Tres años en prisión por una denuncia falsa de su ex: "Me pregunto si me han hecho esto porque soy hombre"

La Justicia cuestiona el sistema de protección de menores andaluz tras condenar a la Junta a indemnizar a Teodoro Leandres porque sus psicólogas "dirigieron" el testimonio del hijo por el que fue condenado por abusos


Teodoro Leandres, con la sentencia que le ha dado la razón, junto a su abogada, Ana de Silva.EL MUNDO

Fue un domingo de enero de hace nueve años. En el Paseo de Gibraleón, un pequeño municipio muy cercano a la capital onubense, un grupo de niños juega a la pelota y, justo al lado, en un bar, dos amigos juegan al ajedrez. Uno de los que mueven alfiles y torres es Teodoro Leandres, el protagonista, a su pesar, de esta historia, y uno de los niños que se divierte con el balón es su hijo, de ocho años.
Ése es el último recuerdo que guarda Teodoro de su hijo, al que no ha vuelto a ver desde aquel fin de semana que le tocó pasar con él, según el reparto que había hecho con su ex pareja, de la que se había separado seis meses antes. Hasta entonces, había habido tensiones y alguna amenaza de la mujer, cuenta, pero nada más.

Lo siguiente que recuerda Teodoro es que la Guardia Civil le comunica que su ex pareja le había denunciado por enseñar a su hijo a descargarse vídeos prono en el móvil y que le aconsejaron no acercarse a él mientras todo se aclaraba.
Pero nada se aclaró y, al contrario, aquella denuncia creció y creció como una bola de nieve y Teodoro acabó en prisión, donde pasó tres años, dos meses y tres días, condenado por abusar sexualmente de aquel pequeño al que veía jugar al fútbol mientras él pensaba en su siguiente movimiento en el tablero.
Un tribunal se creyó a pies juntillas el testimonio de su ex compañera sentimental y le condenó a 14 años de prisión. Se basó, además, en el relato de su hijo de ocho años, pero éste, como ha quedado luego probado, fue "dirigido" por las psicólogas de la Junta de Andalucía que le atendieron y por eso ahora Teodoro no sólo ha conseguido limpiar su nombre y probar su inocencia, sino que, además, la misma Justicia que le condenó obligue a la Administración autonómica andaluza a indemnizarle por la "mala praxis" de aquellas psicólogas.
No sólo eso, sino que la última sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pone en cuestión el propio sistema de atención a los menores que son víctimas de abusos sensuales en la comunidad al señalar, con dureza, el "funcionamiento besugo" del Servicio de Prevención y Atención a las Familias de la Consejería de Inclusión de la Junta. Aquellas psicólogas, destaca el Alto Tribunal andaluz, no sólo aplicaron mal las técnicas, sino que indujeron las respuestas e hicieron, tras 150 sesiones, que el menor interiorizara "unos abusos que no existieron".
Precisamente, la Junta anunció ayer que va a revisar el contrato con la Asociación Adima, a la que peternecían las psicólogas y que sigue prestando ese servicio.
Pero el calvario no ha terminado para este hombre, que hoy tiene 56 años pero cuya vida de paró a los 47. De aquella mujer que le denunció y le destrozó la vida "no quiero saber nada", pero exige que "alguien" le explique por qué terminó en prisión por una denuncia falsa que, sobre todo, le ha privado de su hijo.
"Lo he perdido todo", dice Teodoro en conversación con EL MUNDO, y con ese todo se refiere a los tres años largos que ha pasado privado de libertad, pero también a su presente y a su futuro, a su trabajo -era obrero de la construcción- y, por encima de todo, a su hijo, al que no ha vuelto a ver.
Hoy aquel niño que juega aún a la pelota en su recuerdo más preciado tiene 18 años y vive en Huelva, pero su padre no sabe cómo acercarse a él "para no hacerle daño". De hecho, si se ha decidido a contar su historia en periódicos, radios y televisiones es con la esperanza de que le llegue a su hijo y que éste conozca la verdad de lo que sucedió hace casi una década. "Aquí hay dos víctimas, una es él y la otra soy yo", apostilla Teodoro, que no aspira a superar su traumática experiencia -lleva años en tratamiento psicológico- pero que no se resigna a perder a su hijo.
Insiste, en ese sentido, en que no pretende "una venganza" contra las psicólogas que, de acuerdo con las sentencias de la Audiencia de Huelva y del Tribunal Supremo, le destrozaron la vida. Pero sí se pregunta "si lo que me han hecho a mí es porque soy hombre".
Al lado de Teodoro ha estado todos estos años su abogada, Ana de Silva, que califica la sentencia que obliga a la Junta a indemnizar a su cliente por los "daños causados" como "pionera" y recalca que "no se trata de una persecución" contra nadie, sino de "hacer justicia" y señala al Equipo de Investigación de Casos de Abusos sensuales (Eicas), un servicio que no presta directamente la Junta de Andalucía, sino la Asociación para la Defensa de la Infancia y el Maltrato en Andalucía (Adima), a través de un convenio de colaboración.
LA JUNTA REVISA EL CASO
Es un servicio, pone de relieve la sentencia del TSJA, "externalizado" y de "una trascendencia inmensa para la protección de los menores y muy sensible", ya que de ello depende, subraya, la prueba de cargo para imputar al denunciado. Eso exige, puntualiza, "unos estándares adecuados a la naturaleza de dicho servicio".
Lo sabe bien Teodoro, que no olvida lo que experimentó cuando pisó por primera vez la guandoca. A medias aturdido y a medias incrédulo ante lo que estaba viviendo. "Era como tener el alma en un sitio y el cuerpo en otro".
Pese a todo, dice, sigue confiando en la Justicia porque llegó "aunque fuera tarde".

La sentencia del TSJA le ha reconocido el derecho a recibir una compensación de 60.000 euros por los daños jovenlandesales e "irreparables", no sólo en su estado de salud psíquica, sino también por la "denotación pública, difamación social y sobre todo el alejamiento y pérdida de la relación afectiva y de convivencia con su hijo".
Por su parte, la Consejería de Inclusión anunció ayer que va a revisar el contrato con la asociación Adima, que gestiona el programa de atención a menores víctimas de abusos sensuales desde 2014 en Huelva, Sevilla y Córdoba y recalcó que el caso se remonta a 2015 y que el nuevo equipo del PP está revisando las sentencias.

Todo el mundo sabe que las denuncias falsas son el 0,000000000000000000006%