CGPJEl Gobierno despeja el camino para hacerse con el Constitucional bajo amenazas penales a los jueces
El nuevo texto normativo les advertirá de que pueden incurrir en los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva
Golpe de Sánchez al Poder Judicial: cambia la ley para burlar al CGPJ y controlar el Constitucional
Las puertas giratorias de Sánchez: coloca al ex ministro Campo en el Tribunal Constitucional
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Mediante amenaza de incurrir en responsabilidades penales. Concretamente en la comisión de los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. Así es como Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición quieren obligar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional en un tiempo récord: en enero. Además, para evitar escollos que puedan poner en cuestión la idoneidad de sus designados -en este caso el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora del Gobierno Laura Díez Bueso- con la nueva modificación del Código Penal, que PSOE y Podemos presentarán este viernes, retirarán también la verificación obligatoria que los magistrados del Constitucional tenían que hacer hasta ahora de los candidatos para valorar los perfiles.
En concreto en el texto normativo se incluirá una cláusula final que recordará a los magistrados del CGPJ que, en caso de incumplimiento de los nuevos plazos de renovación que ahora se estipulan -que no llegan a las dos semanas, entre la designación, la convocatoria del pleno y la elección-, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal». Así pues, tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial como los vocales que forman parte de él que impidan a Sánchez ejecutar el asalto al Tribunal Constitucional, podrán ser considerados autores de dos delitos a partir de que entre en vigor la reforma.
Con este movimiento, y las nuevas advertencias a modo de amenaza, el Gobierno intenta poner palos en las ruedas al sector del CGPJ afín al centroderecha a la hora de proponer a sus candidatos, pues al manejar el sector de izquierdas los nuevos plazos exprés que se recogerán en la norma, una vez se añadan ambas enmiendas, los jueces afines al Ejecutivo dejan en clara desventaja a sus compañeros de cara a la elección de los dos vocales que acompañarán a Campo y Díez Bueso en la renovación que se hará efectiva en cuestión de semanas.
De cara a un futuro, y para no depender de otras instituciones, Moncloa ha modificado también la ley mediante una enmienda conjunta del PSOE y Podemos para que tras*curridos nueve años -que es el mandato natural- y tres meses -de margen- de los magistrados una de las partes pueda designar a sus candidatos sin tener que esperar a hacerlo conjuntamente con otro de los poderes del Estado que también elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Así, hoy ya, Campo y Díez Bueso serían vocales del TC sin haber valorado sus perfiles. Algo que politizará aún más el sistema judicial español.
REFORMA DE LA MALVERSACIÓNEl PSOE arde con la malversación: Sánchez avanzó en la negociación con ERC de espaldas al partido
En el Grupo Socialista creen que la reforma de la malversación no saldrá adelante por la falta de apoyos entre los socios
Sánchez prepara ya una reforma de la malversación a la carta para beneficiar a Junqueras
PSOE y ERC pactan una malversación que salva a Griñán de entrar en la guandoca y rehabilita a Junqueras
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
La reforma del delito de malversación es una apuesta personal de Pedro Sánchez. Y como tal, y como ya ha ocurrido en otros temas delicados, se ha fraguado desde su equipo en el Palacio de La Moncloa. Sin participación de ninguno de los ministros socialistas que podían tener relación con la cuestión: Presidencia y Relaciones con las Cortes y Justicia. La mayoría de los miembros de la dirección del PSOE tampoco conocían los avances en la negociación con ERC, que pilotó Óscar López y en la que se implicó el propio presidente.
La reforma del delito de malversación fue un compromiso que Sánchez adquirió en secreto con Pere Aragonés y que ha querido cumplir con sus socios independentistas para garantizarse los Presupuestos. Aunque es un compromiso «a lo Sánchez». De trasladar su apoyo sabiendo que hay muchas papeletas de que las Cortes rechacen la enmienda de ERC. Y es que la opinión generalizada en el grupo parlamentario es que «no habrá la mayoría suficiente para hacerlo».
«Nosotros habremos cumplido, habremos apoyado el texto que registre ERC», sostenía este jueves una voz autorizada del grupo parlamentario socialista. «A partir de ahí corresponde a quienes la impulsan [ERC] recabar los apoyos necesarios para su aprobación en el pleno», recalcan. El PSOE pretende justificarse ante los de Oriol Junqueras en caso de no acabar de completar la reforma del delito de malversación -que levanta muchas ampollas en el partido-, diciendo que «nosotros lo apoyamos, pero ni lo lideramos ni buscamos los apoyos». Aunque todo el mundo sabe que si bien es ERC el grupo que registra la enmienda, ésta ha sido negociada y trabajada hasta el último detalle con el PSOE. En especial con el Gobierno, por lo que en la práctica lleva los dos sellos.
Porque en esta aventura legislativa Unidas Podemos no comparte la hoja de ruta ni de los socialistas ni de los independentistas. Básicamente por el hecho de que la reforma del delito a la carta para los condenados del procés, de la que hablaba Sánchez el pasado martes en los pasillos del Congreso, es imposible. Tocar el delito de malversación significa también beneficiar a decenas de políticos de todos los signos que están cumpliendo condena o bien a la espera de entrar en prisión, como el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Y eso es una línea roja para Podemos. «No vamos a ser cómplices de la salida masiva de corruptos de las cárceles españolas», aseguran.
La soledad de Sánchez
Es tan personal la apuesta de Pedro Sánchez por reformar el delito de malversación que en esto, aseguran en el PSOE, está prácticamente solo. Únicamente los ministros más leales, como la de Defensa, Margarita Robles, han salido públicamente a defender la medida adoptada por el presidente. En la última reunión de la Ejecutiva que se trató el tema todo el mundo calló. Por miedo. Aunque la mayoría de los dirigentes eran y son reacios a esta modificación legislativa. El único que alzó la voz fue el portavoz parlamentario, Patxi López, que, además, se enfrentó al secretario general argumentando que su grupo no podía defender esto.
Entre los barones más cercanos a Sánchez también hay unanimidad en dar la espalda por primera vez al líder. Luis Tudanca, Juan Lobato y ahora Juan Espadas, tras ver que la enmienda de ERC favorece al socialista José Antonio Griñán, rechazan la concesión y denuncian internamente «el coste electoral y reputacional que vamos a sufrir». Nadie descarta una posible ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados.
REFORMA DE LA MALVERSACIÓNERC propone a Sánchez reducir las penas por malversación a la mitad para rehabilitar a Junqueras
ERC propone que las penas por malversación pasen de 2 y 6 años de guandoca a entre 6 meses y 3 años
El PSOE arde con la malversación: Sánchez avanzó en la negociación con ERC de espaldas al partido
Sánchez pide a ERC cambiar su idea de la malversación porque diputados del PSOE amenazan con votar 'no'
ERC propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con una pena menor de guandoca a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. La condena sería de entre 6 meses y 3 años de prisión, en lugar de entre 2 a 6 años. Así lo ha presentado la formación separatista en una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Podemos para derogar el delito de sedición.
Se trata de una nueva exigencia de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso para que Oriol Junqueras, condenado también por malversación, pueda concurrir como candidato a la Generalitat de Cataluña, ya que actualmente pesa sobre él una pena de inhabilitación para cargo público de 13 años.
ERC apuesta por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años».
En este caso, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que ERC eleva a veinte años la inhabilitación en los casos más graves de malversación que considera en tres supuestos: cuando haya daño grave al servicio público, cuando el patrimonio público exceda los 50.000 euros o si lo malversado tuviera valor artístico o científico o si fuera destinado a aliviar alguna calamidad pública. Además, si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de guandoca para «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público».
El artículo 252 señala que «serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
«Principios democráticos»
ERC propone esta serie de enmiendas con «la voluntad de mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro».
Los separatistas también proponen este cambio en el Código Penal para «mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro». «Con la enmienda propuesta quedan más claros los límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, siempre partiendo del principio de la intervención mínima del Derecho penal (ultima ratio)», apostillan.
El partido de Oriol Junqueras justifica su enmienda en la necesidad de volver en la tipología de este delito a la redacción anterior a la reforma de 1995 ejecutada por el PP, con el objetivo de que la malversación «recoja las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro».
ERC define también su concepto de patrimonio público como «el conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial perteneciente a las administraciones públicas».
Para los separatistas, la reforma de 2015 es «inadecuada» porque equipara «indebidamente» lo que suele denominarse administración de activos ajenos particulares y públicos y que se usó de «forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista». «Beneficios privados y servicios públicos son a ojos vista objetivos diversos y, por tanto, no merecen ser equiparados en cuanto protección juridicopenal», defiende ERC.
El nuevo texto normativo les advertirá de que pueden incurrir en los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva
Golpe de Sánchez al Poder Judicial: cambia la ley para burlar al CGPJ y controlar el Constitucional
Las puertas giratorias de Sánchez: coloca al ex ministro Campo en el Tribunal Constitucional
- JOAN GUIRADO
- 09/12/2022 00:31
- ACTUALIZADO: 09/12/2022 07:44
Mediante amenaza de incurrir en responsabilidades penales. Concretamente en la comisión de los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. Así es como Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición quieren obligar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional en un tiempo récord: en enero. Además, para evitar escollos que puedan poner en cuestión la idoneidad de sus designados -en este caso el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora del Gobierno Laura Díez Bueso- con la nueva modificación del Código Penal, que PSOE y Podemos presentarán este viernes, retirarán también la verificación obligatoria que los magistrados del Constitucional tenían que hacer hasta ahora de los candidatos para valorar los perfiles.
En concreto en el texto normativo se incluirá una cláusula final que recordará a los magistrados del CGPJ que, en caso de incumplimiento de los nuevos plazos de renovación que ahora se estipulan -que no llegan a las dos semanas, entre la designación, la convocatoria del pleno y la elección-, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal». Así pues, tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial como los vocales que forman parte de él que impidan a Sánchez ejecutar el asalto al Tribunal Constitucional, podrán ser considerados autores de dos delitos a partir de que entre en vigor la reforma.
Con este movimiento, y las nuevas advertencias a modo de amenaza, el Gobierno intenta poner palos en las ruedas al sector del CGPJ afín al centroderecha a la hora de proponer a sus candidatos, pues al manejar el sector de izquierdas los nuevos plazos exprés que se recogerán en la norma, una vez se añadan ambas enmiendas, los jueces afines al Ejecutivo dejan en clara desventaja a sus compañeros de cara a la elección de los dos vocales que acompañarán a Campo y Díez Bueso en la renovación que se hará efectiva en cuestión de semanas.
De cara a un futuro, y para no depender de otras instituciones, Moncloa ha modificado también la ley mediante una enmienda conjunta del PSOE y Podemos para que tras*curridos nueve años -que es el mandato natural- y tres meses -de margen- de los magistrados una de las partes pueda designar a sus candidatos sin tener que esperar a hacerlo conjuntamente con otro de los poderes del Estado que también elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Así, hoy ya, Campo y Díez Bueso serían vocales del TC sin haber valorado sus perfiles. Algo que politizará aún más el sistema judicial español.
REFORMA DE LA MALVERSACIÓNEl PSOE arde con la malversación: Sánchez avanzó en la negociación con ERC de espaldas al partido
En el Grupo Socialista creen que la reforma de la malversación no saldrá adelante por la falta de apoyos entre los socios
Sánchez prepara ya una reforma de la malversación a la carta para beneficiar a Junqueras
PSOE y ERC pactan una malversación que salva a Griñán de entrar en la guandoca y rehabilita a Junqueras
- JOAN GUIRADO
- 09/12/2022 06:45
- ACTUALIZADO: 09/12/2022 08:20
La reforma del delito de malversación es una apuesta personal de Pedro Sánchez. Y como tal, y como ya ha ocurrido en otros temas delicados, se ha fraguado desde su equipo en el Palacio de La Moncloa. Sin participación de ninguno de los ministros socialistas que podían tener relación con la cuestión: Presidencia y Relaciones con las Cortes y Justicia. La mayoría de los miembros de la dirección del PSOE tampoco conocían los avances en la negociación con ERC, que pilotó Óscar López y en la que se implicó el propio presidente.
La reforma del delito de malversación fue un compromiso que Sánchez adquirió en secreto con Pere Aragonés y que ha querido cumplir con sus socios independentistas para garantizarse los Presupuestos. Aunque es un compromiso «a lo Sánchez». De trasladar su apoyo sabiendo que hay muchas papeletas de que las Cortes rechacen la enmienda de ERC. Y es que la opinión generalizada en el grupo parlamentario es que «no habrá la mayoría suficiente para hacerlo».
«Nosotros habremos cumplido, habremos apoyado el texto que registre ERC», sostenía este jueves una voz autorizada del grupo parlamentario socialista. «A partir de ahí corresponde a quienes la impulsan [ERC] recabar los apoyos necesarios para su aprobación en el pleno», recalcan. El PSOE pretende justificarse ante los de Oriol Junqueras en caso de no acabar de completar la reforma del delito de malversación -que levanta muchas ampollas en el partido-, diciendo que «nosotros lo apoyamos, pero ni lo lideramos ni buscamos los apoyos». Aunque todo el mundo sabe que si bien es ERC el grupo que registra la enmienda, ésta ha sido negociada y trabajada hasta el último detalle con el PSOE. En especial con el Gobierno, por lo que en la práctica lleva los dos sellos.
Porque en esta aventura legislativa Unidas Podemos no comparte la hoja de ruta ni de los socialistas ni de los independentistas. Básicamente por el hecho de que la reforma del delito a la carta para los condenados del procés, de la que hablaba Sánchez el pasado martes en los pasillos del Congreso, es imposible. Tocar el delito de malversación significa también beneficiar a decenas de políticos de todos los signos que están cumpliendo condena o bien a la espera de entrar en prisión, como el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Y eso es una línea roja para Podemos. «No vamos a ser cómplices de la salida masiva de corruptos de las cárceles españolas», aseguran.
La soledad de Sánchez
Es tan personal la apuesta de Pedro Sánchez por reformar el delito de malversación que en esto, aseguran en el PSOE, está prácticamente solo. Únicamente los ministros más leales, como la de Defensa, Margarita Robles, han salido públicamente a defender la medida adoptada por el presidente. En la última reunión de la Ejecutiva que se trató el tema todo el mundo calló. Por miedo. Aunque la mayoría de los dirigentes eran y son reacios a esta modificación legislativa. El único que alzó la voz fue el portavoz parlamentario, Patxi López, que, además, se enfrentó al secretario general argumentando que su grupo no podía defender esto.
Entre los barones más cercanos a Sánchez también hay unanimidad en dar la espalda por primera vez al líder. Luis Tudanca, Juan Lobato y ahora Juan Espadas, tras ver que la enmienda de ERC favorece al socialista José Antonio Griñán, rechazan la concesión y denuncian internamente «el coste electoral y reputacional que vamos a sufrir». Nadie descarta una posible ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados.
REFORMA DE LA MALVERSACIÓNERC propone a Sánchez reducir las penas por malversación a la mitad para rehabilitar a Junqueras
ERC propone que las penas por malversación pasen de 2 y 6 años de guandoca a entre 6 meses y 3 años
El PSOE arde con la malversación: Sánchez avanzó en la negociación con ERC de espaldas al partido
Sánchez pide a ERC cambiar su idea de la malversación porque diputados del PSOE amenazan con votar 'no'
- GONZAGA DURÁN
- 09/12/2022 10:25
- ACTUALIZADO: 09/12/2022 16:53
ERC propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con una pena menor de guandoca a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. La condena sería de entre 6 meses y 3 años de prisión, en lugar de entre 2 a 6 años. Así lo ha presentado la formación separatista en una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Podemos para derogar el delito de sedición.
Se trata de una nueva exigencia de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso para que Oriol Junqueras, condenado también por malversación, pueda concurrir como candidato a la Generalitat de Cataluña, ya que actualmente pesa sobre él una pena de inhabilitación para cargo público de 13 años.
ERC apuesta por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años».
En este caso, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que ERC eleva a veinte años la inhabilitación en los casos más graves de malversación que considera en tres supuestos: cuando haya daño grave al servicio público, cuando el patrimonio público exceda los 50.000 euros o si lo malversado tuviera valor artístico o científico o si fuera destinado a aliviar alguna calamidad pública. Además, si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de guandoca para «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público».
El artículo 252 señala que «serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
«Principios democráticos»
ERC propone esta serie de enmiendas con «la voluntad de mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro».
Los separatistas también proponen este cambio en el Código Penal para «mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro». «Con la enmienda propuesta quedan más claros los límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, siempre partiendo del principio de la intervención mínima del Derecho penal (ultima ratio)», apostillan.
El partido de Oriol Junqueras justifica su enmienda en la necesidad de volver en la tipología de este delito a la redacción anterior a la reforma de 1995 ejecutada por el PP, con el objetivo de que la malversación «recoja las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro».
ERC define también su concepto de patrimonio público como «el conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial perteneciente a las administraciones públicas».
Para los separatistas, la reforma de 2015 es «inadecuada» porque equipara «indebidamente» lo que suele denominarse administración de activos ajenos particulares y públicos y que se usó de «forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista». «Beneficios privados y servicios públicos son a ojos vista objetivos diversos y, por tanto, no merecen ser equiparados en cuanto protección juridicopenal», defiende ERC.
