Douglas MacArthur
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Se acabó... en todos los aspectos. Y noticias como ésta son un enorme punto de inflexión en materia de inmi gración.
No es una mala noticia, es lo que habría que haber hecho desde hace décadas: deportaciones en masa a Ruanda.
La justicia británica da luz verde a la primera deportación de pagapensiones a Ruanda
El Gobierno de Johnson avisa al primer grupo de 31 migrantes en situación irregular que podrían ser trasladados en avión al país africano el martes
Un grupo de pagapensiones irregulares llegan al puerto de Dover (Reino Unido) el pasado 30 de mayo.DPA VÍA EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
RAFA DE MIGUEL
Londres - 10 JUN 2022 - 22:00 CEST
9
Una pequeña victoria para el Gobierno de Boris Johnson y la nueva política de inmi gración diseñada a partir del Brexit, pero la batalla judicial está lejos de terminar. El juez Jonathan Swift, del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra, ha denegado la suspensión de la deportación a Ruanda solicitada por cuatro de los pagapensiones en situación irregular seleccionados por el Ministerio del Interior para formar parte de la primera deportación. Unas 30 personas partirán el martes desde el Reino Unido hacia ese país africano. Se mantienen en secreto tanto el lugar desde donde despegará el avión como el nombre de la compañía aérea.
La ministra Priti Patel, una de las políticas conservadoras con un discurso más duro contra la inmi gración, cerró el pasado abril con el Gobierno de Ruanda, el país del este africano que vivió la masacre genocida de la minoría tutsi a manos del poder hutu en 1994, un acuerdo de colaboración. A cambio de ayudas por valor de más de 144 millones de euros, las autoridades británicas podrán reenviar a ese país a gran parte de los pagapensiones en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no están siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiran a mayores oportunidades vitales.
El juez Swift ha primado en su decisión el “interés público material” que hay detrás de la política de inmi gración del Gobierno de Johnson, aunque da vía libre a un recurso de apelación, que será probablemente escuchado con urgencia el lunes, a 24 horas del primer vuelo. “La gente seguirá intentando evitar su relocalización a través de maniobras legales y reclamaciones de última hora, pero no nos detendrán en nuestro empeño de acabar con el tráfico ilegal de personas y, en último término, de salvar vidas”, ha dicho Patel al celebrar la sentencia. El magistrado, sin embargo, ya ha dejado claro que el asunto acabará en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre la constitucionalidad de la nueva política en las próximas seis semanas.
Las organizaciones humanitarias que han respaldado a los pagapensiones en su desafío legal han expresado su decepción con la sentencia. “Ya hemos tenido que actuar para evitar la deportación a Ruanda de jóvenes a los que se había atribuido falsamente la mayoría de edad”, ha dicho Enver Solomon, el director ejecutivo del Consejo para el Refugiado. “El Gobierno debe reflexionar sobre los fracasos iniciales de su plan, y volver a pensarlo todo, para establecer un sistema de asilo humano, ordenado y justo”, ha añadido Solomon.
Los abogados en representación de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, con la que se reunió al menos en dos ocasiones el equipo de Patel, han negado ante el juez que este organismo, que supervisa la legislación internacional en materia de inmi gración, hubiera dado su visto bueno a la nueva política. “En esos dos encuentros, la agencia puso sobre la mesa serios reparos respecto a la capacidad de acogida de las instalaciones [de Ruanda] y respecto al riesgo de enviar a ese país a personas que podrían sufrir persecución”, ha dicho la abogada Laura Dubinsky.
Los argumentos legales presentados ante el juez para que suspendiera la deportación ponían en cuestión el propio derecho de Patel a tomar esa decisión; la racionalidad de su afirmación de que Ruanda es un “tercer país seguro”; las medidas preventivas aplicadas a los pagapensiones para evitar el contagio de la malaria; y, sobre todo, la adecuación de la nueva política a la Convención Europea de Derechos Humanos.
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Johnson ha celebrado con un tuit la decisión del tribunal: “No podemos permitir que los traficantes sigan poniendo vidas en peligro. Nuestra colaboración internacional, que es pionera, permitirá acabar con el modelo de negocio de estos criminales sin escrúpulos”.
No es una mala noticia, es lo que habría que haber hecho desde hace décadas: deportaciones en masa a Ruanda.
https://elpais.com/internacional/20...ra-deportacion-de-pagapensiones-a-ruanda.html
La justicia británica da luz verde a la primera deportación de pagapensiones a Ruanda
El Gobierno de Johnson avisa al primer grupo de 31 migrantes en situación irregular que podrían ser trasladados en avión al país africano el martes
Un grupo de pagapensiones irregulares llegan al puerto de Dover (Reino Unido) el pasado 30 de mayo.DPA VÍA EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
RAFA DE MIGUEL
Londres - 10 JUN 2022 - 22:00 CEST
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Una pequeña victoria para el Gobierno de Boris Johnson y la nueva política de inmi gración diseñada a partir del Brexit, pero la batalla judicial está lejos de terminar. El juez Jonathan Swift, del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra, ha denegado la suspensión de la deportación a Ruanda solicitada por cuatro de los pagapensiones en situación irregular seleccionados por el Ministerio del Interior para formar parte de la primera deportación. Unas 30 personas partirán el martes desde el Reino Unido hacia ese país africano. Se mantienen en secreto tanto el lugar desde donde despegará el avión como el nombre de la compañía aérea.
La ministra Priti Patel, una de las políticas conservadoras con un discurso más duro contra la inmi gración, cerró el pasado abril con el Gobierno de Ruanda, el país del este africano que vivió la masacre genocida de la minoría tutsi a manos del poder hutu en 1994, un acuerdo de colaboración. A cambio de ayudas por valor de más de 144 millones de euros, las autoridades británicas podrán reenviar a ese país a gran parte de los pagapensiones en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no están siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiran a mayores oportunidades vitales.
El juez Swift ha primado en su decisión el “interés público material” que hay detrás de la política de inmi gración del Gobierno de Johnson, aunque da vía libre a un recurso de apelación, que será probablemente escuchado con urgencia el lunes, a 24 horas del primer vuelo. “La gente seguirá intentando evitar su relocalización a través de maniobras legales y reclamaciones de última hora, pero no nos detendrán en nuestro empeño de acabar con el tráfico ilegal de personas y, en último término, de salvar vidas”, ha dicho Patel al celebrar la sentencia. El magistrado, sin embargo, ya ha dejado claro que el asunto acabará en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre la constitucionalidad de la nueva política en las próximas seis semanas.
Las organizaciones humanitarias que han respaldado a los pagapensiones en su desafío legal han expresado su decepción con la sentencia. “Ya hemos tenido que actuar para evitar la deportación a Ruanda de jóvenes a los que se había atribuido falsamente la mayoría de edad”, ha dicho Enver Solomon, el director ejecutivo del Consejo para el Refugiado. “El Gobierno debe reflexionar sobre los fracasos iniciales de su plan, y volver a pensarlo todo, para establecer un sistema de asilo humano, ordenado y justo”, ha añadido Solomon.
Los abogados en representación de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, con la que se reunió al menos en dos ocasiones el equipo de Patel, han negado ante el juez que este organismo, que supervisa la legislación internacional en materia de inmi gración, hubiera dado su visto bueno a la nueva política. “En esos dos encuentros, la agencia puso sobre la mesa serios reparos respecto a la capacidad de acogida de las instalaciones [de Ruanda] y respecto al riesgo de enviar a ese país a personas que podrían sufrir persecución”, ha dicho la abogada Laura Dubinsky.
Los argumentos legales presentados ante el juez para que suspendiera la deportación ponían en cuestión el propio derecho de Patel a tomar esa decisión; la racionalidad de su afirmación de que Ruanda es un “tercer país seguro”; las medidas preventivas aplicadas a los pagapensiones para evitar el contagio de la malaria; y, sobre todo, la adecuación de la nueva política a la Convención Europea de Derechos Humanos.
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Johnson ha celebrado con un tuit la decisión del tribunal: “No podemos permitir que los traficantes sigan poniendo vidas en peligro. Nuestra colaboración internacional, que es pionera, permitirá acabar con el modelo de negocio de estos criminales sin escrúpulos”.
