11kjuan
Madmaxista y Friki Prepper
- Desde
- 17 Ene 2021
- Mensajes
- 18.097
- Reputación
- 82.756
El grito desesperado de jueces, fiscales y funcionarios: "Cobro la hora de guardia en el juzgado a 1,79 euros brutos"
Actualizado Lunes, 15 mayo 2023 - 07:26
Representantes de los tres colectivos explica por qué reclaman al Gobierno la actualización de sus retribuciones
La funcionaria de Justicia Emilia Ortiz , el fiscal Ángel Perrino y la juez Verónica Ponte.ÁNGEL NAVARRETE
Jueces y fiscales han dado en los últimos días un voto de confianza al Gobierno. Han accedido a retrasar la huelga indefinida convocada para este martes con el objetivo de dar una oportunidad a la negociación establecida para resolver un conflicto laboral enquistado desde hace años. Los togados reclaman mejoras retributivas urgentes. Los Ministerios de Justicia y Hacienda han puesto encima de la mesa de retribuciones -órgano establecido para negociar sus condiciones salariales que no se reunía desde el año 2008- un partida de 46,7 millones de euros para mejorar los sueldos de los 5.500 jueces y 2.700 fiscales que hay aproximadamente en España.
A su huelga se suma la de funcionarios de la Administración de Justicia que el próximo día 22 dejarán de tramitar millones de expedientes hasta que el Gobierno acceda a sentarse a negociar unas nuevas condiciones retributivas.
EL MUNDO ha recabado el testimonio de una juez, un fiscal y una funcionaria de Justicia que día a día padecen las «carencias crónicas» de la «cenicienta» del Estado.
LA JUEZ
Verónica Ponte es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Getxo (Vizcaya). Como responsable de un juzgado mixto le corresponde resolver asuntos civiles, penales, juicios de familia y de discapacidad. Asegura que en un mes puede dictar una media de 60 sentencias, haciendo frente a más de 100 asuntos. Ponte, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, explica que la Administración de Justicia «está empezando a colapsar».
«La sobrecarga de trabajo es horrible. Celebramos juicios y, a veces, en mitad de la vista se carga el sistema informático y se cae y hay que repetirlo de nuevo porque no se ha podido grabar. Somos nosotros las personas que ponemos la cara ante las víctimas y los justiciables. No se puede ofrecer al ciudadano una justicia de calidad porque faltan medios humanos y materiales», asegura.
EL FISCAL
En términos similares se pronuncia Ángel Perrino, fiscal de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Madrid. Lleva 20 años en la carrera fiscal y asegura que «la delincuencia cada vez es más compleja». «Sólo Madrid capital tiene 54 juzgados de instrucción con una media de 350 diligencias previas vivas en cada uno. En un cuadro de servicios mensual el fiscal, además del despachar papel y hacer días de guardias, tiene días de juicio en los juzgados de lo penal, que asistir a juicios de delitos leves en los juzgados de instrucción y también días de juicio en la Audiencia Provincial. Nuestro trabajo es variado pero, por otro lado, nos obliga a estar en todos los sitios», dice.
Sobre las guardias, Perrino -delegado de la mayoritaria Asociación de Fiscales en Madrid- detalla que están retribuidas de manera muy dispar según el partido judicial. Mientras en grandes ciudades como Madrid y Barcelona son de 24 horas, en partidos judiciales más pequeños son "de permanencia semanales".
La juez Conte explica su experiencia. «Mis guardias son de ocho días seguidos, 24 horas disponible ante cualquier urgencia que pueda surgir y que necesite la intervención del juez». Son jornadas duras y muy largas. «Durante la guardia me encargo de todo. En una jornada normal, lo mismo hago una prueba preconstituida como, por ejemplo, tomar declaración a un menor maltratado por su progenitor porque me han solicitado una orden de alejamiento, que, además, tengo que resolver ese día los asuntos de violencia sobre la mujer que entren y, luego, puedo tener por ejemplo a un detenido conducir bebido», explica la togada.
En el caso del fiscal, las jornadas son distintas (son guardias de 24 horas en vez de semanales), pero también de gran intensidad. «Si estás de guardia de juicios rápidos se pueden hacer 14 juicios rápidos en un día y si estás de guardia de detenidos puede haber 60 detenidos de media en 24 horas en Madrid. Se toman muchas decisiones en poco tiempo», apostilla. Junto a la alta litigiosidad, el problema son las retribuciones. «Cobro la hora de guardia en el juzgado a 1,79 euros brutos», indica la juez. Sobre este particular, el fiscal recalca que estas guardias de permanencia son «mucho más sangrantes. Tienes que estar disponible 24 horas al día y se pagan a la semana con 220 euros. No parece una cantidad razonable para el volumen de trabajo y para la responsabilidad que se asume. Son cantidades absolutamente desfasadas», añade.
En su caso, ejerciendo en una ciudad del tamaño de Madrid, la hora de guardia se paga a 8,17 euros la hora (menos de lo que cobra por horas una empleada del hogar en nuestro país). Además, Ángel Perrino explica que jueces y fiscales tienen «un sistema de incompatibilidades muy exigente. «Salvo la docencia y las publicaciones no podemos hacer nada más y esta circunstancia excepcional se debería compensar con la dificultad para acceder al cargo y a la responsabilidad del mismo», dice.
LA FUNCIONARIA DE JUSTICIA
Pero en la actividad judicial también es clave el papel de los funcionarios de la Administración de Justicia. Hablamos con Emilia Ortiz, funcionaria destinada en la Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid y delegada del sindicato mayoritario CSIF. Su trabajo consiste en tramitar los expedientes sobre los que tienen que informar los fiscales.
«Un procedimiento es como una pirámide. Hay una base sobre la que se construye la pirámide y esa base la constituye el trabajo de los cuerpos generales: gestores, tramitadores y auxilios. Recibimos, registramos y analizamos documentación, ponemos diligencias para pasar a sus señorías, citamos, notificamos, señalamos juicios, ponemos autos, etc. Todo ese trabajo previo es el que llega arriba para que el juez en un momento dado dicte sentencia», indica.
Los funcionarios llevan semanas de paros parciales y han anunciado que harán una huelga indefinida a partir de la próxima semana si el Gobierno no se sienta a negociar mejoras salariales. Exigen un aumento de entre 350 y 430 euros.
Sin embargo, Ortiz explica que «no se trata de reclamar solo más dinero, sino que para empezar se debe paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, porque se está tramitando sin haber contado con el 93% de la plantilla sobre la que va a influir esa ley en todo lo relativo a las estructuras de los juzgados».
En el caso de los funcionarios, la carga de trabajo, asegura, que es «abrumadora». «Trabajamos muchas veces contrarreloj, contra las aplicaciones informáticas y contra la carga de trabajo», apostilla. En este sentido, el fiscal Perrino asegura que la situación es muy delicada, en detrimento del servicio público que se ofrece. «Es prácticamente imposible ofrecer una justicia de calidad. Se necesita una inversión en Justicia».
Con este escenario, la juez Verónica Ponte sintetiza el problema así. «Somos un poder del Estado que garantiza derechos fundamentales y lo estamos haciendo exclusivamente con la buena voluntad de las personas que trabajamos en la Administración de Justicia y a costa de su salud física y mental», concluye.
www.elmundo.es
Actualizado Lunes, 15 mayo 2023 - 07:26
Representantes de los tres colectivos explica por qué reclaman al Gobierno la actualización de sus retribuciones
La funcionaria de Justicia Emilia Ortiz , el fiscal Ángel Perrino y la juez Verónica Ponte.ÁNGEL NAVARRETE
Jueces y fiscales han dado en los últimos días un voto de confianza al Gobierno. Han accedido a retrasar la huelga indefinida convocada para este martes con el objetivo de dar una oportunidad a la negociación establecida para resolver un conflicto laboral enquistado desde hace años. Los togados reclaman mejoras retributivas urgentes. Los Ministerios de Justicia y Hacienda han puesto encima de la mesa de retribuciones -órgano establecido para negociar sus condiciones salariales que no se reunía desde el año 2008- un partida de 46,7 millones de euros para mejorar los sueldos de los 5.500 jueces y 2.700 fiscales que hay aproximadamente en España.
A su huelga se suma la de funcionarios de la Administración de Justicia que el próximo día 22 dejarán de tramitar millones de expedientes hasta que el Gobierno acceda a sentarse a negociar unas nuevas condiciones retributivas.
EL MUNDO ha recabado el testimonio de una juez, un fiscal y una funcionaria de Justicia que día a día padecen las «carencias crónicas» de la «cenicienta» del Estado.
LA JUEZ
Verónica Ponte es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Getxo (Vizcaya). Como responsable de un juzgado mixto le corresponde resolver asuntos civiles, penales, juicios de familia y de discapacidad. Asegura que en un mes puede dictar una media de 60 sentencias, haciendo frente a más de 100 asuntos. Ponte, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, explica que la Administración de Justicia «está empezando a colapsar».
«La sobrecarga de trabajo es horrible. Celebramos juicios y, a veces, en mitad de la vista se carga el sistema informático y se cae y hay que repetirlo de nuevo porque no se ha podido grabar. Somos nosotros las personas que ponemos la cara ante las víctimas y los justiciables. No se puede ofrecer al ciudadano una justicia de calidad porque faltan medios humanos y materiales», asegura.
EL FISCAL
En términos similares se pronuncia Ángel Perrino, fiscal de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Madrid. Lleva 20 años en la carrera fiscal y asegura que «la delincuencia cada vez es más compleja». «Sólo Madrid capital tiene 54 juzgados de instrucción con una media de 350 diligencias previas vivas en cada uno. En un cuadro de servicios mensual el fiscal, además del despachar papel y hacer días de guardias, tiene días de juicio en los juzgados de lo penal, que asistir a juicios de delitos leves en los juzgados de instrucción y también días de juicio en la Audiencia Provincial. Nuestro trabajo es variado pero, por otro lado, nos obliga a estar en todos los sitios», dice.
Sobre las guardias, Perrino -delegado de la mayoritaria Asociación de Fiscales en Madrid- detalla que están retribuidas de manera muy dispar según el partido judicial. Mientras en grandes ciudades como Madrid y Barcelona son de 24 horas, en partidos judiciales más pequeños son "de permanencia semanales".
La juez Conte explica su experiencia. «Mis guardias son de ocho días seguidos, 24 horas disponible ante cualquier urgencia que pueda surgir y que necesite la intervención del juez». Son jornadas duras y muy largas. «Durante la guardia me encargo de todo. En una jornada normal, lo mismo hago una prueba preconstituida como, por ejemplo, tomar declaración a un menor maltratado por su progenitor porque me han solicitado una orden de alejamiento, que, además, tengo que resolver ese día los asuntos de violencia sobre la mujer que entren y, luego, puedo tener por ejemplo a un detenido conducir bebido», explica la togada.
En el caso del fiscal, las jornadas son distintas (son guardias de 24 horas en vez de semanales), pero también de gran intensidad. «Si estás de guardia de juicios rápidos se pueden hacer 14 juicios rápidos en un día y si estás de guardia de detenidos puede haber 60 detenidos de media en 24 horas en Madrid. Se toman muchas decisiones en poco tiempo», apostilla. Junto a la alta litigiosidad, el problema son las retribuciones. «Cobro la hora de guardia en el juzgado a 1,79 euros brutos», indica la juez. Sobre este particular, el fiscal recalca que estas guardias de permanencia son «mucho más sangrantes. Tienes que estar disponible 24 horas al día y se pagan a la semana con 220 euros. No parece una cantidad razonable para el volumen de trabajo y para la responsabilidad que se asume. Son cantidades absolutamente desfasadas», añade.
En su caso, ejerciendo en una ciudad del tamaño de Madrid, la hora de guardia se paga a 8,17 euros la hora (menos de lo que cobra por horas una empleada del hogar en nuestro país). Además, Ángel Perrino explica que jueces y fiscales tienen «un sistema de incompatibilidades muy exigente. «Salvo la docencia y las publicaciones no podemos hacer nada más y esta circunstancia excepcional se debería compensar con la dificultad para acceder al cargo y a la responsabilidad del mismo», dice.
LA FUNCIONARIA DE JUSTICIA
Pero en la actividad judicial también es clave el papel de los funcionarios de la Administración de Justicia. Hablamos con Emilia Ortiz, funcionaria destinada en la Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid y delegada del sindicato mayoritario CSIF. Su trabajo consiste en tramitar los expedientes sobre los que tienen que informar los fiscales.
«Un procedimiento es como una pirámide. Hay una base sobre la que se construye la pirámide y esa base la constituye el trabajo de los cuerpos generales: gestores, tramitadores y auxilios. Recibimos, registramos y analizamos documentación, ponemos diligencias para pasar a sus señorías, citamos, notificamos, señalamos juicios, ponemos autos, etc. Todo ese trabajo previo es el que llega arriba para que el juez en un momento dado dicte sentencia», indica.
Los funcionarios llevan semanas de paros parciales y han anunciado que harán una huelga indefinida a partir de la próxima semana si el Gobierno no se sienta a negociar mejoras salariales. Exigen un aumento de entre 350 y 430 euros.
Sin embargo, Ortiz explica que «no se trata de reclamar solo más dinero, sino que para empezar se debe paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, porque se está tramitando sin haber contado con el 93% de la plantilla sobre la que va a influir esa ley en todo lo relativo a las estructuras de los juzgados».
En el caso de los funcionarios, la carga de trabajo, asegura, que es «abrumadora». «Trabajamos muchas veces contrarreloj, contra las aplicaciones informáticas y contra la carga de trabajo», apostilla. En este sentido, el fiscal Perrino asegura que la situación es muy delicada, en detrimento del servicio público que se ofrece. «Es prácticamente imposible ofrecer una justicia de calidad. Se necesita una inversión en Justicia».
Con este escenario, la juez Verónica Ponte sintetiza el problema así. «Somos un poder del Estado que garantiza derechos fundamentales y lo estamos haciendo exclusivamente con la buena voluntad de las personas que trabajamos en la Administración de Justicia y a costa de su salud física y mental», concluye.
El grito desesperado de jueces, fiscales y funcionarios: "Cobro la hora de guardia en el juzgado a 1,79 euros brutos"
Jueces y fiscales han dado en los últimos días un voto de confianza al Gobierno. Han accedido a retrasar la huelga indefinida convocada para este martes con el objetivo de dar...
www.elmundo.es
