre de las que se habla son un tipo de ayuda muy visible, pero hay que tener cuidado con la dignidad de las personas, la exposición pública me parece una sobreestigmatización. Tendríamos que trabajar mucho mejor”, añade.
“Una vez más ha llegado una crisis sin estar preparados”, sostiene Flores, de Cáritas. Y concluye: “Tenemos un problema de pobreza y desigualdad que hay que solucionar, con medidas preventivas. Cuando pase la actual crisis, la realidad de muchas familias seguirá siendo de pobreza, desigualdad y sufrimiento”.
A CORUÑA
Angustia en una pequeña ONG: las colas crecen y las donaciones menguan
Sonia Vizoso
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Tres golpes son demasiados: más trabajadores y jóvenes en las colas del hambre
Las entidades sociales alertan de la situación. Cruz Roja prevé que atenderá a 400.000 personas más a lo largo de 2022 que antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Cáritas se gastará un 10% más solo en ayudar a la misma gente que en 2021
Cola a las puertas del comedor social Nuestra Señora del Rosario, este miércoles en Sevilla.Cola a las puertas del comedor social Nuestra Señora del Rosario, este miércoles en Sevilla.PACO PUENTES
María Sosa Troya
María Sosa Troya
Madrid - 22 sep 2022 - 03:30 UTC
La Gran Recesión (2008), la esa época en el 2020 de la que yo le hablo (2020-21), la inflación (2022). Tres golpes. Demasiados para quienes vivían en situación vulnerable o cerca de ella. Las ONG alertan de un incremento en la demanda de ayudas. Cruz Roja prevé acabar el año con unas 400.000 personas más atendidas respecto a 2019. Cáritas estima que, sin tener en cuenta el aumento de peticiones, solo para apoyar a la misma cantidad de gente que el año pasado deberán emplear al menos un 10% más de recursos. Son especialmente vulnerables los hogares con niños. Un 40% de las personas con dificultades para afrontar gastos imprevistos en 2021 contaba con un empleo, explica el experto Luis Ayala. Y preocupan los jóvenes, por la subida que han experimentado sus peticiones de ayuda.
En España había el año pasado casi 10,3 millones de hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, calculado con la renta de 2020. Esto quiere decir, para una persona que viva sola, unos ingresos de menos de 9.535 euros anuales. En 2021, un tercio de los ciudadanos tenía dificultades para afrontar gastos imprevistos. El 14% de la población presentaba dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Tanto Cruz Roja como Cáritas explican que no existe un único perfil de demandante, pero ambos coinciden en la especial vulnerabilidad de los hogares con hijos, familias en mitad de la crianza (de 30 a 50 años), y de las personas que viven solas. Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja, destaca el caso de las familias monomarentales y las divorciadas en las que un solo progenitor cuida de los niños. También resalta que entre enero de 2020 y mayo de 2021 han casi duplicado los usuarios de entre 16 y 30 años, al pasar de cerca de 100.000 a casi 200.000, una tendencia que “se mantiene” actualmente. “Esta crisis [con los precios] afecta especialmente a los jóvenes, nos preocupa porque deberían estar en edad de emanciparse o poder tener trabajos estables”.
En medio de este panorama, la inflación ha recrudecido las imágenes de las colas del hambre y ha elevado la petición de ayudas a las administraciones. El catedrático de Economía de la UNED Luis Ayala puntualiza que “la escalada de precios no es estrictamente una nueva crisis, pero es una restricción adicional”. “Muchos hogares se recuperaron malamente de la crisis de 2008. Cuando habían conseguido recuperar sus empleos, aunque bastante precarios, vino la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y ahora que empezaban a levantar cabeza se encuentran con el encarecimiento de los bienes de consumo más básicos”, apunta. “Hay dos problemas estructurales”, dice, un sector de la población muy vulnerable, que lleva años en esa situación, y el “alto porcentaje de gente que vive con trabajos inestables y roza el umbral de la pobreza”.
Voluntarios del comedor social San Vicente de Paúl-Hijas de la Caridad, este miércoles en Sevilla. Voluntarios del comedor social San Vicente de Paúl-Hijas de la Caridad, este miércoles en Sevilla. PACO PUENTES
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cita datos recogidos en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado de este año para explicar la demanda en servicios sociales: “De una estimación de 10,5 millones de usuarios en 2020 se pasa a 13,7 en 2022″. Se incluye tanto a quienes buscan información como ayuda a domicilio, es decir, ni mucho menos recoge solo a quienes tienen dificultades y necesitan de una ayuda para subsistir, pero da idea de la magnitud de la demanda a la que se enfrentan estos servicios. “No dan abasto y no lo darán mientras los procedimientos burocráticos que se les exijan sean tan complicados”, añade. “En muchos ayuntamientos las ayudas de emergencia para comer o vestirse pueden tardar hasta dos meses porque se tramitan como subvenciones, hace falta cambiar la ley. Cada vez que una Administración pública deriva a una persona que necesita los mínimos de subsistencia a una ONG es el fracaso palmario de los gobernantes de esa institución”.
Quienes se acercan a Cáritas llegan “con necesidades muy inminentes, relacionadas con la vivienda, los suministros, como luz, gas y agua, y apoyo económico”, indica Raúl Flores, coordinador de Estudios de la entidad. “Más de la mitad de las familias que vienen están trabajando”, afirma el también secretario técnico de Foessa, la fundación que se encarga de la investigación social de la organización, que asegura que “el fenómeno no es nuevo, pero que se está incrementando y acentuando desde la Gran Recesión”. Aún no han contabilizado el aumento de atendidos, pero apuntan que el “incremento no es generalizado”. “En las grandes ciudades, donde la presión por la vivienda es más intensa, se está notando. La vivienda sigue siendo ese pozo sin fondo que se va tragando todos los ingresos de las familias”.
En momentos de dificultad, el primer gasto va para el alquiler o la hipoteca. Para poder pagarla, se quita del resto. Desde gastos relacionados con la educación de los hijos hasta alimentación, en los casos más extremos. En Cruz Roja aseguran que este año acabará por debajo de los 2,2 millones de personas atendidas en 2020, a quienes se dieron alimentos, productos de higiene, juguetes, ropa… Pero creen que llegarán a los 1,5 millones. “En 2019 dábamos alimentos a 810.000 ciudadanos, y en 2022 estimamos que serán 990.000″, sostiene el coordinador general de la entidad.
Las competencias respecto a protección social recaen en las comunidades autónomas. El Gobierno tiene la labor de coordinación y los ayuntamientos se encargan de los servicios sociales de base. Es decir, que hay diversidad en función del municipio del que se trate. Pero hay medidas de alcance nacional. El Ejecutivo instauró hace dos años el ingreso mínimo vital (IMV), que garantiza una mínima prestación en todo el país para quienes no tienen recursos y que, según anunció en junio el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha llegado a “casi medio millón de hogares y a casi 1,2 millones de personas”.
Un grupo de personas come en el comedor social de Santa Ana, en el centro de Barcelona.Un grupo de personas come en el comedor social de Santa Ana, en el centro de Barcelona.Gianluca Battista
Para paliar las dificultades asociadas a la subida de precios, el Ejecutivo también ha aprobado dos paquetes de medidas extraordinarias. Entre ellas, el aumento del 15% en las cuantías del IMV, una reducción en los abonos de tras*porte o una ayuda directa de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros (y que no perciban el IMV). Se extienden hasta el 31 de diciembre.
Ayala considera que las medidas son “positivas, aunque de limitado alcance”. En su opinión, no dan respuesta a “las necesidades estructurales de amplias capas de la población”. Coincide con él Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), que aglutina a 8.000 ONG. “El ingreso mínimo vital tiene un problema de extensión e intensidad [número de beneficiarios y gente que lo percibe], además de uno crónico de burocratización”, apunta. Flores, de Cáritas, alerta también de la necesidad de vivienda pública: “Tenemos cifras inferiores al 2%. Podemos tomar medidas temporales, pero lo que necesitamos es resolver los problemas estructurales”.
En definitiva, ampliar la red de protección. La que tienen mejor desarrollada en otros países de nuestro entorno. “El sistema de protección social alemán, sueco, holandés o danés es mucho más potente que el que tenemos aquí. En España empezamos a construirlo en los ochenta y nos llegaron crisis cuando aún no estaba consolidado. Hace que nuestra situación sea mucho más vulnerable y peor”, dice Susías, de EAPN. “Las colas del hambre de las que se habla son un tipo de ayuda muy visible, pero hay que tener cuidado con la dignidad de las personas, la exposición pública me parece una sobreestigmatización. Tendríamos que trabajar mucho mejor”, añade.
“Una vez más ha llegado una crisis sin estar preparados”, sostiene Flores, de Cáritas. Y concluye: “Tenemos un problema de pobreza y desigualdad que hay que solucionar, con medidas preventivas. Cuando pase la actual crisis, la realidad de muchas familias seguirá siendo de pobreza, desigualdad y sufrimiento”.
A CORUÑA
Angustia en una pequeña ONG: las colas crecen y las donaciones menguan
Sonia Vizoso
