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Querella por la adjudicación del servicio de agua en Barcelona
La plataforma Aigua és Vida (Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) ha presentado una querella criminal contra los responsables que impulsaron y aprobaron, el 2012, la creación de la sociedad de economía mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR).
Esta sociedad mixta es la que obtuvo la adjudicación del servicio de suministro del agua en el área de Barcelona sin concurso público previo. En la querella, Aigua és Vida dice que el Área Metropolitana y Agbar eran plenamente conscientes de la situación irregular en la cual se encontraba el servicio de agua (falta de concesión) y actuaron presuntamente en perjuicio de la ciudadanía y el interés general, lo que habría causado graves implicaciones de las cuales también era conocedores.
Estudio de García Enterría
Aigua és Vida ha dado a conocer un estudio que elaboró hace 22 años el catedrático de derecho administrativo Eduardo García de Enterría en el que ya se alertaba de que “existen razones jurídicas suficientes para afirmar que los derechos de AGBAR en la prestación del servicio a Barcelona” acabarían en el 2003.
El estudio sobre la situación del suministro de agua lo hizo el AMB a través de lo que entonces era la Mancomunitat de Municipis. El informe añadía que, en relación al abastecimiento en Montcada, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans y lechonanyola del Vallès, el servicio se presta sin un verdadero título concesional, añade Aigua és Vida.
“Desde 1993, la administración conocía la situación de carencia contractual en que se encontraba la prestación del servicio por parte de AGBAR”, dice Aigua és Vida. A la vez, una sentencia judicial del año 2010 dictaminó que “la prestación del servicio por parte de AGBAR es ilegítima”. El juez dictó la sentencia tras no recibir ningún contrato vinculante de la prestación del servicio por parte de AGBAR (ni del Ayuntamiento de Barcelona ni de la AMB).
Aigua és Vida censura que en el 2012 el Área Metropolitana no sólo obviara esta situación de vacío legal sino que creara una sociedad de economía mixta (AMB-Agbar), que se atribuye el servicio integral del agua sin concurso público. Y lo hizo omitiendo el procedimiento de adjudicación aplicable. Para ello, se alegó que AGBAR era la única empresa que podría prestar el servicio, “bajo el argumento que ‘en virtud de los citados títulos, su condición de gestor indirecto del servicio metropolitano de abastecimiento de agua en baja no resulta discutible”.
La Oficina Antifraude intervino
Sin embargo, el procedimiento de adjudicación directa fue cuestionado por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) el pasado febrero, con un informe de 64 páginas. En el documento, la OAC pone en entredicho que no haya habido libre concurrencia, “dada la falta de un análisis jurídico y especialmente económico tanto de títulos al amparo de los cuales AGBAR ha venido prestando el servicio de suministro de agua”, y también habla de concesiones extinguidas por parte de AGBAR.
En cuanto a la valoración de los activos (el 85% de la sociedad pasó a ser propiedad de de Agbar y sólo el 15% es del Área Metropolitana, es decir, del sector público), la propia Oficina Antifraude afirma que “la fiscalización del expediente considerado presenta deficiencias muy significativas. De hecho, se puede afirmar que no ha habido fiscalización del expediente más que en un sentido puramente formal, pero no substantivo”. Así, la OAC se plantea que hay “serias dudas sobre el rigor de la actuación de la AMB”.
Asimismo, Aigua és Vida estima que ha habido una nula fiscalización de los activos aportados por AGBAR (a la sociedad), valorados en 476,45 millones de euros. En cambio, los activos aportados por la AMB, a través de los de la Entitat Metropolitana de Sanejament SA, se valoran en sólo 50,55 millones de euros, algo “inverosímil teniendo en cuenta que la valoración hecha por la Agència Catalana de l’Aigua fue de 968 millones de euros o que la valoración del Gobierno de la Generalitat en el decreto Llei 2/2014 en concepto de “inversiones en saneamiento efectuadas” era del orden de 800 millones de euros.
Impactos sobre la ciudadanía
Aigua és Vida ve “cuestionable” también que se pague a AGBAR una contraprestación por la aportación de know-how “que podría comportar “una situación de enriquecimiento injusto de AGBAR”. Estos elementos y otros fueron estudiados en su día por la Agència de l’Aigua en su informe «Impacto sobre los consumidores de la creación de la sociedad mixta de diciembre de 2012, donde se destaca que la creación supondría un sobrecoste para la ciudadanía de Barcelona y el Área Metropolitana de 62,94 euros por familia y año, una subida que rondaría el 20% del recibo.
“Es necesario investigar todos los presuntos delitos contra la administración pública vinculados a las sospechas y indicios que puedan haber cometido la dirección técnica de la AMB y los miembros del consejo metropolitano que votaron a favor del acuerdo de creación de la sociedad empresarial mixta por gestionar el servicio integral del agua en la AMB. Consideramos que la situación presentada podría suponer, si así lo estima el juez, un caso de corrupción en un campo esencial como es el agua, declarado por la ONU como un derecho humano y sobre el cual las administraciones deberían de velar por su plena garantía”, concluyen estas entidades.
La plataforma Aigua és Vida (Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) ha presentado una querella criminal contra los responsables que impulsaron y aprobaron, el 2012, la creación de la sociedad de economía mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR).
Esta sociedad mixta es la que obtuvo la adjudicación del servicio de suministro del agua en el área de Barcelona sin concurso público previo. En la querella, Aigua és Vida dice que el Área Metropolitana y Agbar eran plenamente conscientes de la situación irregular en la cual se encontraba el servicio de agua (falta de concesión) y actuaron presuntamente en perjuicio de la ciudadanía y el interés general, lo que habría causado graves implicaciones de las cuales también era conocedores.
Estudio de García Enterría
Aigua és Vida ha dado a conocer un estudio que elaboró hace 22 años el catedrático de derecho administrativo Eduardo García de Enterría en el que ya se alertaba de que “existen razones jurídicas suficientes para afirmar que los derechos de AGBAR en la prestación del servicio a Barcelona” acabarían en el 2003.
El estudio sobre la situación del suministro de agua lo hizo el AMB a través de lo que entonces era la Mancomunitat de Municipis. El informe añadía que, en relación al abastecimiento en Montcada, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans y lechonanyola del Vallès, el servicio se presta sin un verdadero título concesional, añade Aigua és Vida.
“Desde 1993, la administración conocía la situación de carencia contractual en que se encontraba la prestación del servicio por parte de AGBAR”, dice Aigua és Vida. A la vez, una sentencia judicial del año 2010 dictaminó que “la prestación del servicio por parte de AGBAR es ilegítima”. El juez dictó la sentencia tras no recibir ningún contrato vinculante de la prestación del servicio por parte de AGBAR (ni del Ayuntamiento de Barcelona ni de la AMB).
Aigua és Vida censura que en el 2012 el Área Metropolitana no sólo obviara esta situación de vacío legal sino que creara una sociedad de economía mixta (AMB-Agbar), que se atribuye el servicio integral del agua sin concurso público. Y lo hizo omitiendo el procedimiento de adjudicación aplicable. Para ello, se alegó que AGBAR era la única empresa que podría prestar el servicio, “bajo el argumento que ‘en virtud de los citados títulos, su condición de gestor indirecto del servicio metropolitano de abastecimiento de agua en baja no resulta discutible”.
La Oficina Antifraude intervino
Sin embargo, el procedimiento de adjudicación directa fue cuestionado por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) el pasado febrero, con un informe de 64 páginas. En el documento, la OAC pone en entredicho que no haya habido libre concurrencia, “dada la falta de un análisis jurídico y especialmente económico tanto de títulos al amparo de los cuales AGBAR ha venido prestando el servicio de suministro de agua”, y también habla de concesiones extinguidas por parte de AGBAR.
En cuanto a la valoración de los activos (el 85% de la sociedad pasó a ser propiedad de de Agbar y sólo el 15% es del Área Metropolitana, es decir, del sector público), la propia Oficina Antifraude afirma que “la fiscalización del expediente considerado presenta deficiencias muy significativas. De hecho, se puede afirmar que no ha habido fiscalización del expediente más que en un sentido puramente formal, pero no substantivo”. Así, la OAC se plantea que hay “serias dudas sobre el rigor de la actuación de la AMB”.
Asimismo, Aigua és Vida estima que ha habido una nula fiscalización de los activos aportados por AGBAR (a la sociedad), valorados en 476,45 millones de euros. En cambio, los activos aportados por la AMB, a través de los de la Entitat Metropolitana de Sanejament SA, se valoran en sólo 50,55 millones de euros, algo “inverosímil teniendo en cuenta que la valoración hecha por la Agència Catalana de l’Aigua fue de 968 millones de euros o que la valoración del Gobierno de la Generalitat en el decreto Llei 2/2014 en concepto de “inversiones en saneamiento efectuadas” era del orden de 800 millones de euros.
Impactos sobre la ciudadanía
Aigua és Vida ve “cuestionable” también que se pague a AGBAR una contraprestación por la aportación de know-how “que podría comportar “una situación de enriquecimiento injusto de AGBAR”. Estos elementos y otros fueron estudiados en su día por la Agència de l’Aigua en su informe «Impacto sobre los consumidores de la creación de la sociedad mixta de diciembre de 2012, donde se destaca que la creación supondría un sobrecoste para la ciudadanía de Barcelona y el Área Metropolitana de 62,94 euros por familia y año, una subida que rondaría el 20% del recibo.
“Es necesario investigar todos los presuntos delitos contra la administración pública vinculados a las sospechas y indicios que puedan haber cometido la dirección técnica de la AMB y los miembros del consejo metropolitano que votaron a favor del acuerdo de creación de la sociedad empresarial mixta por gestionar el servicio integral del agua en la AMB. Consideramos que la situación presentada podría suponer, si así lo estima el juez, un caso de corrupción en un campo esencial como es el agua, declarado por la ONU como un derecho humano y sobre el cual las administraciones deberían de velar por su plena garantía”, concluyen estas entidades.
