Sigue el escándalo del PSOE andaluz: 35 socialistas y sindicalistas de UGT y CCOO, a juicio por comisiones

Sigue el escándalo del PSOE andaluz: 35 socialistas y sindicalistas de UGT y CCOO, a juicio por comisiones

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José Antonio Griñán.

• BORJA JIMÉNEZ
• • 17/02/2023 12:02
  • ACTUALIZADO: 17/02/2023 13:19

Sigue el escándalo socialista en Andalucía. El juez José Ignacio Vilaplana ha decretado la apertura de juicio oral contra 35 personas, entre los que hay ex consejeros del PSOE y sindicalistas de CCOO y UGT, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita, en su conjunto. Todo obedece a unas sobrecomisiones detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), que estaban financiados, como siempre, con cargo a las arcas públicas de la Junta socialista de Andalucía de, por entonces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Entre los encausados se encuentran el ex consejero socialista de Empleo, Antonio Fernández; el ex sindicalista de UGT y supuesto mediador en la consecución de ayudas autonómicas, Juan Lanzas; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; los supuestos testaferros de Lanzas, Juan Francisco Algarín Lamela y Eduardo Leal; su pareja Beatriz Núñez; el ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, Roberto Carmona Soto; el directivo de Uniter, José González Mata; el ex directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, y su mujer, María José Marcos Férriz; Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero (fallecido en 2020); el abogado Carlos Leal Bonmati o el empresario granadino Ismael Sierra, entre otros.
Antonio Fernández, recordémoslo, cumple actualmente una pena de siete años, once meses y un día de prisión impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos. Juan Márquez, por su parte, está condenado a tres años de prisión por esa misma pieza, si bien la Sección Primera de la Audiencia accedió a suspender un año la ejecución de su pena, mediando su petición de indulto parcial.


Fernández y Márquez están condenados además a siete años y cuatro años de prisión, respectivamente, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE.
Más al detalle, la Fiscalía pide 12 años de prisión para el ex consejero Fernández, para Márquez nueve años de guandoca, para Daniel Alberto Rivera seis años y un mes de prisión, para Lanzas 18 años y para el ex chófer de Guerrero cuatro años de prisión. Además, solicita que el ex consejero Fernández, junto con otros acusados como Albarracín, González Mata o Lanzas, indemnice a la Junta de Andalucía con 59.770.664,25 euros.


Respecto a Juan Márquez pide que indemnice a la Junta «en la cantidad que se determine en ejecución de sentencias por los compromisos y pagos efectuados de la cantidad de 59.770.664,25 euros desde su toma de posesión como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo»; solicitando en paralelo que Fernández, Márquez, Daniel Alberto Rivera y González Mata «respondan de la cantidad de 860.773,15 euros por los pagos de 408.304,89 euros y 452.468,26 euros» investigados en esta causa.
Igualmente, y entre otros aspectos, respecto a los responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, la Fiscalía reclama que la federación de Industria de CCOO responda de 384.000 euros merced a las cuantías reclamadas al ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, Roberto Carmona Soto.
Así, el juez Vilaplana ha decretado la apertura de juicio oral contra las citadas 35 personas y dos sociedades, ordenando que el ex consejero Fernández deposite una fianza de 60 millones de euros, que Juan Márquez deposite una fianza de 15 millones, que Daniel Alberto Rivera deposite 900.000 euros y que Lanzas lo haga en 87 millones de euros, entre las fianzas más elevadas ordenadas por el magistrado, que precisa que la instancia competente para celebrar el juicio es la Audiencia de Sevilla.