Siete empresarios murcianos organizaron una trama de captación de menores y la justicia los libra de prisión

No entrarán en prisión los siete empresarios que mantuvieron relaciones sensuales con diez menores a través de una trama de explotación en Murcia destapada en 2015 por la denuncia de los padres de una de las jóvenes. Después de diez años de investigación, apenas han estado unos minutos sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia para escuchar del tribunal las penas que se recogen en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que les libra a todos de la guandoca al admitir el delito de abuso de menores y con la atenuante de la dilación indebida de un proceso que se ha alargado durante diez años de modo inexplicable.

Estos empresarios -con edades entre 60 y 80 años y alto poder adquisitivo por su condición de constructores, abogados o médicos-, fueron detenidos junto a seis personas que captaban y organizaban la explotación de las menores y el proceso judicial se ha dilatado tanto que, además de haber fallecido otros dos detenidos, ha sido un elemento esencial junto a la confesión para rebajar las condenas.

En todo momento ellos fueron conocedores de la edad de las chicas, como han admitido, captadas de entornos vulnerables y con falta de recursos, y pagaban por los servicios entre 70 y 100 euros. Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena. A él se le acusó de haber tenido sesso con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos. Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.

La condena máxima ha sido para el supuesto cabecilla de la trama, Walter Giovanny D. M, que se enfrenta a dos años por cada uno de los seis delitos. Junto a él, otro hombre que actuaba de chófer de las niñas en sus encuentros con los clientes y cuatro mujeres, llamadas 'mamis', que se encargaban de captarlas y ofrecer sus servicios. Estas penas son sensiblemente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios, y de 4 por cada delito para los clientes.

Uno de los abogados de los acusados, José María Caballero, ha aclaro que esa conformidad alcanzada con la Fiscalía "está motivada por el muy largo periodo de tiempo de instrucción de la causa".

La trama comenzó en 2014, cuando las cuatro mujeres comenzaron a captar a menores a la salida de discotecas e incluso de centros escolares. Buscaban un perfil concreto: familias desestructuras y con falta de recursos, lo que las convertía en vulnerables.

Una vez ganada su confianza con la posibilidad de ganar dinero, les pedían fotos sensuales y provocativas que incorporaban al dossier que enviaban a sus clientes, "señores a los que les gustaban las jovencitas". En todos los casos, ellos eran conocedores de que se trataba de menores de edad. De hecho, según el relato del Fiscal en su escrito de acusación, las 'mamis' inducían a las chicas a mentir sobre su edad rebajándola aún más, porque eso alimentaba el morbo de los clientes.

No era fácil para la trama encontrar chicas para ofrecer a unos clientes que les reclamaban novedades. Algunas de ellas huían ante el "ardor de estomago y el miedo" que le provocaban los encuentros, a los que iban acompañadas por un chófer y una de las 'mamis', encargada de los cobros.

La voz de alarma la dio la familia de una menor en agosto de 2014 denunciando la desaparición de su hija. Los padres confesaron que la joven llevaba un altísimo nivel de vida, por lo que sospechaban que realizada alguna actividad ilícita.

La Policía Nacional acabó localizándola en Murcia, en un piso que compartía con otras chicas que también eran todas menores de edad y que pertenecía a la trama que operaba en el entorno de la capital y algunas localidades cercanas.

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