fredesvindo
Madmaxista
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La Moncloa y el PSOE asumen las directrices de Sánchez por el caso Ayuso y el de su esposa
Pedro Sánchez saluda al primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo. BORJA PUIG DE LA BELLACASA
El informe sobre el Estado de derecho publicado en julio fue muy explícito. Por segundo año consecutivo, la Comisión Europea expresó su «preocupación» por la «presión indebida» de cargos políticos sobre los jueces y alertó del «riesgo» de que las declaraciones vertidas desde el Poder Ejecutivo afecten a la confianza que la opinión pública tiene en la independencia judicial. Tres países eran los señalados: Eslovaquia, Italia y España, donde las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el mundo judicial han sido una constante en la legislatura. Y a tenor de lo vivido esta semana, la relación no va camino de mejorar.
En uno de los momentos políticos más complejos para el PSOE, la decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez —ambas medidas tomadas por unanimidad— han vuelto a disparar las críticas del Gobierno a los tribunales. Las insinuaciones de que en España hay ‘lawfare’ ya no son cosa de Podemos o los independentistas. «La justicia parece que ve por un ojo, que es el derecho, y eso —alegaba esta semana un ministro— es muy grave». En sentido inverso al planteado por Bruselas, distintos miembros del Gobierno han manifestado estos días estar «preocupados», incluso, por la posibilidad de que sean ciertas decisiones judiciales las que estén «socavando» la imagen de los tribunales. La ministra de Inclusión Social y Seguridad Social, Elma Sáiz, afirmó, por ejemplo, que es el encausamiento de García Ortiz, no el comportamiento del fiscal general, el que «contribuye al desprestigio de las instituciones y del Estado de derecho».
Cuando hace algo menos de un año el ministro Bolaños añadió a sus responsabilidades previas las de Justicia, lo hizo con un objetivo declarado: pacificar las relaciones con el Poder Judicial, entonces soliviantado por la decisión de Sánchez de aceptar una amnistía al ‘procés’ que su partido siempre había consideradoinconstitucional y unas comisiones de investigación parlamentarias destinadas a demostrar la supuesta persecución judicial a líderes políticos —los secesionistas— por su ideología. El ministro empezó por asegurar que ningún juez ni fiscal tendría que comparecer en el Congreso y que el Gobierno siempre los defendería. «Porque eso —dijo— es defender el Estado de edrecho». Pero la reconciliación no llegó nunca. De labios de Bolaños han surgido algunas de las más duras declaraciones contra las resoluciones de los jueces en cuestiones que afectan al Ejecutivo, con excepción del ‘caso Koldo’, sobre cuya instrucción no ha habido reproche alguno del PSOE hasta la fecha.
En muchos de esos asuntos, los socialistas alegan que la parcialidad de los jueces es tan palmaria que justifica afirmaciones como la de que Juan Carlos Peinado somete a una «persecución cruel e inhumana» a Sánchez y su familia (como dijo el ministro de Justicia en julio) o que se encausa por «defender la verdad» a García Ortiz, a quien la Sala Penal del Supremo investigará como posible filtrador de un ‘email’ en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto para ver rebajada la pena por el delito de fraude fiscal que admitía él mismo haber cometido.
Las críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por torpedear la tramitación de la amnistía con actuaciones contra Carles Puigdemont que desbordaban los perímetros de la norma «en momentos oportunos» o contra Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo que esta semana actuó contra el fiscal general y se ha negado a exonerar a Puigdemont del delito de malversación, fueron más medidas y despertaron más dudas en el Ejecutivo.
Ahora la batalla es a rostro descubierto. Sánchez marcó el camino en abril, con la carta a la ciudadanía en la que, tras conocerse la apertura de diligencias contra su mujer, se declaraba víctima de un ataque «por tierra mar y aire» de la ultraderecha. Y este viernes, el Gobierno reaccionó a la desestimación de su querella contra Peinado con un comunicado que es toda una declaración de intenciones: «Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares».
Pedro Sánchez saluda al primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo. BORJA PUIG DE LA BELLACASA
El informe sobre el Estado de derecho publicado en julio fue muy explícito. Por segundo año consecutivo, la Comisión Europea expresó su «preocupación» por la «presión indebida» de cargos políticos sobre los jueces y alertó del «riesgo» de que las declaraciones vertidas desde el Poder Ejecutivo afecten a la confianza que la opinión pública tiene en la independencia judicial. Tres países eran los señalados: Eslovaquia, Italia y España, donde las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el mundo judicial han sido una constante en la legislatura. Y a tenor de lo vivido esta semana, la relación no va camino de mejorar.
En uno de los momentos políticos más complejos para el PSOE, la decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez —ambas medidas tomadas por unanimidad— han vuelto a disparar las críticas del Gobierno a los tribunales. Las insinuaciones de que en España hay ‘lawfare’ ya no son cosa de Podemos o los independentistas. «La justicia parece que ve por un ojo, que es el derecho, y eso —alegaba esta semana un ministro— es muy grave». En sentido inverso al planteado por Bruselas, distintos miembros del Gobierno han manifestado estos días estar «preocupados», incluso, por la posibilidad de que sean ciertas decisiones judiciales las que estén «socavando» la imagen de los tribunales. La ministra de Inclusión Social y Seguridad Social, Elma Sáiz, afirmó, por ejemplo, que es el encausamiento de García Ortiz, no el comportamiento del fiscal general, el que «contribuye al desprestigio de las instituciones y del Estado de derecho».
Cuando hace algo menos de un año el ministro Bolaños añadió a sus responsabilidades previas las de Justicia, lo hizo con un objetivo declarado: pacificar las relaciones con el Poder Judicial, entonces soliviantado por la decisión de Sánchez de aceptar una amnistía al ‘procés’ que su partido siempre había consideradoinconstitucional y unas comisiones de investigación parlamentarias destinadas a demostrar la supuesta persecución judicial a líderes políticos —los secesionistas— por su ideología. El ministro empezó por asegurar que ningún juez ni fiscal tendría que comparecer en el Congreso y que el Gobierno siempre los defendería. «Porque eso —dijo— es defender el Estado de edrecho». Pero la reconciliación no llegó nunca. De labios de Bolaños han surgido algunas de las más duras declaraciones contra las resoluciones de los jueces en cuestiones que afectan al Ejecutivo, con excepción del ‘caso Koldo’, sobre cuya instrucción no ha habido reproche alguno del PSOE hasta la fecha.
En muchos de esos asuntos, los socialistas alegan que la parcialidad de los jueces es tan palmaria que justifica afirmaciones como la de que Juan Carlos Peinado somete a una «persecución cruel e inhumana» a Sánchez y su familia (como dijo el ministro de Justicia en julio) o que se encausa por «defender la verdad» a García Ortiz, a quien la Sala Penal del Supremo investigará como posible filtrador de un ‘email’ en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto para ver rebajada la pena por el delito de fraude fiscal que admitía él mismo haber cometido.
Las críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por torpedear la tramitación de la amnistía con actuaciones contra Carles Puigdemont que desbordaban los perímetros de la norma «en momentos oportunos» o contra Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo que esta semana actuó contra el fiscal general y se ha negado a exonerar a Puigdemont del delito de malversación, fueron más medidas y despertaron más dudas en el Ejecutivo.
Ahora la batalla es a rostro descubierto. Sánchez marcó el camino en abril, con la carta a la ciudadanía en la que, tras conocerse la apertura de diligencias contra su mujer, se declaraba víctima de un ataque «por tierra mar y aire» de la ultraderecha. Y este viernes, el Gobierno reaccionó a la desestimación de su querella contra Peinado con un comunicado que es toda una declaración de intenciones: «Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares».
