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La Fiscalía bloqueó la investigación del patrimonio del jefe de gabinete de Puigdemont por su relación con Rusia
Ya en 2021 la Fiscalía dio muestras de su escaso interés en que se investigase a los altos cargos relacionados con el golpe independentista.
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La Fiscalía bloqueó la investigación del patrimonio del jefe de gabinete de Puigdemont por su relación con Rusia
Ya en 2021 la Fiscalía dio muestras de su escaso interés en que se investigase a los altos cargos relacionados con el golpe independentista.
Carlos Cuesta Seguir a carloscuestaEM
15/2/2024 - 06:38
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png Josep Lluís Alay y Puigdemont, en una imagen de archivo. | EFE
Un caso con evidente información sobre la presencia de espías rusos en Cataluña fue archivado en 2021 por petición de la Fiscalía. Se trataba del Volka, otro caso Voloh, también centrado en las injerencias de Moscú y en manos del juez Aguirre, que se encontró con fuertes obstáculos por parte de la Fiscalía en el momento en el que se pretendió investigar el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, tras confirmarse sus contactos con enviados rusos. Ahora, el Parlamento Europeo cuenta ya con la petición expresa del Grupo Popular de analizar todos los distintos casos judiciales cerrados u obstaculizados en España tras aparecer el rastro de la unión entre Rusia y el separatismo.
El caso Volka puede ser el más llamativo -aunque no el único- porque en el año 2021 directamente se cerró tras la petición de la Fiscalía. Y se cerró pese a las pruebas que apuntaban a la presencia en España de cinco mandos del espionaje ruso. Nueve meses después de su inicio, Miguel Ángel Carballo, fiscal del Estado en la Audiencia Nacional, presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Pero en ese mismo escrito la propia Fiscalía reveló que "la Policía proporcionó información de un informante con más detalles sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus presuntos vínculos con agentes rusos". Y este informante llegó incluso a proporcionar "la identidad de cinco altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos, así como detalles de tres instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían tras*ferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje".
La Policía solicitó tomar medidas
Por ello, de hecho, la Policía solicitó autorización judicial para tomar diversas medidas, a lo que la Fiscalía se resistió. "El hecho de que se trate de perfiles de personas muy afines al pensamiento independentista no implica que puedan ser investigados, en particular cuando las actividades se realizan abiertamente y por medios que no son en modo alguno ilegales", alegó la Fiscalía en aquel momento.
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Otros casos han sufrido una evolución paralela. Le ha pasado al caso Voloh y a su juez, el magistrado Aguirre, que llegó a acusar al fiscal de sabotear las investigaciones de los contactos de Carles Puigdemont con Rusia. La Diputación de Barcelona había detectado irregularidades en varios viajes de Josep Lluís Alay y la Fiscalía las ignoró. El magistrado Aguirre pidió explicaciones y llegó a afirmar que el Ministerio Público había "entorpecido" las investigaciones.
La cosa no acabó ahí. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Guardia Civil investigara el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, y llegó a presentar un recurso ante la Audiencia de Barcelona para frenar la decisión del juez instructor. El argumento de la Fiscalía se basó en defender que las pesquisas serían prospectivas, afirmando que no existían indicios contra Alay para acordar esa medida. Es más, la Fiscalía llegó a asegurar que autorizar esa investigación supondría autorizar labores "sometidas únicamente al capricho de quien decida investigar".
Todo ello mientras seguía aflorando información sobre los contactos de Alay con representantes rusos. De hecho, se reunió en Moscú con agentes de Inteligencia, periodistas involucrados en las campañas de propaganda y desinformación del Kremlin y un consejero del Ministerio de Energía de ese país para abrir un canal de colaboración secreto con la Administración de pilinguin, según las investigaciones realizadas en aquel momento.