JuanJoseRuiz
Madmaxista
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Las renovables españolas no quitan ojo a Holaluz. Tras meses de negociaciones, la comercializadora catalana aún no ha cerrado un acuerdo financiero ni con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ni con la Generalitat, los dos principales balones de oxígeno que había previsto la empresa, que quintuplicó sus pérdidas en 2023, hasta los 26 millones de euros. Así las cosas, la crisis de la compañía que dirige Carlota Pi se ha convertido en un tema recurrente en el sector, donde distintos operadores verdes ya temen por un efecto contagio.
En el frente catalán, donde la parálisis política es total, no se esperan avances en las negociaciones entre la Generalitat y Holaluz, al menos, hasta después del verano. Tampoco en las que mantiene con la institución que preside José Carlos García de Quevedo hay horizonte de acuerdo.
"El daño reputacional puede llegarnos a todas", apunta el CEO de un grupo rival de Holaluz. Como la firma catalana, su compañía también combina una apuesta decidida por la instalación de autoconsumo y la venta directa de energía verde. No es el único que lo piensa.
Hasta tres altos directivos del negocio de las energías limpias convienen en que existe una preocupación general por el impacto de una eventual caída de la empresa catalana, al menos en el plano financiero, pues anticipan que la banca puede llegar a optar por restricciones de crédito generalizadas a compañías con un patrón similar al de Holaluz.
Otras voces enmarcan estos comentarios en una visión "catastrofista" que no responde a la situación de "normalidad" que vive la compañía y defienden que la búsqueda de financiación a medio o largo plazo para reemplazar deuda a corto plazo es "algo habitual en el negocio de comercialización de energía". Si bien, generalmente y cuando los bancos perciben normalidad, lo habitual es que sean ellos mismos, los acreedores, los que aprueben una extensión de los plazos de amortización. Lo que busca Holaluz, en cambio, son nuevos acreedores, preferiblemente públicos, incluso, un acuerdo con un socio industrial que aporte fondos a cambio de una parte del capital.
En su momento, el Consejo de Holaluz acordó que, de no obtener la finaciación "prevista", presentaría un "preconcurso de acreedores". Paradójicamente, ese es el escenario que más temen sus competidores. La prudencia es ya la receta que desde hace unos meses están aplicando al sector renovable los departamentos de riesgos del los grandes bancos del país. Solo obtienen crédito a un precio asequible proyectos muy sólidos encabezados por promotores capaces de acreditar sus credenciales.
El contexto nacional, al menos en el medio plazo, seguirá estando marcado por una alta volatilidad de precios y de precaución por las sucesivas crisis en cotizadas del sector, como Soltec, EiDF o la propia Holaluz. Ni siquiera gigantes como Acciona Energía, que cerraron 2023 con beneficios millonarios, se salvan del golpe bursátil: el valor en bolsa de la empresa que nació como un spin off del grupo controlado por la familia Entrecanales se ha recortado un 40% desde 2021, año de su debut.
Holaluz celebró el pasado viernes su Junta de Accionistas, a la que llegó con cierto alivio financiero. Primero, gracias al agresivo plan de recorte de gastos que está aplicando la firma desde hace meses. Segundo, debido a la obtención de 8,1 millones de euros por la venta de una cartera de 800 préstamos a clientes de autoconsumo y de otros contratos pendientes de cobro con la Administración.
La citada asamblea de accionistas también inflamó la crisis de gobernanza que arrastra la empresa desde que afloraron las tensiones financieras. Los fundadores de Holaluz, encabezados por Carlota Pi, anunciaron la apertura de una "acción social de responsabilidad", una suerte de reclamación por daños, a los dos accionistas díscolos que en su momento se negaron a firmar las últimas cuentas del grupo, los fondos Axon Capital y Geroa Pentsioak. Ambos, que concentran el 22% del capital, habían pedido la destitución de Pi.
En el frente catalán, donde la parálisis política es total, no se esperan avances en las negociaciones entre la Generalitat y Holaluz, al menos, hasta después del verano. Tampoco en las que mantiene con la institución que preside José Carlos García de Quevedo hay horizonte de acuerdo.
"El daño reputacional puede llegarnos a todas", apunta el CEO de un grupo rival de Holaluz. Como la firma catalana, su compañía también combina una apuesta decidida por la instalación de autoconsumo y la venta directa de energía verde. No es el único que lo piensa.
Hasta tres altos directivos del negocio de las energías limpias convienen en que existe una preocupación general por el impacto de una eventual caída de la empresa catalana, al menos en el plano financiero, pues anticipan que la banca puede llegar a optar por restricciones de crédito generalizadas a compañías con un patrón similar al de Holaluz.
Otras voces enmarcan estos comentarios en una visión "catastrofista" que no responde a la situación de "normalidad" que vive la compañía y defienden que la búsqueda de financiación a medio o largo plazo para reemplazar deuda a corto plazo es "algo habitual en el negocio de comercialización de energía". Si bien, generalmente y cuando los bancos perciben normalidad, lo habitual es que sean ellos mismos, los acreedores, los que aprueben una extensión de los plazos de amortización. Lo que busca Holaluz, en cambio, son nuevos acreedores, preferiblemente públicos, incluso, un acuerdo con un socio industrial que aporte fondos a cambio de una parte del capital.
En su momento, el Consejo de Holaluz acordó que, de no obtener la finaciación "prevista", presentaría un "preconcurso de acreedores". Paradójicamente, ese es el escenario que más temen sus competidores. La prudencia es ya la receta que desde hace unos meses están aplicando al sector renovable los departamentos de riesgos del los grandes bancos del país. Solo obtienen crédito a un precio asequible proyectos muy sólidos encabezados por promotores capaces de acreditar sus credenciales.
El contexto nacional, al menos en el medio plazo, seguirá estando marcado por una alta volatilidad de precios y de precaución por las sucesivas crisis en cotizadas del sector, como Soltec, EiDF o la propia Holaluz. Ni siquiera gigantes como Acciona Energía, que cerraron 2023 con beneficios millonarios, se salvan del golpe bursátil: el valor en bolsa de la empresa que nació como un spin off del grupo controlado por la familia Entrecanales se ha recortado un 40% desde 2021, año de su debut.
Holaluz celebró el pasado viernes su Junta de Accionistas, a la que llegó con cierto alivio financiero. Primero, gracias al agresivo plan de recorte de gastos que está aplicando la firma desde hace meses. Segundo, debido a la obtención de 8,1 millones de euros por la venta de una cartera de 800 préstamos a clientes de autoconsumo y de otros contratos pendientes de cobro con la Administración.
La citada asamblea de accionistas también inflamó la crisis de gobernanza que arrastra la empresa desde que afloraron las tensiones financieras. Los fundadores de Holaluz, encabezados por Carlota Pi, anunciaron la apertura de una "acción social de responsabilidad", una suerte de reclamación por daños, a los dos accionistas díscolos que en su momento se negaron a firmar las últimas cuentas del grupo, los fondos Axon Capital y Geroa Pentsioak. Ambos, que concentran el 22% del capital, habían pedido la destitución de Pi.
