El CNI vuelve a frenar ante la Audiencia Nacional la concesión de nacionalidad a un joven que trabaja desde 1999 para los servicios secretos de Rabat.
De nuevo el espionaje jovenlandés. Y de nuevo una sentencia que revela que los servicios secretos del país vecino, mantienen una actividad frenética en territorio nacional, solo superada en agresividad, según los responsables de la seguridad del Estado, por el espionaje ruso. La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que el país vecino ha llegado a desplegar en España agentes que llevan trabajando para la inteligencia de Rabat ininterrumpidamente al menos desde la llegada al trono de Mohamed VI hace 24 años.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la denegación de la nacionalidad española a un ciudadano jovenlandés después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiera al tribunal un informe en el que detallaba que el solicitante del pasaporte era sospechoso de colaborar con el espionaje de Rabat «desde el año 1999 hasta la actualidad».
La resolución, fechada al pasado 9 de octubre, subraya que el supuesto espía en sus alegaciones «no desmiente» que haya venido trabajando para los servicios secretos del país vecino durante casi un cuarto de siglo.
El tribunal de la calle Génova pidió el pasado enero un informe ampliatorio y «confidencial» al CNI sobre la «colaboración con servicios de inteligencia extranjeros» del jovenlandés, después de que éste recurriera la decisión de noviembre de 2020 de la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, de denegarle la nacionalidad a pesar de que el solicitante llevaba una década de residencia legal en España. Y a la vista de los nuevos datos aportados por el CNI, la Audiencia Nacional confirma la decisión de Justicia de negarle la ciudadanía española por motivos de «seguridad nacional».
Una década
Este fallo que deniega la nacionalidad al veterano espía de Rabat no ni mucho menos, no es el único conocido recientemente. Desde hace una década, el CNI viene aireando en al menos siete sentencias diferentes las actividades de los servicios secretos del país vecino en España como forma de impedir que estos agentes accedan a la ciudadanía.
Y es que el Supremo, a partir de resoluciones dictadas entre 2011 y 2013, sentó doctrina obligando al CNI a descubrirle sus cartas (o al menos parte de ellas). El alto tribunal estableció que los servicios secretos no pueden invocar, sin más, motivos de «seguridad nacional» para informar en contra de la concesión de la nacionalidad o el asilo o para pedir la expulsión de un extranjero, sino que tenían que ofrecer «un mínimo de datos sobre las razones determinantes de la decisión». Así que el CNI, desde entonces -y en pildoritas-, va quemando agentes y destapando operaciones de espionaje jovenlandés.
El espionaje de Rabat, según diversas fuentes, es el principal sospechoso del robo de información con el malware Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en 2021. Pero Rabat no solo utiliza tecnología punta sino también agentes sobre el terreno, tal y como revelan las continuas sentencias, que han constatado que el espionaje del país vecino se mantiene inmune a los vaivenes diplomáticos entre los dos países (ya sea la crisis provocada por la acogida del líder del Polisario Brahim Ghali en abril de 2021 o la 'reconciliación' de marzo de 2022 tras el reconocimiento de facto Pedro Sánchez de la soberanía jovenlandés del Sáhara).
Espionaje a saharauis
Así las cosas, en mayo de este mismo año otra sentencia de la Audiencia Nacional destapó una red jovenlandés de espionaje a ciudadanos saharauis en España tras un informe del CNI que recomendaba negar la ciudadanía a un solicitante por «su colaboración con los servicios de inteligencia marroquíes desde el año 2010» sobre todo «informando de los ámbitos del Frente Polisario y colonia jovenlandés residente en España».
En septiembre de 2022, la Audiencia Nacional, en otra sentencia sobre nacionalidad, desveló la existencia de una red de espionaje basada en los consulados marroquíes de Sevilla y Madrid, al menos desde 2016.
Otra sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2020 destapó una red que operó entre 2008 y 2016 con base en el Consulado de jovenlandia en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018 trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército jovenlandés.
En marzo de 2015, el CNI hizo pública la mayor red de espionaje jovenlandés conocida para conseguir la expulsión de su cabecilla. Ese grupo, radicado en Barcelona y que actuó desde 2000 durante años, según los documentos oficiales, «elaboró numerosos informes periódicos», «favoreció la difusión de ideologías extremistas religiosas» por orden de Rabat y usó «una red de colaboradores y confidentes distribuidos por las cuatro provincias catalanas para (…..) manipular las voluntades de los representantes fiel a la religión del amores en Cataluña».
En julio de 2013, la Justicia reveló la existencia de una trama establecida en Granada y con «estrecha relación» con el consulado jovenlandés en Almería, que era desde donde se dirigía esta célula, que también estaba vinculada a agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio en Tetuán.
De nuevo el espionaje jovenlandés. Y de nuevo una sentencia que revela que los servicios secretos del país vecino, mantienen una actividad frenética en territorio nacional, solo superada en agresividad, según los responsables de la seguridad del Estado, por el espionaje ruso. La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que el país vecino ha llegado a desplegar en España agentes que llevan trabajando para la inteligencia de Rabat ininterrumpidamente al menos desde la llegada al trono de Mohamed VI hace 24 años.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la denegación de la nacionalidad española a un ciudadano jovenlandés después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiera al tribunal un informe en el que detallaba que el solicitante del pasaporte era sospechoso de colaborar con el espionaje de Rabat «desde el año 1999 hasta la actualidad».
La resolución, fechada al pasado 9 de octubre, subraya que el supuesto espía en sus alegaciones «no desmiente» que haya venido trabajando para los servicios secretos del país vecino durante casi un cuarto de siglo.
El tribunal de la calle Génova pidió el pasado enero un informe ampliatorio y «confidencial» al CNI sobre la «colaboración con servicios de inteligencia extranjeros» del jovenlandés, después de que éste recurriera la decisión de noviembre de 2020 de la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, de denegarle la nacionalidad a pesar de que el solicitante llevaba una década de residencia legal en España. Y a la vista de los nuevos datos aportados por el CNI, la Audiencia Nacional confirma la decisión de Justicia de negarle la ciudadanía española por motivos de «seguridad nacional».
Una década
Este fallo que deniega la nacionalidad al veterano espía de Rabat no ni mucho menos, no es el único conocido recientemente. Desde hace una década, el CNI viene aireando en al menos siete sentencias diferentes las actividades de los servicios secretos del país vecino en España como forma de impedir que estos agentes accedan a la ciudadanía.
Y es que el Supremo, a partir de resoluciones dictadas entre 2011 y 2013, sentó doctrina obligando al CNI a descubrirle sus cartas (o al menos parte de ellas). El alto tribunal estableció que los servicios secretos no pueden invocar, sin más, motivos de «seguridad nacional» para informar en contra de la concesión de la nacionalidad o el asilo o para pedir la expulsión de un extranjero, sino que tenían que ofrecer «un mínimo de datos sobre las razones determinantes de la decisión». Así que el CNI, desde entonces -y en pildoritas-, va quemando agentes y destapando operaciones de espionaje jovenlandés.
El espionaje de Rabat, según diversas fuentes, es el principal sospechoso del robo de información con el malware Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en 2021. Pero Rabat no solo utiliza tecnología punta sino también agentes sobre el terreno, tal y como revelan las continuas sentencias, que han constatado que el espionaje del país vecino se mantiene inmune a los vaivenes diplomáticos entre los dos países (ya sea la crisis provocada por la acogida del líder del Polisario Brahim Ghali en abril de 2021 o la 'reconciliación' de marzo de 2022 tras el reconocimiento de facto Pedro Sánchez de la soberanía jovenlandés del Sáhara).
Espionaje a saharauis
Así las cosas, en mayo de este mismo año otra sentencia de la Audiencia Nacional destapó una red jovenlandés de espionaje a ciudadanos saharauis en España tras un informe del CNI que recomendaba negar la ciudadanía a un solicitante por «su colaboración con los servicios de inteligencia marroquíes desde el año 2010» sobre todo «informando de los ámbitos del Frente Polisario y colonia jovenlandés residente en España».
En septiembre de 2022, la Audiencia Nacional, en otra sentencia sobre nacionalidad, desveló la existencia de una red de espionaje basada en los consulados marroquíes de Sevilla y Madrid, al menos desde 2016.
Otra sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2020 destapó una red que operó entre 2008 y 2016 con base en el Consulado de jovenlandia en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018 trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército jovenlandés.
En marzo de 2015, el CNI hizo pública la mayor red de espionaje jovenlandés conocida para conseguir la expulsión de su cabecilla. Ese grupo, radicado en Barcelona y que actuó desde 2000 durante años, según los documentos oficiales, «elaboró numerosos informes periódicos», «favoreció la difusión de ideologías extremistas religiosas» por orden de Rabat y usó «una red de colaboradores y confidentes distribuidos por las cuatro provincias catalanas para (…..) manipular las voluntades de los representantes fiel a la religión del amores en Cataluña».
En julio de 2013, la Justicia reveló la existencia de una trama establecida en Granada y con «estrecha relación» con el consulado jovenlandés en Almería, que era desde donde se dirigía esta célula, que también estaba vinculada a agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio en Tetuán.
https://www.elcorreo.com/politica/s...-espana-interrupcion-20231128071712-ntrc.html
