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Será en Octubre
Teresa Gisbert, acusadora de Oltra: una veteranísima fiscal experta en menores y de perfil progresista
PREMIUM
Nieta del último alcalde republicano de Valencia, la fiscal superior del TSJ fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pero es muy reconocida entre el sector conservador
La fiscal superior del TSJ de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, durante una entrevista.JOSÉ CUÉLLAR
Nieta del último alcalde republicano de Valencia, Manuel Gisbert, y con una hija juez, destaca por su perfil progresista. Fue miembro del Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, de 1991 a 1996, y estuvo vinculada durante años a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Pero siempre ha sido bien vista por la sensibilidad conversadora por su contrastado trabajo. De hecho, sus votos la llevaron primero a la Fiscalía Provincial en 2008 y después a la Fiscalía Superior del TSJ en febrero de 2019.
Como responsable provincial, Teresa Gisbert participó en la causa que envió a prisión al ex conseller Rafael Blasco por robar fondos de cooperación. En ese caso, los funcionarios recibieron instrucciones, algo que a la fiscal le impactó. «Lo que más me asombra es esa desfachatez y el intento de obligar a los técnicos a actuar contra su criterio. Les obligaban a decir lo que ellos querían, y el técnico se resistía. Hay que sacar algo positivo y poner en valor la labor de los funcionarios que actuaron como deben hacerlo», admitía en una entrevista a EL MUNDO.
Bien sabe Teresa Gisbert de lo que habla Mónica Oltra. Lo tiene detectado y ha luchado contra eso desde hace más de una década. «Tenemos que intentar no ser utilizados por los partidos. Mi obligación es cumplir la ley e investigar si hay algo, venga de quien venga. Pero si no hay nada, venga de quien venga, se archivará», dijo en 2014. Y en el caso de los funcionarios de Igualdad y Oltra, el instructor, ella y la Sala Civil y Penal del TSJ han visto algo, «indicios plurales» de un «plan preestablecido» para beneficiar al ex marido de Mónica Oltra y proteger su carrera política.
La Fiscal Superior del TSJ no quiso esquivar la causa más polémica y mediática de los últimos años porque, sobre todo, trata de dilucidar si el sistema protegió a la menor de 14 años.
Su profundo conocimiento de la responsabilidad de la Administración con respecto a los tutelados y del funcionamiento de los centros la llevó a incidir expresamente en el delito de abandono que atribuye a los 13 funcionarios y la vicepresidenta. «El hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo. El tutor está obligado a velar por el tutelado, poniéndose en grave peligro la formación de la menor», sentenció.
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- INMA LIDÓN
@inma_lidon
Valencia
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Nieta del último alcalde republicano de Valencia, la fiscal superior del TSJ fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pero es muy reconocida entre el sector conservador
La fiscal superior del TSJ de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, durante una entrevista.JOSÉ CUÉLLAR
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Nieta del último alcalde republicano de Valencia, Manuel Gisbert, y con una hija juez, destaca por su perfil progresista. Fue miembro del Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, de 1991 a 1996, y estuvo vinculada durante años a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Pero siempre ha sido bien vista por la sensibilidad conversadora por su contrastado trabajo. De hecho, sus votos la llevaron primero a la Fiscalía Provincial en 2008 y después a la Fiscalía Superior del TSJ en febrero de 2019.
Como responsable provincial, Teresa Gisbert participó en la causa que envió a prisión al ex conseller Rafael Blasco por robar fondos de cooperación. En ese caso, los funcionarios recibieron instrucciones, algo que a la fiscal le impactó. «Lo que más me asombra es esa desfachatez y el intento de obligar a los técnicos a actuar contra su criterio. Les obligaban a decir lo que ellos querían, y el técnico se resistía. Hay que sacar algo positivo y poner en valor la labor de los funcionarios que actuaron como deben hacerlo», admitía en una entrevista a EL MUNDO.
También vivió en primera línea los esfuerzos para que el accidente del metro de julio de 2007 llegara a juicio y las primeras investigaciones sobre corrupción en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá. Para ella, aquella etapa de corrupción respondía «a una forma de vivir en la cultura del pelotazo. Los corruptos están en todos lados, en todos los partidos, y esos casos responden a un momento en el que se confundió lo que era el dinero público con cuestiones particulares». En este punto, la postura de la fiscal, que no duda en afirmar que nunca aceptaría «instrucciones políticas», estaba en la misma línea que Mónica Oltra, entonces diputada portavoz de Compromís, azote de corruptos y hoy vicepresidenta que señala a los tribunales por prestarse al llamado «lawfare», la guerra que lleva a la judicialización de asuntos con el fin de dañar al oponente político.
Bien sabe Teresa Gisbert de lo que habla Mónica Oltra. Lo tiene detectado y ha luchado contra eso desde hace más de una década. «Tenemos que intentar no ser utilizados por los partidos. Mi obligación es cumplir la ley e investigar si hay algo, venga de quien venga. Pero si no hay nada, venga de quien venga, se archivará», dijo en 2014. Y en el caso de los funcionarios de Igualdad y Oltra, el instructor, ella y la Sala Civil y Penal del TSJ han visto algo, «indicios plurales» de un «plan preestablecido» para beneficiar al ex marido de Mónica Oltra y proteger su carrera política.
La dureza de su escrito firmado por Gisbert que imputa tres presuntos delitos a Mónica Oltra en la gestión del caso de abusos de su ex marido a una tutelada nace de la independencia que siempre ha defendido y, precisamente, de su condición de jurista experta en esta materia.
La Fiscal Superior del TSJ no quiso esquivar la causa más polémica y mediática de los últimos años porque, sobre todo, trata de dilucidar si el sistema protegió a la menor de 14 años.
Su profundo conocimiento de la responsabilidad de la Administración con respecto a los tutelados y del funcionamiento de los centros la llevó a incidir expresamente en el delito de abandono que atribuye a los 13 funcionarios y la vicepresidenta. «El hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo. El tutor está obligado a velar por el tutelado, poniéndose en grave peligro la formación de la menor», sentenció.
