Sánchez cosecha diez sonoros fracasos tras solo 64 días en Moncloa
31 de mayo. Pedro Sánchez se sube a la tribuna del Congreso con una moción de censura para desalojar a Rajoy de La Moncloa, tras un auto judicial en el que el PP quedaba señalado por corrupción. En su discurso le reprocha su incapacidad para llegar a acuerdos o vivir en la esperanza de la prórroga presupuestaria. Sánchez promete a la cámara entendimiento, regeneración y limpieza frente a todo lo que representa el partido entonces en el Gobierno. En menos de seis días, el registrador de la propiedad da un paso atrás y deja el poder en manos de quien en 2016 fue desalojado de la secretaría general del PSOE, después resucitado.
Ahora, 64 días después de su investidura, y con los mismos 84 diputados que cuando estaba en la oposición, Sánchez se encuentra con varios frentes abiertos, aunque persiste en "avanzar y en sacar del letargo a país". La realidad, sin embargo, es adversa, y le deja en dos meses 10 sonoros fracasos: el rechazo a la subida de impuestos ,la confusa política migratoria, su incapacidad para cerrar la crisis de RTVE, El no al techo de gasto, la frustración de no avanzar en la financiación autonómica, las atribuciones impropias, el cierre en falso de la crisis del taxi, la mala elección de sus portavoces, la ambigüedad con Cataluña, y su mala imagen con la prensa, con el remate final del uso de un Falcon para asistir a un concierto en Benicàssim.
En su agenda del cambio, el nuevo presidente no quiere que las pensiones suban en función del crecimiento económico. Defiende a ultranza la relación con el IPC, y para sufragar estas prestaciones ha propuesto un impuesto a la banca. Esta semana, la gran banca española lanzaba duras críticas y advertía de las consecuencias que puede tener sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo.
Las patronales AEB y CECA avisan a Sánchez de que dicho impuesto tendría unos efectos recaudatorios "inferiores a los pretendidos" por el Gobierno, y a la postre acabará afectando "de forma muy negativa" a la solvencia de las entidades. Pero Moncloa no lo ve así. Entiende que el Ejecutivo representa el interés general y no el particular de las entidades, pese a que es muy probable que los clientes busquen bancos extranjeros si al final se ven repercutidos por este impuesto.
Claro que este no es el único impuesto que propone Sánchez. El nuevo inquilino de La Moncloa quiere armonizar Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, imponeniendo una normativa nacional sobre las autonómicas. Además, quiere subir Sociedades, descartando que ello influya de manera negativa en la creación de empleo. El dieselazo, incrementar la fiscalidad del uso del combustible diésel para equipararlo con la gasolina, es otro de los hachazos fiscales del Ejecutivo, y ello sin consecuencias tasadas.
Juncker ofrece 53 millones para gestionar la migración pero pide a Sánchez mayor cooperación con los países de origen
La política de inmi gración estrenada por Pedro Sánchez nada más desembarcar en Moncloa tampoco parece que le haya reportado demasiados réditos políticos, aunque asegura que es el primer Gobierno que sí tiene política migratoria. De aquellas imágenes recibiendo en el puerto de Valencia al barco Aquarius, calificada aquella acción de "aldabonazo" para Europa, prestándonos incluso a recibir a pagapensiones que le sobran a Alemania, a la necesidad inmediata de recurrir ante la UE para que nos presten ayuda y desbloqueen fondos. El miércoles, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, respondía a Sánchez con una ayuda de 53 millones de euros, pero anticipando que los recursos para gestionar la migración "son limitados". Juncker también le ha pedido al mandatario español que "fortalezca la cooperación con los países de origen, de tránsito y destino de la migración", especialmente en el refuerzo urgente de la vigilancia de las fronteras en jovenlandia. Y Sánchez ha incorporado esas indicaciones.
Dos meses de sorpresas...y lo que queda
Dos meses de sorpresas... y lo que queda: lea la carta semanal de Amador G. Ayora
Pero eso no es todo. Dentro de esta política migratoria, el anuncio inmediato de la demolición de las concertinas en Ceuta y Melilla también ha sido otro dislate. Especialmente porque Sánchez no ha previsto soluciones de calado ante la falta de recursos, como denuncian policías y Guardia Civil, atacados en el asalto de vallas, algunos de ellos heridos con cal viva como ocurrió el 26 de julio. El efecto llamada, entre otras causas -lo que reconocen las autoridades marroquíes, con quien el presidente Pedro Sánchez todavía no ha mantenido el protocolario encuentro que cualquier presidente acomete nada más pisar La Moncloa-, ha originado que solo en el mes de julio de este año, y según la Organización Internacional para las Migraciones, se hayan registrado 7.782 llegadas más que en ningún otro mes desde 2015. A 31 de julio, el número de pagapensiones que han llegado a España por mar en 2018 supera ya el de todo 2017.
El techo de gasto y la renovación del Consejo de RTVE plasman la dificultad de Sánchez para lograr apoyos parlamentarios
Y de la incapacidad de llegar a acuerdos de Rajoy, a la incapacidad política de Sánchez. El mandatario socialista lo está viviendo en sus carnes. Lo ha visto en los nueve plenos que ha necesitado para que el Congreso apruebe el administrador único de RTVE, con Rosa María Mateo, al frente de una figura que no se había vuelto a ver desde la época de Franco.
Sensaciones que se repiten con el techo de gasto. Después de renegociar con Bruselas la senda fiscal, el Gobierno se ha encontrado con la respuesta negativa a la nueva senda de déficit de toda la cámara, salvo de sus 84 diputados y del PNV.
Las dificultades, por ahora, de encontrar apoyos, adivinan un nuevo fracaso cuando dentro de un mes la ministra de Hacienda vuelva a la cámara con el mismo documento. Si así fuera, Sánchez se vería abocado a presentar los Presupuestos de 2019 con los objetivos aprobados por Rajoy. Pero sí eso resultara imposible, sería aún más grave el coste político. Finalmente tendría que recurrir a la prórroga de las Cuentas Públicas que los populares consiguieron aprobar en el último minuto de su mandato. En román paladino, dijo Rajoy: "Se van a tener que comer los Presupuestos con patatas fritas". De momento, Sánchez ha acatado los de 2018. Los de 2019 son una incógnita.
Y del techo, a la financiación autonómica. En el discurso de la moción contra Rajoy, Sánchez recriminó al último presidente del Partido Popular que éste no hubiera cerrado la nueva reforma, pendiente desde el año 2009. Un cuarto de hora más tarde, confesaba que él tampoco lo haría, esencialmente por falta de tiempo y porque, como dijo el viernes, bastante tienen las comunidades y los ayuntamientos, que en 10 meses estarán de elecciones. Sin embargo, sí que ha reeditado la comisión bilateral Estado-Cataluña, lo que no ha sentado demasiado bien al resto de comunidades, tampoco a las socialistas.
Este pasado miércoles, y ante el escaso interés por abordar ahora la financiación autonómica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un 7% más de fondos a las regiones para el próximo año. Una atribución impropia que corresponde a la gestión de la etapa del Partido Popular, pues se trata de las entregas a cuenta que proceden de la liquidación del ejercicio de 2017 y del incremento de los ingresos del Estado previstos para 2019 en materia de IRPF, IVA e Impuestos Especiales.
El IVA cultural, la mayor creación de empleo público, la subida de las pensiones y de las pensiones de viudedad, también han sido objeto de atribuciones impropias por parte del Gobierno socialista en las distintas ruedas de prensa. Medidas, todas ellas, recogidas en los Presupuestos de Rajoy de 2018 pactados en su día con PNV y Cs.
Algunos dirigentes del PSOE critican la elección de los portavoces de Sánchez por falta de preparación
Según dirigentes del propio PSOE con los que ha tenido contacto eE, la elección de portavoces ha sido otro de los despropósitos del Ejecutivo de Sánchez. En el seno del partido hay malestar con el perfil de las personas elegidas, porque entienden que les falta preparación política y capacidad argumentativa para defender la gestión del Gobierno, y más aún para negociar y alcanzar acuerdos. Fuentes del Partido Popular reconocen a este diario que para negociar el techo de gasto aguardaron al final de la votación, cuando no había nada que hacer.
Esa falta de interlocución es lo que esta semana se le ha censurado al Gobierno a la hora de buscar soluciones a las protestas del sector del taxi y de sus quejas por las licencias de las VTC. Tras días sin servicio en las grandes ciudades, afectando al turismo y al comercio en la época más importante en la recepción de turistas, el Ejecutivo ha resuelto pasar la patata caliente a las autonomías y que sean éstas las que regulen las licencias de las VTC, una solución que queda por negociar y que puede prolongarse hasta final de septiembre, donde el taxi ya anuncia nuevas paradas.
A principios de junio, con motivo de la primera rueda de prensa del Ejecutivo de Sánchez, su portavoz, Isabel Celáa, daba a conocer la eliminación del control de las cuentas del Govern catalán, algo que ya estaba previsto con el fin de la aplicación del artículo 155. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, lo vendió a bombo y platillo, a pesar de que los propios independentistas insistieron en que el último control, el mensual, ése no había desparecido. El guiño ambiguo dio paso a la comisión bilateral Estado-Generalitat en el marco de una relación federal, remarcó la ministra Meritxell Batet, quien ha anunciado el incremento del 30% de las inversiones en Cataluña, equiparando la aportación al PIB español. El enfado del resto de las comunidades promete un otoño caliente.
La imagen del presidente y la negativa a conceder ruedas de prensa, salvo en viajes internacionales, cierra este decálogo de sonoros fracasos. El uso privado de un Falcon -como Alfonso Guerra de un Mystere- para acudir a un concierto abriendo solo para él el aeropuerto de Castellón, no ha sido la mejor manera de acallar esas críticas que le tachan de frivolidad.
31 de mayo. Pedro Sánchez se sube a la tribuna del Congreso con una moción de censura para desalojar a Rajoy de La Moncloa, tras un auto judicial en el que el PP quedaba señalado por corrupción. En su discurso le reprocha su incapacidad para llegar a acuerdos o vivir en la esperanza de la prórroga presupuestaria. Sánchez promete a la cámara entendimiento, regeneración y limpieza frente a todo lo que representa el partido entonces en el Gobierno. En menos de seis días, el registrador de la propiedad da un paso atrás y deja el poder en manos de quien en 2016 fue desalojado de la secretaría general del PSOE, después resucitado.
Ahora, 64 días después de su investidura, y con los mismos 84 diputados que cuando estaba en la oposición, Sánchez se encuentra con varios frentes abiertos, aunque persiste en "avanzar y en sacar del letargo a país". La realidad, sin embargo, es adversa, y le deja en dos meses 10 sonoros fracasos: el rechazo a la subida de impuestos ,la confusa política migratoria, su incapacidad para cerrar la crisis de RTVE, El no al techo de gasto, la frustración de no avanzar en la financiación autonómica, las atribuciones impropias, el cierre en falso de la crisis del taxi, la mala elección de sus portavoces, la ambigüedad con Cataluña, y su mala imagen con la prensa, con el remate final del uso de un Falcon para asistir a un concierto en Benicàssim.
En su agenda del cambio, el nuevo presidente no quiere que las pensiones suban en función del crecimiento económico. Defiende a ultranza la relación con el IPC, y para sufragar estas prestaciones ha propuesto un impuesto a la banca. Esta semana, la gran banca española lanzaba duras críticas y advertía de las consecuencias que puede tener sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo.
Las patronales AEB y CECA avisan a Sánchez de que dicho impuesto tendría unos efectos recaudatorios "inferiores a los pretendidos" por el Gobierno, y a la postre acabará afectando "de forma muy negativa" a la solvencia de las entidades. Pero Moncloa no lo ve así. Entiende que el Ejecutivo representa el interés general y no el particular de las entidades, pese a que es muy probable que los clientes busquen bancos extranjeros si al final se ven repercutidos por este impuesto.
Claro que este no es el único impuesto que propone Sánchez. El nuevo inquilino de La Moncloa quiere armonizar Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, imponeniendo una normativa nacional sobre las autonómicas. Además, quiere subir Sociedades, descartando que ello influya de manera negativa en la creación de empleo. El dieselazo, incrementar la fiscalidad del uso del combustible diésel para equipararlo con la gasolina, es otro de los hachazos fiscales del Ejecutivo, y ello sin consecuencias tasadas.
Juncker ofrece 53 millones para gestionar la migración pero pide a Sánchez mayor cooperación con los países de origen
La política de inmi gración estrenada por Pedro Sánchez nada más desembarcar en Moncloa tampoco parece que le haya reportado demasiados réditos políticos, aunque asegura que es el primer Gobierno que sí tiene política migratoria. De aquellas imágenes recibiendo en el puerto de Valencia al barco Aquarius, calificada aquella acción de "aldabonazo" para Europa, prestándonos incluso a recibir a pagapensiones que le sobran a Alemania, a la necesidad inmediata de recurrir ante la UE para que nos presten ayuda y desbloqueen fondos. El miércoles, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, respondía a Sánchez con una ayuda de 53 millones de euros, pero anticipando que los recursos para gestionar la migración "son limitados". Juncker también le ha pedido al mandatario español que "fortalezca la cooperación con los países de origen, de tránsito y destino de la migración", especialmente en el refuerzo urgente de la vigilancia de las fronteras en jovenlandia. Y Sánchez ha incorporado esas indicaciones.
Dos meses de sorpresas...y lo que queda
Dos meses de sorpresas... y lo que queda: lea la carta semanal de Amador G. Ayora
Pero eso no es todo. Dentro de esta política migratoria, el anuncio inmediato de la demolición de las concertinas en Ceuta y Melilla también ha sido otro dislate. Especialmente porque Sánchez no ha previsto soluciones de calado ante la falta de recursos, como denuncian policías y Guardia Civil, atacados en el asalto de vallas, algunos de ellos heridos con cal viva como ocurrió el 26 de julio. El efecto llamada, entre otras causas -lo que reconocen las autoridades marroquíes, con quien el presidente Pedro Sánchez todavía no ha mantenido el protocolario encuentro que cualquier presidente acomete nada más pisar La Moncloa-, ha originado que solo en el mes de julio de este año, y según la Organización Internacional para las Migraciones, se hayan registrado 7.782 llegadas más que en ningún otro mes desde 2015. A 31 de julio, el número de pagapensiones que han llegado a España por mar en 2018 supera ya el de todo 2017.
El techo de gasto y la renovación del Consejo de RTVE plasman la dificultad de Sánchez para lograr apoyos parlamentarios
Y de la incapacidad de llegar a acuerdos de Rajoy, a la incapacidad política de Sánchez. El mandatario socialista lo está viviendo en sus carnes. Lo ha visto en los nueve plenos que ha necesitado para que el Congreso apruebe el administrador único de RTVE, con Rosa María Mateo, al frente de una figura que no se había vuelto a ver desde la época de Franco.
Sensaciones que se repiten con el techo de gasto. Después de renegociar con Bruselas la senda fiscal, el Gobierno se ha encontrado con la respuesta negativa a la nueva senda de déficit de toda la cámara, salvo de sus 84 diputados y del PNV.
Las dificultades, por ahora, de encontrar apoyos, adivinan un nuevo fracaso cuando dentro de un mes la ministra de Hacienda vuelva a la cámara con el mismo documento. Si así fuera, Sánchez se vería abocado a presentar los Presupuestos de 2019 con los objetivos aprobados por Rajoy. Pero sí eso resultara imposible, sería aún más grave el coste político. Finalmente tendría que recurrir a la prórroga de las Cuentas Públicas que los populares consiguieron aprobar en el último minuto de su mandato. En román paladino, dijo Rajoy: "Se van a tener que comer los Presupuestos con patatas fritas". De momento, Sánchez ha acatado los de 2018. Los de 2019 son una incógnita.
Y del techo, a la financiación autonómica. En el discurso de la moción contra Rajoy, Sánchez recriminó al último presidente del Partido Popular que éste no hubiera cerrado la nueva reforma, pendiente desde el año 2009. Un cuarto de hora más tarde, confesaba que él tampoco lo haría, esencialmente por falta de tiempo y porque, como dijo el viernes, bastante tienen las comunidades y los ayuntamientos, que en 10 meses estarán de elecciones. Sin embargo, sí que ha reeditado la comisión bilateral Estado-Cataluña, lo que no ha sentado demasiado bien al resto de comunidades, tampoco a las socialistas.
Este pasado miércoles, y ante el escaso interés por abordar ahora la financiación autonómica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un 7% más de fondos a las regiones para el próximo año. Una atribución impropia que corresponde a la gestión de la etapa del Partido Popular, pues se trata de las entregas a cuenta que proceden de la liquidación del ejercicio de 2017 y del incremento de los ingresos del Estado previstos para 2019 en materia de IRPF, IVA e Impuestos Especiales.
El IVA cultural, la mayor creación de empleo público, la subida de las pensiones y de las pensiones de viudedad, también han sido objeto de atribuciones impropias por parte del Gobierno socialista en las distintas ruedas de prensa. Medidas, todas ellas, recogidas en los Presupuestos de Rajoy de 2018 pactados en su día con PNV y Cs.
Algunos dirigentes del PSOE critican la elección de los portavoces de Sánchez por falta de preparación
Según dirigentes del propio PSOE con los que ha tenido contacto eE, la elección de portavoces ha sido otro de los despropósitos del Ejecutivo de Sánchez. En el seno del partido hay malestar con el perfil de las personas elegidas, porque entienden que les falta preparación política y capacidad argumentativa para defender la gestión del Gobierno, y más aún para negociar y alcanzar acuerdos. Fuentes del Partido Popular reconocen a este diario que para negociar el techo de gasto aguardaron al final de la votación, cuando no había nada que hacer.
Esa falta de interlocución es lo que esta semana se le ha censurado al Gobierno a la hora de buscar soluciones a las protestas del sector del taxi y de sus quejas por las licencias de las VTC. Tras días sin servicio en las grandes ciudades, afectando al turismo y al comercio en la época más importante en la recepción de turistas, el Ejecutivo ha resuelto pasar la patata caliente a las autonomías y que sean éstas las que regulen las licencias de las VTC, una solución que queda por negociar y que puede prolongarse hasta final de septiembre, donde el taxi ya anuncia nuevas paradas.
A principios de junio, con motivo de la primera rueda de prensa del Ejecutivo de Sánchez, su portavoz, Isabel Celáa, daba a conocer la eliminación del control de las cuentas del Govern catalán, algo que ya estaba previsto con el fin de la aplicación del artículo 155. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, lo vendió a bombo y platillo, a pesar de que los propios independentistas insistieron en que el último control, el mensual, ése no había desparecido. El guiño ambiguo dio paso a la comisión bilateral Estado-Generalitat en el marco de una relación federal, remarcó la ministra Meritxell Batet, quien ha anunciado el incremento del 30% de las inversiones en Cataluña, equiparando la aportación al PIB español. El enfado del resto de las comunidades promete un otoño caliente.
La imagen del presidente y la negativa a conceder ruedas de prensa, salvo en viajes internacionales, cierra este decálogo de sonoros fracasos. El uso privado de un Falcon -como Alfonso Guerra de un Mystere- para acudir a un concierto abriendo solo para él el aeropuerto de Castellón, no ha sido la mejor manera de acallar esas críticas que le tachan de frivolidad.
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