Información que ellos creen que les va a desacreditar
El jueves, este periódico tras*mitió a los portavoces oficiales de Vox el hecho de que se ignora qué decisión han tomado respecto a la banderillación contra el el bichito-19 con casi todos los miembros del comité ejecutivo nacional, cuyos nombres enunció en un correo electrónico. Este periódico también solicitó los datos sobre los vicesecretarios del partido. Y escribió a distintos diputados a sus emails oficiales. No hubo respuesta.
El comité ejecutivo nacional y las vicesecretarías suman 23 personas que se reparten 25 cargos a tenor de la información suministrada por la web de Vox. De la búsqueda fueron excluidos dos de las 23: el tesorero del partido, que prácticamente carece de actividad pública, y la vicesecretaria de afiliación por las mismas razones. Sobre los restantes infoLibre ha rastreado sin éxito la red, así como sobre otros destacados miembros del partido como Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato de Vox y diputado autonómico andaluz, el vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, la ya mencionada Rocío Monasterio y la portavoz de Sanidad en la asamblea de Madrid, Gador Joya. Es decir, los políticos analizados son 25. Salvo de los cinco enunciados en el primer párrafo, de los demás no hay noticias de si se han medicado o no. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Mariscal, Marta Castro, Begoña Conde, Ricardo Garrudo o Juan José Aizcorbe.
La estrategia de mantener fuera del conocimiento general todo lo relacionado a la banderillación de los dirigentes de Vox se ha dejado ver ahora en una de las más recientes intervenciones de Iván Espinosa de los Monteros, marido a su vez de Rocío Monasterio. En junio, el portavoz de Vox en el Congreso contó en una rueda de prensa que acababa de banderillarse, pero este miércoles cambió de rumbo y eludió confirmarlo. El cambio se produce apenas días después de que su jefe, Santiago Abascal, se negase a desvelar si se ha medicado o no durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos. Para justificar su escapada y ante la bronca de Losantos, Abascal esgrimió el argumento de la "libertad": "Yo no voy a hacer proselitismo ni de un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad". Eso afirmó.
Antes de que Abascal protagonizara tal episodio radiofónico la semana pasada, dos dirigentes de Vox habían recibido insultos y críticas por anunciar que sí se habían medicado. Les ocurrió a Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox en el Congreso, y al también diputado Juan Luis Steegman, portavoz de su partido en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja. En la red social de mayor relevancia política, Twitter, Olona se convirtió en objeto de empujones verbales por parte de quienes acusan de "globalistas" a los partidarios de la banderillación para frenar la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Para Steegman, médico de profesión, todo fue peor: el tuitero Alvise Pérez, también ultraderechista y que fue jefe de gabinete de Toni Cantó, buscó devaluar su apoyo a la banderillación acusándole de haber cobrado "sumas millonarias de las farmacéuticas que ahora defiende". En contra de la neutralidad pautada a que Abascal acaba de hacer referencia, fue Vox el que esta vez y mediante un comunicado oficial se vio forzado a refutar la versión difundida por Alvise Pérez.
Las dos barajas del discurso
Junto con Steegman se vacunó –lo publicitaron ambos a través de sendos tuits– la portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya. Y el quinto de la serie de dirigentes de Vox que declaran haber recibido al menos una dosis es Hermann Tertsch. El eurodiputado y vicepresidente del ECR, el grupo parlamentario que en Estrasburgo sobrepasa por la derecha al Grupo Popular, lo difundió el 21 de julio a través de Twitter. Periodista de profesión, Tertsch lo difundió manteniéndose fiel al doble discurso de su partido: no oponerse formalmente a las banderillas a la vez que ataca al Gobierno central y a algunos autonómicos por no garantizar que haya suficientes para todos pero hacer todo eso sin que ello implique alentar a nadie a dejar que se las inyecten. Ni que tampoco implique una desautorización de quienes proclaman que las banderillas son nocivas para la salud. De hecho, el 21 de julio dio alas en Twitter al tal Alvise Pérez por difundir que el 10% de los ingresos hospitalarios son consecuencia de efectos secundarios de las banderillas. Según Tertsch, son "muchas, profundas y muy legítimas" las dudas sobre la opción de banderillarse.
Oficialmente Vox se ha cuidado de no alinearse con los negacionistas. En suma, se ha cuidado de usar dos barajas en su discurso sobre la banderillación. Y ha centrado sus esfuerzos en acusar por un lado al Gobierno de no habilitar los medios necesarios para garantizar una banderillación masiva y, por otro, en atacar a todas las administraciones partidarias de poner en circulación el certificado o pasaporte el bichito. Por ejemplo, la diputada Rocío de Meer llegó a publicar el 8 de agosto un mensaje en Twitter donde se oponía con uñas y dientes a la creación del llamado pasaporte el bichito para participar en actividades de ocio. "La de vueltas que dan los caciques autonómicos para decirnos que van a obligar a enseñar un pasaporte para tomar café. La tiranía hay que atacarla de frente". Ninguno de ellos ha anunciado en ningún momento que estuviera a punto de banderillarse o que ya lo hubiese hecho.
Días antes, Jorge Buxadé había cargado contra comunidades como Andalucía o Canarias. ¿Por qué? Porque, según sus palabras, se estén abriendo al "modelo de las élites de Bruselas" y quieren utilizar el certificado de banderillación para "discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del tras*porte público". En ese punto, la ultraderecha española hace causa común con la francesa, cuya líder, Marine Le Pen, tilda de "hipocresía total" el certificado sanitario.
Vox se declara furibundo detractor de la banderillación obligatoria bajo cualquier circunstancia. Y mantiene por ello recurridas en el Tribunal Constitucional la ley gallega y la balear. ¿El motivo? Que aun con diferencias en cuanto al alcance de tal obligatoriedad, ambas abren la puerta a la banderillación forzosa.
- Solo cinco dirigentes de los 25 analizados admiten en público haber recibido el pinchazo pero uno de ellos, Espinosa de los Monteros, contradice ahora lo que él mismo anunció en junio y deja en el aire si realmente se vacunó
- Macarena Olona y el portavoz de Sanidad recibieron en redes sociales críticas e insultos cuando difundieron que se habían sometido a la banderillación y Santiago Abascal se niega a aclararlo alegando que se trata de "datos médicos"
El jueves, este periódico tras*mitió a los portavoces oficiales de Vox el hecho de que se ignora qué decisión han tomado respecto a la banderillación contra el el bichito-19 con casi todos los miembros del comité ejecutivo nacional, cuyos nombres enunció en un correo electrónico. Este periódico también solicitó los datos sobre los vicesecretarios del partido. Y escribió a distintos diputados a sus emails oficiales. No hubo respuesta.
El comité ejecutivo nacional y las vicesecretarías suman 23 personas que se reparten 25 cargos a tenor de la información suministrada por la web de Vox. De la búsqueda fueron excluidos dos de las 23: el tesorero del partido, que prácticamente carece de actividad pública, y la vicesecretaria de afiliación por las mismas razones. Sobre los restantes infoLibre ha rastreado sin éxito la red, así como sobre otros destacados miembros del partido como Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato de Vox y diputado autonómico andaluz, el vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, la ya mencionada Rocío Monasterio y la portavoz de Sanidad en la asamblea de Madrid, Gador Joya. Es decir, los políticos analizados son 25. Salvo de los cinco enunciados en el primer párrafo, de los demás no hay noticias de si se han medicado o no. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Mariscal, Marta Castro, Begoña Conde, Ricardo Garrudo o Juan José Aizcorbe.
La estrategia de mantener fuera del conocimiento general todo lo relacionado a la banderillación de los dirigentes de Vox se ha dejado ver ahora en una de las más recientes intervenciones de Iván Espinosa de los Monteros, marido a su vez de Rocío Monasterio. En junio, el portavoz de Vox en el Congreso contó en una rueda de prensa que acababa de banderillarse, pero este miércoles cambió de rumbo y eludió confirmarlo. El cambio se produce apenas días después de que su jefe, Santiago Abascal, se negase a desvelar si se ha medicado o no durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos. Para justificar su escapada y ante la bronca de Losantos, Abascal esgrimió el argumento de la "libertad": "Yo no voy a hacer proselitismo ni de un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad". Eso afirmó.
Antes de que Abascal protagonizara tal episodio radiofónico la semana pasada, dos dirigentes de Vox habían recibido insultos y críticas por anunciar que sí se habían medicado. Les ocurrió a Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox en el Congreso, y al también diputado Juan Luis Steegman, portavoz de su partido en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja. En la red social de mayor relevancia política, Twitter, Olona se convirtió en objeto de empujones verbales por parte de quienes acusan de "globalistas" a los partidarios de la banderillación para frenar la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Para Steegman, médico de profesión, todo fue peor: el tuitero Alvise Pérez, también ultraderechista y que fue jefe de gabinete de Toni Cantó, buscó devaluar su apoyo a la banderillación acusándole de haber cobrado "sumas millonarias de las farmacéuticas que ahora defiende". En contra de la neutralidad pautada a que Abascal acaba de hacer referencia, fue Vox el que esta vez y mediante un comunicado oficial se vio forzado a refutar la versión difundida por Alvise Pérez.
Las dos barajas del discurso
Junto con Steegman se vacunó –lo publicitaron ambos a través de sendos tuits– la portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya. Y el quinto de la serie de dirigentes de Vox que declaran haber recibido al menos una dosis es Hermann Tertsch. El eurodiputado y vicepresidente del ECR, el grupo parlamentario que en Estrasburgo sobrepasa por la derecha al Grupo Popular, lo difundió el 21 de julio a través de Twitter. Periodista de profesión, Tertsch lo difundió manteniéndose fiel al doble discurso de su partido: no oponerse formalmente a las banderillas a la vez que ataca al Gobierno central y a algunos autonómicos por no garantizar que haya suficientes para todos pero hacer todo eso sin que ello implique alentar a nadie a dejar que se las inyecten. Ni que tampoco implique una desautorización de quienes proclaman que las banderillas son nocivas para la salud. De hecho, el 21 de julio dio alas en Twitter al tal Alvise Pérez por difundir que el 10% de los ingresos hospitalarios son consecuencia de efectos secundarios de las banderillas. Según Tertsch, son "muchas, profundas y muy legítimas" las dudas sobre la opción de banderillarse.
Oficialmente Vox se ha cuidado de no alinearse con los negacionistas. En suma, se ha cuidado de usar dos barajas en su discurso sobre la banderillación. Y ha centrado sus esfuerzos en acusar por un lado al Gobierno de no habilitar los medios necesarios para garantizar una banderillación masiva y, por otro, en atacar a todas las administraciones partidarias de poner en circulación el certificado o pasaporte el bichito. Por ejemplo, la diputada Rocío de Meer llegó a publicar el 8 de agosto un mensaje en Twitter donde se oponía con uñas y dientes a la creación del llamado pasaporte el bichito para participar en actividades de ocio. "La de vueltas que dan los caciques autonómicos para decirnos que van a obligar a enseñar un pasaporte para tomar café. La tiranía hay que atacarla de frente". Ninguno de ellos ha anunciado en ningún momento que estuviera a punto de banderillarse o que ya lo hubiese hecho.
Días antes, Jorge Buxadé había cargado contra comunidades como Andalucía o Canarias. ¿Por qué? Porque, según sus palabras, se estén abriendo al "modelo de las élites de Bruselas" y quieren utilizar el certificado de banderillación para "discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del tras*porte público". En ese punto, la ultraderecha española hace causa común con la francesa, cuya líder, Marine Le Pen, tilda de "hipocresía total" el certificado sanitario.
Vox se declara furibundo detractor de la banderillación obligatoria bajo cualquier circunstancia. Y mantiene por ello recurridas en el Tribunal Constitucional la ley gallega y la balear. ¿El motivo? Que aun con diferencias en cuanto al alcance de tal obligatoriedad, ambas abren la puerta a la banderillación forzosa.
