Sin fecha el juicio por la trama de corrupción socialista destapada en Estepona en 2007

Parece que no podrá celebrarse antes de 2023, 16 años más tarde del comienzo de la Instrucción.
Pedro de Tena
2021-09-01
Sin fecha el juicio por la trama de corrupción socialista destapada en Estepona en 2007

• Compartir
• Enviar
• Tuitear

[IMG alt="Parece que no podrá celebrarse antes de 2023, 16 años más tarde del comienzo de la Instrucción.
"]https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png[/IMG]Vista de la ciudad de Estepona. | Europa Press

Hace más de 14 años, el 29 de marzo de 2007 se abría una investigación judicial por la presencia de una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. A principios de junio de 2008, hace 13 años largos, estalló el caso Astapa, que afectaba de lleno a la gestión socialista en esta localidad malagueña, una de las joyas municipales de la Costa del Sol. En 2008 se declaró el secreto de un sumario que poco a poco fue desvelándose, pero a fecha de hoy, no se sabe en qué momento judicial está el caso.
En esta ocasión no fue la oposición política la que denunció uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, sino que fueron dos concejales socialistas, David Valadez y Cristina Alarcón, los que informaron a la Policía y al PSOE de las tramas corruptas que pululaban por el Ayuntamiento que regía el socialista Antonio Barrientos que encarcelado al poco tiempo. Valadez fue luego alcalde de la ciudad y fue imputado posteriormente en el caso.
Desde 2008 a 2010, se acumularon en instrucción bajo secreto de sumario miles de folios, casi 3.000, agrupados en 19 tomos que vieron la luz en esa fecha. Para darnos cuenta de la importancia del caso Astapa, de semejante índole al caso Malaya, que estalló durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es preciso repasar algunos titulares de las noticias que se publicaron desde 2008:
El caso Estepona es otro macrocaso andaluz de corrupción política y urbanística entre otras cosas, se llevó por delante al exalcalde socialista Antonio Barrientos e implicó a numerosas personas de las que 94 iban a ser juzgadas por haberse completado la instrucción, pero esa cifra se ha ido reduciendo. También estuvo implicado el pecio del partido de Jesús Gil en Estepona, que tenía vasos comunicantes con el PSOE.
Ya el juez había desestimado la imputación inicial de un grupo de 18 personas por falta de indicios suficientes. Entre ellas estaba la de la ex directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del que fuera presidente del Senado, el socialista Javier Rojo; el ex secretario municipal José Gustavo Rubio y los familiares del exalcalde Antonio Barrientos, entre ellos la progenitora.
El martes, 16 de junio de 2008, el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona fue registrado por la Policía Nacional, la UDEF. Entre los veinte detenidos se encontraban el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y varios concejales, por un posible delito de corrupción urbanística.
La Fiscalía Anticorrupción consideró que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella: recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado con "mordidas" para los actuantes.
La dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado entonces por Manuel Chaves, no hizo caso alguno a las denuncias por lo que el entonces alcalde Barrientos siguió en el cargo. Tampoco se sintió directamente aludida la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, luego diputada nacional, que fue informada con detalle según la Policía.
Casi inmediatamente después de ser detenido el ex alcalde Barrientos confesaba al juez instructor que el PSOE de Estepona se financió durante un largo periodo de tiempo gracias a las "donaciones" de empresarios con intereses en la zona y que la caja de ahorros guipuzcoana conocida como la Kutxa era el punto de canalización de estas operaciones.
La pista del dinero
Como en el caso Marbella, para alcanzar el meollo de la cuestión hay que seguir, como generalmente, la pista del dinero. ¿Cómo se obtiene dinero irregular en los Ayuntamientos? La principal manera de la época, con boom inmobiliario, eran los convenios urbanísticos.
Por ejemplo, en sólo 7 convenios urbanísticos se malversaron 20 millones de euros que no fueron a las arcas municipales. Se han estudiado otros 31 convenios. El motivo era la infravaloración de los terrenos que adjudicaba el Ayuntamiento a particulares o empresas, recibiendo por ello, ya por vías ocultas, parte de ese dinero como compensación por los favores.
Igualmente, han sido objeto de instrucción los nombramientos irregulares y las adjudicaciones de contratos a dedo desde la remodelación de equipamientos municipales a la adjudicación de chiringuitos playeros.
Según el juez, en el Ayuntamiento de Estepona había tres cajas: la A, la B y una novedad, la C. Como es costumbre, la Caja A era la caja legal, la que se ajustaba a la normativa. Pero en las cajas B y C era donde se ingresaban los dineros oscuros. En la B se anotaban las "donaciones voluntarias" de los empresarios beneficiados y en la C, los pagos de gastos electorales al PSOE y regalos a los concejales, familiares y personajes relacionados.
Uno de los principales beneficiados fue el ex alcalde Antonio Barrientos y luego están, naturalmente, los empresarios que pagaban al Ayuntamiento por conseguir sus objetivos. En el sumario están los nombres de Luis Fernando Linares Torres, Severiano López Martín, José Romero, Rafael Bodega, Jamal Satli Iglesias, Aurelio Martín o Antonio López Soto.
La tela de araña socialista municipal
Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más llamó la atención a los agentes fue la contratación, en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales, de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales.
Si el ex primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana María Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, luego colocado en una Fundación socialista, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.
Pero el colofón lo puso la investigación policial aportando la prueba irrefutable que mostraba cómo se tejía ilegalmente una tela de araña por los dirigentes del PSOE en Estepona. En el caso Astapa, el sumario ofreció la evidencia de que 120 de los 315 afiliados del PSOE en la ciudad fueron colocados en el Ayuntamiento, a lo que había que sumar 40 familiares de personas afiliadas al PSOE.
¿Y el día del juicio?
La instrucción se cerró en 2017. Aunque fueron imputadas 107 personas, poco a poco fueron reduciéndose hasta los 51 actuales para los que la Fiscalía pedía entonces 205 años de guandoca por diferentes presuntos delitos.
El caso Astapa se sostiene, fundamentalmente, en las supuestas infravaloraciones de los aprovechamientos urbanísticos de los convenios suscritos por el Ayuntamiento y el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. A lo largo de la instrucción se han analizado 38 convenios y la fiscalía ha logrado fijar, en 13 de ellos, un supuesto perjuicio de algo más de 28 millones de euros por esas tasaciones a la baja. El fiscal, en su escrito, precisa que hay "otros convenios de gestión" cuya infravaloración "no ha podido acreditarse".
Lo último del caso son unas declaraciones del ex alcalde socialista Antonio Barrientos implicando al oscuro y omnipresente ex comisario y empresario José Manuel Villarejo, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, estuvo desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 3 de marzo de 2021 en prisión provisional sin fianza.
El PP ha sostenido el pasado mes de mayo que Villarejo podría haber sido contratado como agente al servicio del PSOE en el caso Astapa. De hecho, el diputado popular Luis Santamaría, durante su comparecencia en la Comisión de investigación del caso 'Kitchen', preguntó a Villarejo sobre su intervención en diversas operaciones que le fueron encomendadas por gobiernos socialistas, por ejemplo en el caso Astapa, lo que no fue negado por el ex comisario.
Contaba El País el pasado mes de marzo que "desde hace dos años, un solo funcionario con un sistema informático insuficiente se encarga de una macrocausa que hoy tiene 116 tomos principales y 646 documentales."
Desde 2007, por el caso han desfilado 10 jueces y 6 secretarios judiciales. Pero a día de hoy, no hay fecha definida para un juicio que no se espera para antes de 2023, 16 años más tarde, algo que tiene pocos precedentes.
Te puede interesar:

Hace falta más jueces y menos políticos