Asurbanipal
Será en Octubre
¿Quién dijo recuperación económica? Vuelven los tambores de austeridad
Por Stuart Medina Miltimore | 10/08/2022 | Economía
Fuentes: El salto [Imagen: Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo]
La alegría de los fondos europeos se ha desvanecido con la guerra en Ucrania, utilizada para exigir el retorno de la contención del gasto público y nuevas medidas de austeridad.
Hace algo más de un año, en abril de 2021, el Gobierno de España hacía público el Plan de Recuperación, tras*formación y Resiliencia donde indicaba que era “imprescindible y urgente impulsar a medio plazo un proceso de tras*formación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente”. El conflicto bélico en Ucrania así como las consecuencias económicas derivadas, ha roto con aquella apuesta por una salida de la crisis que fuera más allá de las políticas de austeridad. Los últimos anuncios sobre los ajustes en política monetaria y fiscal sugieren que las autoridades económicas españolas y europeas se han arrepentido de estos ambiciosos objetivos. El fantasma de los recortes recorre, de nuevo, el Sur de Europa.
El ajuste monetario y fiscal
Ese amargo recuerdo de las políticas económicas de la contención del gasto público proceden de uno de los miembros de la Troika, el actor central en el ciclo de austeridad anterior. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó una subida de los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos. Además, en julio, suspendió las compras netas de títulos del Tesoro de los Estados europeos aunque la reaparición de la prima de riesgo le ha obligado a introducir un nuevo instrumento para proteger su tras*misión, cuya activación está condicionada a la aplicación de ajustes presupuestarios.
En la práctica, el endurecimiento de la política monetaria no será eficaz para frenar el incremento de los precios y, a lo sumo, provocará un encarecimiento de la compra de viviendas, bienes de consumo duradero y de la financiación empresarial. Servirá también para lanzarle a los gobiernos el mensaje de que se acabó el tiempo para implementar medidas de austeridad.
Además, al componente monetario debe añadirse que la política fiscal se ha situado en un posicionamiento cada vez más contractivo. Hasta junio de 2022, la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creció un 18,3% respecto al mismo período del año anterior. Incluso las haciendas forales de la ecúmene vasca han anunciado recaudaciones récord este año. Esto se puede atribuir a la vigorosa recuperación del empleo y al efecto de la inflación en la recaudación por IVA, aunque quizá ese estabilizador automático de la política fiscal se esté pasando de frenada.
“Tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante”
Hemos de indicar que tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante. Según este, la inflación es un fenómeno sencillo de resolver con una subida de tipos de interés y recortes de déficit público. Lo que se pretende, entonces, es deprimir la demanda para que caigan la inversión y el empleo y con ellos los precios. Es una solución muy tosca al problema de la inflación, pero la élites económicas no tienen otra: para el martillo del banco central, todo es clavo.
¿Expansión o recorte del gasto?
Sucede que, simultáneamente, el consumo de las administraciones públicas ha encadenado dos trimestres de reducción y parece que las cuentas públicas están evolucionando rápidamente hacia el equilibrio presupuestario. De nuevo, desde el pensamiento económico dominante, esto se considera una noticia positiva. No obstante, es importante entender que el déficit público es, al céntimo, equivalente al ahorro neto del sector no estatal.
Si segmentamos una economía en tres sectores (privado, estatal y exterior) se puede constatar que el ahorro neto de cada uno de ellos suma exactamente cero. En otras palabras, para que el sector privado doméstico pueda ahorrar es condición necesaria que el gobierno o el resto del mundo desahorre o se endeude. Si a la reducción del déficit público, que galopa hacia el superávit, sumamos el deterioro de la balanza comercial por culpa de los precios de la energía importada, entonces resulta sencillo entender por qué el sector privado doméstico se enfrentará pronto a una decisión dolorosa: o bien reduce su ahorro y se endeuda para mantener su nivel de gasto; o bien mantiene sus objetivos de ahorro y reduce su consumo. Dadas las consecuencias de los precios y del encarecimiento de la financiación bancaria sobre la caída del consumo, probablemente el superávit fiscal y el déficit comercial añadirámn otra pesada losa sobre las economías domésticas.
Identidad de saldos sectoriales de la economía española
A Flourish chart
En efecto, sigue activa la cláusula de escape, medida tomada excepcionalmente en 2020 para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del cobi19, según se recoge en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo. No obstante, Bruselas está presionando al gobierno de España para que inicie el camino del ajuste presupuestario. En sus recomendaciones al Gobierno de España para 2023 pide “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente” y “una reducción creíble y gradual de la deuda”. También Alemania ha exigido al gobierno de España que empiece a ajustar sus cuentas. Asimismo, los medios de comunicación más influyentes, siempre adeptos al pensamiento neoliberal, conminan al gobierno para que tome medidas de contención del déficit.
Cabe una consideración añadida respecto a las falsas imágenes sobre la expansión del gasto público que puede ofuscar nuestra perspectiva sobre los tambores de austeridad. La semana pasada el Gobierno anunció que el techo de gasto crecería en 2023 un 1,1%. Ahora bien, si lo ajustamos por el dato de la inflación –que en junio llegó al 10,8%– ello equivale a una contracción del gasto en términos reales. En palabras más didácticas, si la administración gasta 1000 un año y al año que viene gasta 1010, entonces ha aumentado el gasto un 1%, pero sólo en términos nominales, porque, si la inflación es de diez puntos, en términos reales se están reduciendo el gasto en un 8,2%.Pese a las bondades atribuidas a los desembolsos económicos en el marco de los fondos Next Generation EU, lo cierto es que hasta la fecha ascienden a 24.000 millones €, menos del 1% del PIB español por anualidad. Desde luego, una mirada unidimensional hacia los fondos europeos no puede compensar el que podría ser uno de los mayores recortes de la historia económica reciente. Menos aún frenar el reciente episodio de inflación y los problemas energéticos causados por el conflicto ucraniano, detonantes del acto de constricción por la política fiscal expansiva acordada en 2021.
Una respuesta inadecuada
La racionalidad de un ajuste presupuestario es cuestionable cuando, en términos reales, el PIB español sigue por debajo de los niveles previos a 2020. El desconcierto es mayor si consideramos que la tasa de desempleo sigue por encima del 12%, por encima del no menos preocupante 8,75% en el que se sitúa en el País Vasco. Es indefendible argüir que nuestra economía ha agotado su capacidad productiva y que nos enfrentemos a un episodio de recalentamiento de la economía española que exija una política contractiva y, mucho menos, austericida.
En el ámbito de la política monetaria, las decisiones del Banco Central Europeo también resultan incomprensibles. El mismo BCE publicó hace poco tiempo un informe de la situación, cuyo análisis consideramos más correcto, donde se confirmaba que los cuellos de botella logísticos que habían constreñido las cadenas de suministro globales empezaban a despejarse. Del mismo modo, su presidenta Christine Lagarde mostraba haber entendido que elevar los tipos de interés no afectaría a los precios del gas natural y del petróleo, los causantes directos del episodio reciente de inflación.
En suma, la subida de tipos de interés no conseguirá ningún efecto real sustancial más allá de encarecer un poco más la financiación para la compra de vivienda, de bienes duraderos y la inversión empresarial. Es decir, reducirá el poder de compra de la mayoría y, en el caso de la inversión empresarial, aquellas empresas con mayor poder de mercado simplemente repercutirán a sus clientes el mayor coste. Es más probable que subir los tipos de interés ayude a encarecernos la vida que a abaratarla.
Por Stuart Medina Miltimore | 10/08/2022 | Economía
Fuentes: El salto [Imagen: Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo]
La alegría de los fondos europeos se ha desvanecido con la guerra en Ucrania, utilizada para exigir el retorno de la contención del gasto público y nuevas medidas de austeridad.
Hace algo más de un año, en abril de 2021, el Gobierno de España hacía público el Plan de Recuperación, tras*formación y Resiliencia donde indicaba que era “imprescindible y urgente impulsar a medio plazo un proceso de tras*formación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente”. El conflicto bélico en Ucrania así como las consecuencias económicas derivadas, ha roto con aquella apuesta por una salida de la crisis que fuera más allá de las políticas de austeridad. Los últimos anuncios sobre los ajustes en política monetaria y fiscal sugieren que las autoridades económicas españolas y europeas se han arrepentido de estos ambiciosos objetivos. El fantasma de los recortes recorre, de nuevo, el Sur de Europa.
El ajuste monetario y fiscal
Ese amargo recuerdo de las políticas económicas de la contención del gasto público proceden de uno de los miembros de la Troika, el actor central en el ciclo de austeridad anterior. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó una subida de los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos. Además, en julio, suspendió las compras netas de títulos del Tesoro de los Estados europeos aunque la reaparición de la prima de riesgo le ha obligado a introducir un nuevo instrumento para proteger su tras*misión, cuya activación está condicionada a la aplicación de ajustes presupuestarios.
En la práctica, el endurecimiento de la política monetaria no será eficaz para frenar el incremento de los precios y, a lo sumo, provocará un encarecimiento de la compra de viviendas, bienes de consumo duradero y de la financiación empresarial. Servirá también para lanzarle a los gobiernos el mensaje de que se acabó el tiempo para implementar medidas de austeridad.
Además, al componente monetario debe añadirse que la política fiscal se ha situado en un posicionamiento cada vez más contractivo. Hasta junio de 2022, la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creció un 18,3% respecto al mismo período del año anterior. Incluso las haciendas forales de la ecúmene vasca han anunciado recaudaciones récord este año. Esto se puede atribuir a la vigorosa recuperación del empleo y al efecto de la inflación en la recaudación por IVA, aunque quizá ese estabilizador automático de la política fiscal se esté pasando de frenada.
“Tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante”
Hemos de indicar que tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante. Según este, la inflación es un fenómeno sencillo de resolver con una subida de tipos de interés y recortes de déficit público. Lo que se pretende, entonces, es deprimir la demanda para que caigan la inversión y el empleo y con ellos los precios. Es una solución muy tosca al problema de la inflación, pero la élites económicas no tienen otra: para el martillo del banco central, todo es clavo.
¿Expansión o recorte del gasto?
Sucede que, simultáneamente, el consumo de las administraciones públicas ha encadenado dos trimestres de reducción y parece que las cuentas públicas están evolucionando rápidamente hacia el equilibrio presupuestario. De nuevo, desde el pensamiento económico dominante, esto se considera una noticia positiva. No obstante, es importante entender que el déficit público es, al céntimo, equivalente al ahorro neto del sector no estatal.
Si segmentamos una economía en tres sectores (privado, estatal y exterior) se puede constatar que el ahorro neto de cada uno de ellos suma exactamente cero. En otras palabras, para que el sector privado doméstico pueda ahorrar es condición necesaria que el gobierno o el resto del mundo desahorre o se endeude. Si a la reducción del déficit público, que galopa hacia el superávit, sumamos el deterioro de la balanza comercial por culpa de los precios de la energía importada, entonces resulta sencillo entender por qué el sector privado doméstico se enfrentará pronto a una decisión dolorosa: o bien reduce su ahorro y se endeuda para mantener su nivel de gasto; o bien mantiene sus objetivos de ahorro y reduce su consumo. Dadas las consecuencias de los precios y del encarecimiento de la financiación bancaria sobre la caída del consumo, probablemente el superávit fiscal y el déficit comercial añadirámn otra pesada losa sobre las economías domésticas.
Identidad de saldos sectoriales de la economía española
A Flourish chart
En efecto, sigue activa la cláusula de escape, medida tomada excepcionalmente en 2020 para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del cobi19, según se recoge en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo. No obstante, Bruselas está presionando al gobierno de España para que inicie el camino del ajuste presupuestario. En sus recomendaciones al Gobierno de España para 2023 pide “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente” y “una reducción creíble y gradual de la deuda”. También Alemania ha exigido al gobierno de España que empiece a ajustar sus cuentas. Asimismo, los medios de comunicación más influyentes, siempre adeptos al pensamiento neoliberal, conminan al gobierno para que tome medidas de contención del déficit.
Cabe una consideración añadida respecto a las falsas imágenes sobre la expansión del gasto público que puede ofuscar nuestra perspectiva sobre los tambores de austeridad. La semana pasada el Gobierno anunció que el techo de gasto crecería en 2023 un 1,1%. Ahora bien, si lo ajustamos por el dato de la inflación –que en junio llegó al 10,8%– ello equivale a una contracción del gasto en términos reales. En palabras más didácticas, si la administración gasta 1000 un año y al año que viene gasta 1010, entonces ha aumentado el gasto un 1%, pero sólo en términos nominales, porque, si la inflación es de diez puntos, en términos reales se están reduciendo el gasto en un 8,2%.Pese a las bondades atribuidas a los desembolsos económicos en el marco de los fondos Next Generation EU, lo cierto es que hasta la fecha ascienden a 24.000 millones €, menos del 1% del PIB español por anualidad. Desde luego, una mirada unidimensional hacia los fondos europeos no puede compensar el que podría ser uno de los mayores recortes de la historia económica reciente. Menos aún frenar el reciente episodio de inflación y los problemas energéticos causados por el conflicto ucraniano, detonantes del acto de constricción por la política fiscal expansiva acordada en 2021.
Una respuesta inadecuada
La racionalidad de un ajuste presupuestario es cuestionable cuando, en términos reales, el PIB español sigue por debajo de los niveles previos a 2020. El desconcierto es mayor si consideramos que la tasa de desempleo sigue por encima del 12%, por encima del no menos preocupante 8,75% en el que se sitúa en el País Vasco. Es indefendible argüir que nuestra economía ha agotado su capacidad productiva y que nos enfrentemos a un episodio de recalentamiento de la economía española que exija una política contractiva y, mucho menos, austericida.
En el ámbito de la política monetaria, las decisiones del Banco Central Europeo también resultan incomprensibles. El mismo BCE publicó hace poco tiempo un informe de la situación, cuyo análisis consideramos más correcto, donde se confirmaba que los cuellos de botella logísticos que habían constreñido las cadenas de suministro globales empezaban a despejarse. Del mismo modo, su presidenta Christine Lagarde mostraba haber entendido que elevar los tipos de interés no afectaría a los precios del gas natural y del petróleo, los causantes directos del episodio reciente de inflación.
En suma, la subida de tipos de interés no conseguirá ningún efecto real sustancial más allá de encarecer un poco más la financiación para la compra de vivienda, de bienes duraderos y la inversión empresarial. Es decir, reducirá el poder de compra de la mayoría y, en el caso de la inversión empresarial, aquellas empresas con mayor poder de mercado simplemente repercutirán a sus clientes el mayor coste. Es más probable que subir los tipos de interés ayude a encarecernos la vida que a abaratarla.
