El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
¿Se imaginan estar sufriendo la peor sequía de la historia en España, tener la fábrica de agua más grande de Europa y no poder usarla por falta de electricidad? No parece posible en un país teóricamente avanzado como España, ¿verdad? Pues se equivocan. Sí, está ocurriendo. En Torrevieja. Allí se ubica la planta desaladora con más capacidad de la Unión Europea. Costó casi 300 millones de euros, puede generar hasta 80 hectómetros cúbicos de agua al año (con la posibilidad de acometer una ampliación hasta 120 Hm3) y apenas funciona al 30% de su capacidad. La razón, como cuando a uno le salta el diferencial cuando enchufa a la vez la lavadora y el microondas porque el contrato de la Iberdrola de turno se queda corto: no le llega suficiente potencia eléctrica.
La mayor inversión realizada para paliar los problemas de insuficiencia de recursos hídricos en el sur de Alicante y el norte de Murcia es un parche que no compensa la fuerte presión que está sufriendo la cabecera del río Tajo y el trasvase hacia el Segura. La empresa pública Acuamed, titular de la infraestructura y responsable de su explotación, ha cegado el acceso a los regantes para poder atender en exclusiva los abastecimientos urbanos. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a agilizar las obras de mejora de la electrificación de media tensión tras las reiteradas peticiones de agricultores y de la Conselleria de Medio Ambiente, pero la solución sigue sin llegar y los regantes han fiado lo que queda de temporada a los acuíferos de la zona y a un aporte procedente de agua depurada de Benidorm, pues el trasvase Tajo-Segura está cerrado a la espera de que se recuperen los caudales. “Hemos hecho reiteradas peticiones al ministerio para que ejecute la ampliación de la potencia eléctrica porque resolvería muchos de los problemas que hay en el sur de Alicante”, señala a El Confidencial Julià Àlvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana.
Torrevieja forma parte del gran plan que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como alternativa al trasvase del Ebro en plena guerra del agua con las autonomías del sureste de España. La solución mágica de aprovechar el suministro infinito del agua del mar se ha quedado a medias, con plantas infrautilizadas o sin uso e inversiones millonarias por ahora desperdiciadas en la Comunidad Valenciana. Torrevieja es el caso más claro, porque afecta directamente al sector agrícola. Pero esta autonomía cuenta con otras cuatro plantas de coste millonario que no es que funcionen a medio gas, es que directamente están por estrenar desde hace varios años.
En la provincia de Alicante hay otra planta más pequeña (18 Hm3), la de Mutxamel, que está paralizada por ausencia de conexión con los canales del Taibilla, y que podría abastecer a los poblaciones turísticas de Benidorm y Campello. Ahora no tiene demanda porque estas poblaciones tienen recursos del embalse de Amadorio y caudales como los pozos del Algar. Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción denuncian que una pequeña conexión con los canales que abastecen a Benidorm permitiría aliviar la presión sobre los acuíferos naturales. “Esta planta podría dar apoyo a Benidorm para evitar la sobreexplotación de acuíferos. Estuvo en marcha hace dos años, pero hubo lluvias y ahora no tiene demanda y no se han hecho las conexiones necesarias. Podría servir para liberar caudales naturales”, señala Carlos Arribas, portavoz de la asociación ecologista.
La situación es similar en el caso de Sagunto. La ciudad cuenta con una planta desaladora que costó 38 millones de euros. Se planificó en el marco del Programa A.G.U.A. de Zapatero en previsión de un crecimiento industrial y de población que no se ha producido, y el ayuntamiento firmó un convenio para hacerse cargo de las amortizaciones de unas inversiones que no utiliza. La infraestructura sigue en manos de Acuamed, que la tiene cerrada, y el consistorio, ahora en manos de Compromís, no sabe cómo quitarse de encima la obligación de asumir unos costes por un agua que sabe que no a va poder vender a sus vecinos porque tiene garantizado el suministro a través de una aportación del canal Júcar-Turia.
La Conselleria de Medio Ambiente está buscando como solución conectar la planta con el área metropolitana de Valencia para reducir la dependencia de los acuíferos naturales y poder desviar aguas de mejor calidad hacia el sur de Valencia, con la intención de mejorar los aportes al entorno natural de La Albufera, castigado también por la sequía. “Es una sinrazón tener infraestructuras sin uso cuando hay necesidad y demanda”, insiste Julià.
Este cúmulo de despropósitos en el uso de infraestructuras públicas no está ayudando para nada a Acuamed a defenderse de las sospechas de uso fraudulento de fondos europeos. Como consecuencia de la investigación judicial abierta en 2016 por la Audiencia Nacional por posible malversación de dinero público, la empresa pública estatal ha tenido que retornar a la Oficina Intermedia de Fondos Europeos un total de 43,6 millones de euros recibidos para acometer obras. De estos, 10,2 corresponden a proyectos cofinanciados que están siendo investigados por el magistrado Eloy Velasco, pero otros 33,4 millones son por obras no incluidas en la causa judicial sobre las que también ha puesto la lupa la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), según recoge el balance de gestión de la mercantil del ejercicio de 2016.
Otras dos desaladoras de Castellón, las de Moncófar y Oropesa, costaron más de 100 millones de euros y ni siquiera se han puesto en marcha. En este caso, se planificaron ante la previsión de un crecimiento urbanístico desmesurado y al calor de proyectos residenciales como la nueva Marina d’Or de Jesús Ger en Cabanes, un proyecto anulado por los tribunales. De estos más de 100 millones, 35 salieron de las arcas de la Unión Europea. Ninguna de las dos plantas funciona, por lo que Acuamed podría verse obligada a devolver el dinero. Si esto ocurre, el balance de la empresa estatal sufrirá importantes problemas de estrés. La mercantil empieza a recibir a partir de este mes vencimientos.
La previsión calcula que la desaladora de Moncófar comience a funcionar en el mes de abril de 2018, pero apenas al 10% de su capacidad
Ante esta perspectiva, la empresa pública ha comenzado a licitar la operación, aunque con previsiones de capacidad muy pobres. “La planta desaladora de Moncófar tiene actualmente como usuarios únicos el Ayuntamiento de Moncófar y el Ayuntamiento de Xilxes. No obstante, en la actualidad el consumo de agua desalada es nulo. Al objeto de valorar el presupuesto base de licitación del contrato, se ha estimado un escenario de producción de la planta para los próximos dos años.
El escenario previsto de funcionamiento varía entre el 0% y el 20% de producción mensual”, señala un documento del expediente de contratación de mantenimiento y vigilancia de la planta que la empresa estatal ha adjudicado este mes. La previsión es que la desaladora de Moncófar comience a funcionar en abril de 2018, pero apenas al 10% de su capacidad.
Sequía: Sin energía, agua muy cara... El desastre millonario de las desaladoras valencianas. Noticias de Comunidad Valenciana
La mayor inversión realizada para paliar los problemas de insuficiencia de recursos hídricos en el sur de Alicante y el norte de Murcia es un parche que no compensa la fuerte presión que está sufriendo la cabecera del río Tajo y el trasvase hacia el Segura. La empresa pública Acuamed, titular de la infraestructura y responsable de su explotación, ha cegado el acceso a los regantes para poder atender en exclusiva los abastecimientos urbanos. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a agilizar las obras de mejora de la electrificación de media tensión tras las reiteradas peticiones de agricultores y de la Conselleria de Medio Ambiente, pero la solución sigue sin llegar y los regantes han fiado lo que queda de temporada a los acuíferos de la zona y a un aporte procedente de agua depurada de Benidorm, pues el trasvase Tajo-Segura está cerrado a la espera de que se recuperen los caudales. “Hemos hecho reiteradas peticiones al ministerio para que ejecute la ampliación de la potencia eléctrica porque resolvería muchos de los problemas que hay en el sur de Alicante”, señala a El Confidencial Julià Àlvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana.
Torrevieja forma parte del gran plan que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como alternativa al trasvase del Ebro en plena guerra del agua con las autonomías del sureste de España. La solución mágica de aprovechar el suministro infinito del agua del mar se ha quedado a medias, con plantas infrautilizadas o sin uso e inversiones millonarias por ahora desperdiciadas en la Comunidad Valenciana. Torrevieja es el caso más claro, porque afecta directamente al sector agrícola. Pero esta autonomía cuenta con otras cuatro plantas de coste millonario que no es que funcionen a medio gas, es que directamente están por estrenar desde hace varios años.
En la provincia de Alicante hay otra planta más pequeña (18 Hm3), la de Mutxamel, que está paralizada por ausencia de conexión con los canales del Taibilla, y que podría abastecer a los poblaciones turísticas de Benidorm y Campello. Ahora no tiene demanda porque estas poblaciones tienen recursos del embalse de Amadorio y caudales como los pozos del Algar. Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción denuncian que una pequeña conexión con los canales que abastecen a Benidorm permitiría aliviar la presión sobre los acuíferos naturales. “Esta planta podría dar apoyo a Benidorm para evitar la sobreexplotación de acuíferos. Estuvo en marcha hace dos años, pero hubo lluvias y ahora no tiene demanda y no se han hecho las conexiones necesarias. Podría servir para liberar caudales naturales”, señala Carlos Arribas, portavoz de la asociación ecologista.
La situación es similar en el caso de Sagunto. La ciudad cuenta con una planta desaladora que costó 38 millones de euros. Se planificó en el marco del Programa A.G.U.A. de Zapatero en previsión de un crecimiento industrial y de población que no se ha producido, y el ayuntamiento firmó un convenio para hacerse cargo de las amortizaciones de unas inversiones que no utiliza. La infraestructura sigue en manos de Acuamed, que la tiene cerrada, y el consistorio, ahora en manos de Compromís, no sabe cómo quitarse de encima la obligación de asumir unos costes por un agua que sabe que no a va poder vender a sus vecinos porque tiene garantizado el suministro a través de una aportación del canal Júcar-Turia.
La Conselleria de Medio Ambiente está buscando como solución conectar la planta con el área metropolitana de Valencia para reducir la dependencia de los acuíferos naturales y poder desviar aguas de mejor calidad hacia el sur de Valencia, con la intención de mejorar los aportes al entorno natural de La Albufera, castigado también por la sequía. “Es una sinrazón tener infraestructuras sin uso cuando hay necesidad y demanda”, insiste Julià.
Este cúmulo de despropósitos en el uso de infraestructuras públicas no está ayudando para nada a Acuamed a defenderse de las sospechas de uso fraudulento de fondos europeos. Como consecuencia de la investigación judicial abierta en 2016 por la Audiencia Nacional por posible malversación de dinero público, la empresa pública estatal ha tenido que retornar a la Oficina Intermedia de Fondos Europeos un total de 43,6 millones de euros recibidos para acometer obras. De estos, 10,2 corresponden a proyectos cofinanciados que están siendo investigados por el magistrado Eloy Velasco, pero otros 33,4 millones son por obras no incluidas en la causa judicial sobre las que también ha puesto la lupa la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), según recoge el balance de gestión de la mercantil del ejercicio de 2016.
Otras dos desaladoras de Castellón, las de Moncófar y Oropesa, costaron más de 100 millones de euros y ni siquiera se han puesto en marcha. En este caso, se planificaron ante la previsión de un crecimiento urbanístico desmesurado y al calor de proyectos residenciales como la nueva Marina d’Or de Jesús Ger en Cabanes, un proyecto anulado por los tribunales. De estos más de 100 millones, 35 salieron de las arcas de la Unión Europea. Ninguna de las dos plantas funciona, por lo que Acuamed podría verse obligada a devolver el dinero. Si esto ocurre, el balance de la empresa estatal sufrirá importantes problemas de estrés. La mercantil empieza a recibir a partir de este mes vencimientos.
La previsión calcula que la desaladora de Moncófar comience a funcionar en el mes de abril de 2018, pero apenas al 10% de su capacidad
Ante esta perspectiva, la empresa pública ha comenzado a licitar la operación, aunque con previsiones de capacidad muy pobres. “La planta desaladora de Moncófar tiene actualmente como usuarios únicos el Ayuntamiento de Moncófar y el Ayuntamiento de Xilxes. No obstante, en la actualidad el consumo de agua desalada es nulo. Al objeto de valorar el presupuesto base de licitación del contrato, se ha estimado un escenario de producción de la planta para los próximos dos años.
El escenario previsto de funcionamiento varía entre el 0% y el 20% de producción mensual”, señala un documento del expediente de contratación de mantenimiento y vigilancia de la planta que la empresa estatal ha adjudicado este mes. La previsión es que la desaladora de Moncófar comience a funcionar en abril de 2018, pero apenas al 10% de su capacidad.
Sequía: Sin energía, agua muy cara... El desastre millonario de las desaladoras valencianas. Noticias de Comunidad Valenciana
