Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts pel Cat presionan a Pedro Sánchez para que paralice las obras de ampliación del puerto de Valencia, no solo por cuestiones medioambientales, sino para que no se amplíe de forma irreversible la brecha que le separa del de Barcelona desde hace una década, según aseguran a Vozpopuli fuentes empresariales conocedoras de los primeros contactos entre los socialistas y los independentistas catalanes.
Evidentemente, la ampliación del puerto de Valencia en 134 hectáreas ganadas al mar, con una inversión inicial de 1.200 millones de euros que creará 7.000 nuevos puestos de trabajo, no figura en la agenda oficial de temas a negociar para la investidura del candidato socialista, junto a la amnistía del 1-O o el referéndum de autodeterminación de Cataluña; “pero sí sabemos que los independentistas lo han deslizado de forma oficiosa en sus conversaciones con interlocutores socialistas y Sumar está de acuerdo”, señalan estas fuentes.
Quieren, de común acuerdo con Compromis y colectivos ecologistas de la izquierda valenciana liderados por el ex alcalde de la capital, Joan Ribó, que los Ministerios de Fomento y él tras*ición Ecológica revisen su decisión de dar por buena la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) del puerto en 2007. El propio ministerio de Teresa Ribera dispone de informes que alertan de que el superpuerto pone en riesgo el Parque natural de La Albufera al alterar sustancialmente las corrientes marinas del entorno.
No obstante, las fuentes consultadas insisten en que, para ERC y Junts, la razón de su oposición al proyecto es bien distinta a la medioambiental: tras el desastre económico que supuso la intentona secesionista del 1-O de 2017, con la salida de más de 6.000 empresas de Cataluña, muchas de las cuales encontraron refugio entre Madrid, Valencia y Zaragoza, “no quieren permitir que Valencia tome más distancia del de Barcelona como receptor de containers, y se convierta definitivamente en el puerto de Madrid, a menos de 300 kilómetros”.
La nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, dejó caer principios de septiembre su temor a que el Gobierno de coalición acabe paralizando las obras de ampliación. Aunque no se refirió explícitamente a presiones de los dos partidos independentistas catalanes con vistas a la investidura de Sánchez, cuando fue preguntada si cree que el resultado de las elecciones del 23 de julio puede retrasar la obra respondió: “me gustaría que no fuera así”.
"Ojalá cambiaran de criterio, pero sé, y todo el mundo sabemos, que la aprobación de la ampliación norte del puerto está en la mesa del Consejo de Ministros sin aprobarse por un criterio político, no por un criterio técnico", subrayó la alcaldesa, quien añadió que sólo un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo está en disposición de romper este bloqueo portuario.
La ampliación norte de la terminal marítima tendrá capacidad para gestionar cinco millones de contenedores al año, lo que situará al puerto de Valencia como séptimo de Europa por volumen de tráfico -Algeciras es quinto-. La nueva infraestructura permitirá doblar la capacidad actual de contenedores del enclave valenciano y permitirá aumentar un 62% la superficie operativa. De la inversión inicial de 1.200 millones de euros, 400 los ejecutará la Autoridad Portuaria en obra pública y el resto, la empresa concesionaria, MSC.
www.vozpopuli.com
Evidentemente, la ampliación del puerto de Valencia en 134 hectáreas ganadas al mar, con una inversión inicial de 1.200 millones de euros que creará 7.000 nuevos puestos de trabajo, no figura en la agenda oficial de temas a negociar para la investidura del candidato socialista, junto a la amnistía del 1-O o el referéndum de autodeterminación de Cataluña; “pero sí sabemos que los independentistas lo han deslizado de forma oficiosa en sus conversaciones con interlocutores socialistas y Sumar está de acuerdo”, señalan estas fuentes.
Quieren, de común acuerdo con Compromis y colectivos ecologistas de la izquierda valenciana liderados por el ex alcalde de la capital, Joan Ribó, que los Ministerios de Fomento y él tras*ición Ecológica revisen su decisión de dar por buena la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) del puerto en 2007. El propio ministerio de Teresa Ribera dispone de informes que alertan de que el superpuerto pone en riesgo el Parque natural de La Albufera al alterar sustancialmente las corrientes marinas del entorno.
No obstante, las fuentes consultadas insisten en que, para ERC y Junts, la razón de su oposición al proyecto es bien distinta a la medioambiental: tras el desastre económico que supuso la intentona secesionista del 1-O de 2017, con la salida de más de 6.000 empresas de Cataluña, muchas de las cuales encontraron refugio entre Madrid, Valencia y Zaragoza, “no quieren permitir que Valencia tome más distancia del de Barcelona como receptor de containers, y se convierta definitivamente en el puerto de Madrid, a menos de 300 kilómetros”.
La nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, dejó caer principios de septiembre su temor a que el Gobierno de coalición acabe paralizando las obras de ampliación. Aunque no se refirió explícitamente a presiones de los dos partidos independentistas catalanes con vistas a la investidura de Sánchez, cuando fue preguntada si cree que el resultado de las elecciones del 23 de julio puede retrasar la obra respondió: “me gustaría que no fuera así”.
"Ojalá cambiaran de criterio, pero sé, y todo el mundo sabemos, que la aprobación de la ampliación norte del puerto está en la mesa del Consejo de Ministros sin aprobarse por un criterio político, no por un criterio técnico", subrayó la alcaldesa, quien añadió que sólo un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo está en disposición de romper este bloqueo portuario.
La ampliación norte de la terminal marítima tendrá capacidad para gestionar cinco millones de contenedores al año, lo que situará al puerto de Valencia como séptimo de Europa por volumen de tráfico -Algeciras es quinto-. La nueva infraestructura permitirá doblar la capacidad actual de contenedores del enclave valenciano y permitirá aumentar un 62% la superficie operativa. De la inversión inicial de 1.200 millones de euros, 400 los ejecutará la Autoridad Portuaria en obra pública y el resto, la empresa concesionaria, MSC.
ERC y Junts presionan a Sánchez para que frene la ampliación del ‘superpuerto’ de Valencia
Los dos partidos independentistas no quieren que siga agrandándose la brecha respecto al puerto de Barcelona y, en general, de la economía catalana respectó a la de su vecino del sur
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