«Salí de Ucrania con una bolsa de mano y ahora no tengo donde vivir»

SANTIAGO / LA VOZ
SANTIAGO

XOAN A. SOLER


Natalia Stuchynska cobra la Risga y está pendiente de un desahucio tras ser expulsada con su hija del programa de protección internacional del Ministerio de Inclusión



Natalia Stuchynska, ucraniana que hasta el estallido de la guerra vivía en Kiev, trabajaba en un banco y estudiaba derecho, tiene 44 años, cobra 550 euros de la Risga y este viernes, día 29, debe abandonar con su hija Karina, mayor de edad, las instalaciones del centro de refugiados que la oenegé Movimiento por la Paz (MPDL) gestiona en As Galanas (Teo), ya que este alojamiento cerrará sus puertas esa fecha. «Salí de Ucrania con mi hija y solo pude llevarme una bolsa de mano con algo de ropa y dinero», relata con cierta dificultad y ayuda de un traductor porque no habla bien español, aunque lo entiende mucho mejor.



Cuando ocurría esto ni se imaginaba que la guerra duraría tanto y que ella se encontraría en plenas fiestas navideñas en la cuenta atrás para un desahucio. En realidad, con los papeles en la mano, Natalia y su hija deberían de haber abandonado el centro de acogida de As Galanas el pasado mes de julio, ya que fue entonces cuando recibió la notificación de que había sido expulsada del programa de refugiados diseñado por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones para la población ucraniana, que automáticamente les concedió el estatuto de personas con protección internacional y les facilitó un permiso de residencia.



Ella afirma que su orden de expulsión tiene su origen en afirmaciones falsas del personal de la oenegé, ya que insiste en que el trato recibido por ella y otras personas no fue el adecuado. También señala que sufrió situaciones vejatorias y de acoso por parte de otras personas refugiadas que vivían en el mismo hotel y considera que las normas que regían en el centro vulneraban sus derechos fundamentales, entre otros, el de la intimidad. Añade a sus denuncias que la oenegé tendría que haberle entregado dinero que el ministerio asigna para gastos personales pero no ha cobrado todas las mensualidades, que reclama por vía judicial, al igual que la anulación de la expulsión del sistema de acogida. Otra de las quejas tiene que ver con el horario de las instalaciones, lo que le provocó que una noche, en la que volvía de Madrid para hacer distintos trámites, no pudiese acceder al centro. Y se queja de que parte de las cartas del ministerio sobre el expediente abierto, que recurrió sin éxito, no le fueron entregadas en tiempo y forma, lo que le dificultó todo el proceso de alegaciones.




Una vez expulsada del programa, y con orden de abandono del centro, la situación de Natalia y de su hija, que alcanzó la mayoría de edad en abril, pasó a depender directamente del área de Servizos Sociais del Concello de Teo. En este departamento le tramitaron su inclusión en el programa Risga, por lo que recibe 550 euros mensuales desde septiembre.



Cuando Natalia y Karina llegaron A España, en marzo del año pasado, las enviaron a Toledo, pero posteriormente fueron asignadas a Galicia. Natalia reconoce que este cambio no lo llevó bien y afirma que fue cuando llegaron al hotel de Teo cuando comenzaron los problemas ya que, afirma, la oenegé pretendía que firmase documentos en español que apenas entendía.




«Yo escribo y escribo, busco y busco trabajo, pero no encuentro nada», afirma insistentemente, además de señalar que el dinero de la Risga no es suficiente para un alojamiento para ella y su hija, de la que resalta que está muy integrada en Santiago, por lo que no se plantean marcharse. Natalia acude a clases de español en Cáritas y es beneficiaria de su programa de alimentos, pero ante el cierre inmediato del hotel de acogida tuvo que pedirle a un allegado que se los guardase. «No tengo donde vivir, mi hija y yo necesitamos ayuda», insiste mientras reclama algún recurso habitacional como el que la oenegé habilitó para las demás personas que estaban en el hotel de acogida de As Galanas.



El 24 de mayo, días antes de las elecciones municipales, le escribió al entonces alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, con quien participó en varios actos reivindicativos contra la guerra de Ucrania, para pedirle ayuda para beneficiarse de algún programa de acogida, pero no recibió respuesta. En su carta explica que el problema con la oenegé surgió cuando denunció que no le entregaban el dinero que le correspondía, por lo que ella se enfrentó abiertamente al personal. Afirma que su petición de auxilio no tuvo respuesta.




El día 20 le envió un escrito similar a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, solicitándole que la reciba y señalando que en Servizos Sociais de Teo y Santiago ya no pueden ayudarla. «Solo necesito techo y trabajo. Soy economista y abogada, tengo mucho que aportar a este país», concluye en su misiva, cuya respuesta aguarda.


La oenegé afirma que deben aplicar la norma y Servizos Sociais de Teo no tiene viviendas


Ante sus denuncias públicas y judiciales, Movimiento por la Paz señala que su labor está determinada por las normas que marca el ministerio y que como toda oenegé están sometidos a una rigurosa fiscalización gestora y económica, por lo que cuando hay problemas de convivencia deben notificarlo. Y afirman que los hubo, además de rechazar las acusaciones de Natalia Stuchynska, insistiendo en que el servicio de traductor de ucraniano se utiliza para todas las gestiones importantes. Además de insistir en que es el ministerio quien dicta la expulsión, señalan que el cambio de modelo implica el cierre del hotel de acogida, en el que le permitieron alojarse tras la orden de expulsión. Afirman que le están buscando una solución habitacional con el matiz de que, al no formar parte del programa de protección internacional, es más difícil.




Una vez expulsada, su caso depende de Servizos Sociais de Teo, departamento que la ayudó con los recursos ante el ministerio, le gestionó la Risga, el acceso al banco de alimentos y le facilitó una tarjeta de tras*porte. La opción de una vivienda, un servicio que Teo no tiene, corresponde al IGVS. También acudió la semana pasada a la Xunta para pedir ayuda, pero le señalaron que la opción posible es la que ya tiene, la Risga. Afirman en San Caetano que durante su estancia mantuvo una actitud agresiva con el personal. Además, Xunta y Concello coinciden en que su situación queda fuera de los casos extraordinarios para tener vivienda.



«¿Dos refugiadas sin techo, con 550 euros al mes y sin hablar bien el idioma no son vulnerables?», se pregunta una de las personas que las está ayudando, y que insiste en que quien las conoce sabe que no son conflictivas y que se sienten impotentes ante todo lo que les está ocurriendo.

Y no sería más fácil volver a Kiev? Qué yo sepa la guerra está en el este y la capital vive con relativa tranquilidad