Los "ñoquis" sería como llaman a los funcivagos en Argentina, que tienen la costumbre de pasar por el trabajo solo para cobrar
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"Se acabó la fiesta": miles de 'ñoquis' van a trabajar por primera vez en Argentina
El Gobierno de Milei calcula el despido de más de 30.000 funcionarios del Estado tras la primera ronda de auditorías.
Dentro del primer paquete de medidas urgentes anunciado por el nuevo Gobierno de Javier Milei en Argentina, hay algunas que van dirigidas directamente a reducir el tamaño de la Administración y de las plantillas públicas.
Entre otras, destaca la eliminación de la mitad de ministerios y secretarías, pasando de 18 a 9 y de 106 secretarías a 54, respectivamente, lo cual redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos del Estado.
Tampoco se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, dado que en Argentina es habitual que los políticos enchufen directamente a familiares y amigos en la Administración justo antes de que finalice el mandato de gobierno. Asimismo, el nuevo Gobierno ha exigido la presencialidad del 100% de los empleados públicos, tras años de teletrabajo como consecuencia del estallido de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 en 2020.
Y también se realizarán auditorías internas en los diferentes organismos del sector público para detectar irregularidades y, especialmente, identificar a los funcionarios parásitos, los conocidos popularmente como ñoquis, empleados colocados a dedo que, si bien cobran del Estado, en realidad no trabajan y sólo van a la oficina a final de mes a firmar la nómina.
Aunque se desconoce su número exacto, las estimaciones existentes oscilan entre 1 y 1,5 millones de ñoquis o empleados públicos "militantes", del total de 3,5 millones de personas que trabajan en la Administración Pública del país. Es decir, casi un tercio de los empleados públicos no trabajan, pero cobran.
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, advertía el pasado lunes que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado", pero "con lo que no estamos de acuerdo, y vamos a combatir, es con lo que se denomina el empleo militante, que está por una cuestión política, no aporta nada y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar". A este respecto, avanzó que "si ocupan una silla, pero no trabajan ni aportan valor, ese empleo va a dejar de existir".
Más de 30.000 funcionarios serán despedidos de inicio
Dicho y hecho. Tras este anuncio, son miles los funcionarios parásitos que, de repente, han llegado a las oficinas gubernamentales por primera vez en años para empezar a trabajar. El Gobierno de Milei prevé que las auditorías de la Administración Pública podrían estar listas para la última semana de diciembre. Y los primeros cálculos apuntan a cerca de 30.000 empleados que podrían ser despedidos tan sólo en la Administración Central, algo menos del 10% de la plantilla estatal.
Este primer plan de reducción estatal pone la mira en las contrataciones y nombramientos posteriores el decreto 426/2022, que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. La medida regía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero el equipo de Milei sostiene que no se cumplió. Si la auditoría marca que existen irregularidades surgirá la figura de la exoneración en el sector público, lo que se traduce en que el Estado no pagará indemnizaciones. Y a ello hay que sumar la no renovación de todos los empleados con contratos inferiores a un año y la obligación de presencialidad, lo cual también contribuirá a eliminar personal, ya que "muchos que cobran un sueldo tienen otros trabajos y no vienen", según indican desde el Gobierno.
Pero esto es sólo el principio. El plan de reducción de personal tiene diferentes etapas y el objetivo último consiste en prescindir de todo empleado público que no sea necesario. Aquí entran los famosos ñoquis, que cobran, pero, en realidad, no trabajan. Sea como fuere, el mero anuncio de estas medidas ya ha empezado a surtir efecto. El pasado miércoles aparecieron de repente 700 empleados de la Casa Rosada que no iban a trabajar desde hace tres años.
El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich ordenó a todos sus empleados que se presentaran a trabajar, ya que, hasta ahora, "y de manera insólita", estaban exentos de acudir a la oficina a trabajar debido a la "emergencia sanitaria" de una esa época en el 2020 de la que yo le hablo que, si bien estalló en 2020, hace ya dos años que terminó.
Las anécdotas al respecto son numerosas. Trabajadores que, de pronto, se encuentran con compañeros que nunca antes habían visto y otros muchos que no acudían a la oficina desde la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, pero que, tras el anuncio de Milei, eran conscientes de que "se acabó la fiesta". A partir de ahora, "el que no trabaja no cobra".
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"Se acabó la fiesta": miles de 'ñoquis' van a trabajar por primera vez en Argentina
El Gobierno de Milei calcula el despido de más de 30.000 funcionarios del Estado tras la primera ronda de auditorías.
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"Se acabó la fiesta": miles de 'ñoquis' van a trabajar por primera vez en Argentina
El Gobierno de Milei calcula el despido de más de 30.000 funcionarios del Estado tras la primera ronda de auditorías.
Dentro del primer paquete de medidas urgentes anunciado por el nuevo Gobierno de Javier Milei en Argentina, hay algunas que van dirigidas directamente a reducir el tamaño de la Administración y de las plantillas públicas.
Entre otras, destaca la eliminación de la mitad de ministerios y secretarías, pasando de 18 a 9 y de 106 secretarías a 54, respectivamente, lo cual redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos del Estado.
Tampoco se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, dado que en Argentina es habitual que los políticos enchufen directamente a familiares y amigos en la Administración justo antes de que finalice el mandato de gobierno. Asimismo, el nuevo Gobierno ha exigido la presencialidad del 100% de los empleados públicos, tras años de teletrabajo como consecuencia del estallido de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 en 2020.
Y también se realizarán auditorías internas en los diferentes organismos del sector público para detectar irregularidades y, especialmente, identificar a los funcionarios parásitos, los conocidos popularmente como ñoquis, empleados colocados a dedo que, si bien cobran del Estado, en realidad no trabajan y sólo van a la oficina a final de mes a firmar la nómina.
Aunque se desconoce su número exacto, las estimaciones existentes oscilan entre 1 y 1,5 millones de ñoquis o empleados públicos "militantes", del total de 3,5 millones de personas que trabajan en la Administración Pública del país. Es decir, casi un tercio de los empleados públicos no trabajan, pero cobran.
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, advertía el pasado lunes que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado", pero "con lo que no estamos de acuerdo, y vamos a combatir, es con lo que se denomina el empleo militante, que está por una cuestión política, no aporta nada y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar". A este respecto, avanzó que "si ocupan una silla, pero no trabajan ni aportan valor, ese empleo va a dejar de existir".
Más de 30.000 funcionarios serán despedidos de inicio
Dicho y hecho. Tras este anuncio, son miles los funcionarios parásitos que, de repente, han llegado a las oficinas gubernamentales por primera vez en años para empezar a trabajar. El Gobierno de Milei prevé que las auditorías de la Administración Pública podrían estar listas para la última semana de diciembre. Y los primeros cálculos apuntan a cerca de 30.000 empleados que podrían ser despedidos tan sólo en la Administración Central, algo menos del 10% de la plantilla estatal.
Este primer plan de reducción estatal pone la mira en las contrataciones y nombramientos posteriores el decreto 426/2022, que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. La medida regía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero el equipo de Milei sostiene que no se cumplió. Si la auditoría marca que existen irregularidades surgirá la figura de la exoneración en el sector público, lo que se traduce en que el Estado no pagará indemnizaciones. Y a ello hay que sumar la no renovación de todos los empleados con contratos inferiores a un año y la obligación de presencialidad, lo cual también contribuirá a eliminar personal, ya que "muchos que cobran un sueldo tienen otros trabajos y no vienen", según indican desde el Gobierno.
Pero esto es sólo el principio. El plan de reducción de personal tiene diferentes etapas y el objetivo último consiste en prescindir de todo empleado público que no sea necesario. Aquí entran los famosos ñoquis, que cobran, pero, en realidad, no trabajan. Sea como fuere, el mero anuncio de estas medidas ya ha empezado a surtir efecto. El pasado miércoles aparecieron de repente 700 empleados de la Casa Rosada que no iban a trabajar desde hace tres años.
El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich ordenó a todos sus empleados que se presentaran a trabajar, ya que, hasta ahora, "y de manera insólita", estaban exentos de acudir a la oficina a trabajar debido a la "emergencia sanitaria" de una esa época en el 2020 de la que yo le hablo que, si bien estalló en 2020, hace ya dos años que terminó.
Las anécdotas al respecto son numerosas. Trabajadores que, de pronto, se encuentran con compañeros que nunca antes habían visto y otros muchos que no acudían a la oficina desde la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, pero que, tras el anuncio de Milei, eran conscientes de que "se acabó la fiesta". A partir de ahora, "el que no trabaja no cobra".
¿Quiénes son los "ñoquis" a los que tanto desprecia Milei en Argentina y por qué se les llama así?
El término, que designa de forma despectiva a los funcionarios más vagos de la Administración, procede de una histórica tradición del país.
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