¿Quién está al mando? vidas entre la incompetencia y el tacticismo político

(Fuente muy recomendable)​

EDITORIAL: ¿Quién está al mando? Vidas entre la incompetencia y el tacticismo político​

¿Estamos en las mejores manos en una emergencia del calibre de la ocasionada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) –o, si se prefiere, gota fría–? Ante esta grave desgracia, intentaremos responder de la manera más descriptiva posible.

Hay muchas cuestiones que se pueden discutir sobre el modelo de gestión competencial territorial, pero convendría tener una clara: ante una situación de emergencia con riesgo vital cualquier liderazgo político debe guiarse por la prioridad de salvar vidas y restablecer las condiciones esenciales para la población. Es decir, por la protección civil. La protección civil es el «servicio público que protege a las personas y bienes y debe garantizar una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes», siendo además un instrumento de la política de seguridad pública (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil).

En materia de protección civil intervienen varios niveles de las administraciones públicas: ayuntamientos (la ley prevé su competencia y que, a partir de los 20.000 habitantes, lo presten como servicio público), comunidades autónomas –con cruciales competencias en la materia– y Administración General del Estado, en funciones de coordinación o cuando la catástrofe supera el ámbito o capacidad de una comunidad autónoma. Incluso existe un sistema de protección civil europeo. Es decir, aunque puedan ser mejorables, hay herramientas jurídicas de respuesta por lo que no ha estado en ese punto el problema; más bien la cuestión ha estribado en si quienes tenían la competencia inicial han demostrado la capacidad y quienes tienen mayor capacidad (al menos material) han querido asumir la responsabilidad. Una situación de esta envergadura requiere un firme liderazgo político, capacidad de movilización y coordinación de recursos con el único objetivo de prestar la mejor protección posible a la población. Hemos asistido a una cadena de errores desde el inicio de esta tragedia –podrá discutirse si excusables o no– coronados por el error mayúsculo: querer excusarse unos o evidenciar la inoperancia ajena otros, más que desplegar toda la capacidad para la mejor respuesta inmediata a la emergencia. Es evidente que los mecanismos de alerta para proteger a la población no han cumplido su cometido, con devastadores efectos principalmente en municipios de la provincia de Valencia.

«Hemos actuado según la información disponible», se afanó en repetir el presidente de la Generalitat Valenciana para justificar lo tardío del aviso emitido a través del servicio ES-Alert, que llegó a los móviles cuando ya habían comenzado los desbordamientos de cauces. Una dirección política mínimamente responsable debe cuestionarse lo que ha hecho y por qué no ha servido para salvar vidas. Además de la alerta roja de AEMET con una recomendación de evitar por precaución desplazamientos por fuertes lluvias, había otros informaciones básicas, como el aforo de los cauces, que con datos en tiempo real ofrecidos por el sistema automático de medición hidrológica (en este caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar) evidenciaban un inminente riesgo de desbordamiento donde barrancos y ramblas de gran desnivel alcanzan núcleos de población. Es obligado preguntarse por qué esa información no sirvió para poner a salvo a la población. Y si hubo coordinación con los ayuntamientos de las localidades a la ribera de esos cauces que, como el barranco del Poyo, acarreaban un riesgo tan elevado.

De conformidad con su propia ley de protección civil y gestión de emergencias, la ley 13/2010, de 23 de noviembre de la Generalitat Valenciana, el Gobierno valenciano (el Consell) es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias y le corresponde analizar la vulnerabilidad del territorio, elaborar los mapas de riesgos, prevenir, promover la autoprotección (información ciudadana), disminuir las consecuencias del riesgo, planificar, coordinar y gestionar el 112, entre otras. Tampoco nos olvidemos de la Red de alertas del sistema nacional de protección civil y cuál podría haber sido su cometido. Y lo cierto es que las lluvias recogidas en algunos puntos estuvieron muy por encima de las predicciones de AEMET según los datos disponibles, pero había una alerta de riesgo excepcional que con la orografía de la zona no se podía limitar a lo que llueve en cada punto. Un sector público que cumpla su cometido debe asegurar que toda la información disponible es tomada en cuenta para adoptar las mejores decisiones, sin depender de la mera experiencia personal o incluso perfil de personalidad (más o menos cauteloso) del político que está al frente en ese momento. Puede ser muy tentador tras*mitir que está todo bajo control o minimizar los riesgos, pues además las limitaciones de carácter preventivo, si se han considerado a posteriori excesivas podían -hasta ahora- resultar impopulares. Sirva para ilustrar los comentarios –incluso de responsables políticos– de reacción a la alerta que se activó en Madrid hace unos meses.

Los ciudadanos tienen derecho en caso de emergencia a recibir información de los riesgos que les afecten y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Desgraciadamente muchas personas en municipios valencianos tomaron decisiones (como ir a sacar sus vehículos de los garajes) que a la postre aumentaron su riesgo porque desconocían ante qué tipo de riesgo estaban y carecían de instrucciones precisas sobre cómo protegerse. No es lo mismo un riesgo de fuertes lluvias en el lugar en el que te encuentras que una riada por un desbordamiento absolutamente descontrolado. Las formas de ponerte a salvo son diferentes aunque todo esté relacionado con previsión de «fuertes lluvias». ¿Cuáles eran las conductas recomendadas para ciudadanos, empresas e instituciones ante los «fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto»? La cadena de información y su manejo debería ser exhaustivamente revisada llegado el momento y dar lugar a las mejoras necesarias, más allá del vergonzante cruce de excusas al que asistimos en los primeros días de esta catástrofe.

Ocurrida la desgracia, todos nos preguntamos qué está pasando con la respuesta a la emergencia. Es sabido que las horas inmediatas son cruciales para localizar personas con vida en condiciones críticas. Y todas las informaciones publicadas evidencian una situación de escasez de recursos de ayuda y descoordinación en una respuesta que no pareció siquiera dimensionar en un primer momento la magnitud de la catástrofe. ¿Cómo es esto posible? Todos los ciudadanos residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones Públicas en caso de catástrofe. Esta atención incluye la fase de respuesta inmediata a la emergencia y la fase de recuperación. La respuesta inmediata a la emergencia debe tener por objetivo evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

El liderazgo político ante una catástrofe de estas dimensiones solo puede concebirse como orientado a todo el despliegue necesario para el rescate y protección, con el único límite de los recursos disponibles, sin importar lo más mínimo de quien dependan funcionalmente. Hemos asistido a un lamentable intercambio político a cuenta de las competencias. Ante una catástrofe las competencias han de ser consideradas como «capacidad» para dar la mejor y más rápida respuesta posible, y no como mercadeo. Ni debe uno enrocarse en su competencia autonómica cuando la situación le sobrepasa ni es digno de un liderazgo político que un presidente del gobierno dosifique los efectivos necesarios en función de lo que un presidente autonómico desbordado es capaz de pedir o articular.

Los mecanismos existentes deben utilizarse para activar y coordinar todos los recursos y efectivos necesarios. El CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) es un órgano operativo de protección civil ante emergencias y se superpone a otros para dar una respuesta adecuada, y la pregunta que nos formulamos es si la Generalitat Valenciana está capacitada para dar la respuesta adecuada a la dimensión de esta catástrofe. El Mando Único autonómico en actuaciones de protección civil puede coordinar la intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas armadas en el territorio… pero la pregunta que asalta es si ante una catástrofe como la acaecida es realmente lo más eficaz

La alternativa es declarar la «emergencia de interés nacional», que está prevista en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para los supuestos de 1) Declaración de estados de alarma, excepción y sitio. 2) Necesidad de coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.3) Las emergencias que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. El Ministro del Interior es el competente para declararlo, a iniciativa propia o a petición de la Comunidad autónoma y en ese caso asume la dirección de la respuesta a la emergencia, recayendo la coordinación en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. No parece teóricamente lo ideal que una administración tenga que actuar frente a otra, pero lo que es insoportable es tener que asistir a este vacío de liderazgo plagado de declaraciones políticas tanto del Presidente de la Generalitat como del Presidente del Gobierno de España emitiendo su propio relato comunicativo en lugar de desplegar con honestidad y, sobre todo, con la máxima eficacia la respuesta de emergencia que se necesita. ¿Cómo se puede estar al frente de los recursos más valiosos que posee el Estado para la respuesta a la emergencia y aplazar la actuación a que otra Administración «si necesita más recursos, que los pida»? El contraste entre la extraordinaria movilización ciudadana y de los cuerpos policiales y militares y unidades de emergencias y la falta de determinación política –más bien cálculo sobre la responsabilidad que conviene asumir- ha sido grande.

Quizá no sea este el momento de deslindar responsabilidades jurídicas ni políticas ni de hacer un análisis profundo de las causas; pero sí es oportuno, al menos, recordar que aunque las catástrofes naturales son difícilmente predecibles, sus consecuencias se pueden atemperar si las instituciones responsables son eficaces, realizan políticas preventivas, hacen evaluación de situaciones anteriores y tienen a los más competentes al frente y no sólo a los más leales políticamente. Este es, en definitiva, el propósito que tiene siempre Hay Derecho cuando predica buena gobernanza y buenas instituciones: no un prurito dogmático de perfección institucional sino que la vida de todos sea mejor y más segura