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Himbersor
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La historia de los desaciertos políticos del gobierno de Mariano Rajoy en España tuvo un papel crucial en la escalada de tensiones que culminó con el referéndum de independencia de Cataluña en octubre de 2017, conocido como el "procés." A continuación, se detallan los factores y decisiones que ayudaron a encender una de las crisis políticas más significativas en la historia reciente de España.
El Origen de la Tensión: El Estatuto de Autonomía
La disputa comenzó en 2006, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía que ampliaba las competencias de Cataluña y, entre otras cosas, reconocía a Cataluña como una "nación." Este texto fue aprobado tanto por el Congreso de los Diputados como por un referéndum en Cataluña, pero el Partido Popular (PP) de Rajoy, entonces en la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En 2010, el Tribunal dictaminó que varios artículos del Estatuto eran inconstitucionales, eliminando aspectos clave y generando una gran desilusión en Cataluña. Muchos catalanes percibieron esto como una humillación y una falta de respeto hacia su identidad, lo cual marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el gobierno central.
El Crecimiento del Independentismo
Durante los años posteriores, el sentimiento independentista creció rápidamente en Cataluña. La falta de diálogo efectivo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona contribuyó al auge de las manifestaciones masivas en la Diada (Día Nacional de Cataluña) y de partidos independentistas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (CiU). No obstante, cuando Rajoy asumió la presidencia en 2011, mantuvo una postura rígida, negándose a dialogar sobre temas relacionados con la autonomía y la identidad catalana. Esta inflexibilidad alimentó la narrativa de "desencuentro" y "desconexión" que los líderes independentistas usaban para justificar su causa.
Las Negociaciones Frustradas
Entre 2012 y 2015, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, intentó negociar con Rajoy un nuevo acuerdo fiscal para Cataluña, similar al concierto económico del País Vasco. Sin embargo, Rajoy rechazó esta propuesta, argumentando que sería injusta para el resto de las comunidades autónomas. Esto alimentó el deseo de muchos catalanes de buscar una ruptura total con España. En lugar de apaciguar el movimiento, la postura de Rajoy incentivó la idea de que la independencia era la única vía posible para alcanzar una mayor justicia y autonomía económica.
La Consulta de 2014
En 2014, Mas organizó una "consulta participativa" sobre la independencia de Cataluña, un intento de referéndum no vinculante que el gobierno de Rajoy consideró ilegal. La consulta fue prohibida por el Tribunal Constitucional, pero aun así, se llevó a cabo de manera simbólica, y alrededor de dos millones de catalanes votaron en favor de la independencia. La respuesta del gobierno de Rajoy fue judicializar el proceso y sancionar a los organizadores, incluido Mas. Esta judicialización reforzó la percepción de que el Estado no estaba dispuesto a permitir ninguna vía de expresión democrática sobre el futuro de Cataluña.
El Referéndum del 1 de Octubre de 2017 y la Reacción del Gobierno
El 1 de octubre de 2017, el gobierno de Cataluña, liderado por Carles Puigdemont, convocó un referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Rajoy y su gobierno tomaron una postura intransigente y enviaron fuerzas de seguridad para impedir la votación, lo que resultó en enfrentamientos violentos y escenas de represión policial. Las imágenes de violencia fueron rápidamente difundidas por medios internacionales, generando una crisis de reputación para el gobierno español y despertando simpatía internacional hacia la causa independentista.
La Declaración Unilateral de Independencia y la Aplicación del Artículo 155
Finalmente, el 27 de octubre de 2017, el Parlament de Cataluña declaró unilateralmente la independencia, aunque de forma ambigua y sin efecto inmediato. En respuesta, el gobierno de Rajoy invocó el artículo 155 de la Constitución Española, suspendiendo la autonomía catalana, destituyendo al gobierno de la Generalitat y asumiendo el control directo de Cataluña. Esta intervención fue respaldada por el Senado, pero fue vista por muchos catalanes como un acto de imposición que exacerbó aún más el conflicto.
La estrategia de Rajoy, basada en la intransigencia y la judicialización del conflicto, tuvo como resultado una profundización de las divisiones entre Cataluña y el resto de España. Al no abrir canales de diálogo y apostar por una respuesta legalista y represiva, el gobierno del PP subestimó la magnitud del movimiento independentista. En última instancia, su enfoque contribuyó a crear un escenario de tensión sin precedentes que sigue teniendo consecuencias en la política española y catalana hasta hoy.