Alguna noticia sí ha salido, por ejemplo:
Más de 10 familias españolas esperan que los bebés que encargaron en Ucrania a través de la práctica de vientres de alquiler nazcan en los próximos días. Las mujeres gestantes no han podido salir del país
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Nació en un búnker. Este sábado, con 38 semanas, la gestante
que alquiló Vanessa se puso de parto. Lo tuvo que hacer
en un sótano donde estos días se ha instalado un hospital provisional en medio de la
oleada turística de Rusia a la ciudad ucraniana de Kiev. Finalmente, en mitad del miedo a los bombardeos y el ataque de los soldados rusos, la vida se abrió paso entre la oscuridad de un escondite improvisado.
Después de más de dos años de un proceso de contratación de un
vientre de alquiler, Vanessa y su marido se morían de ganas de ir a Ucrania para recoger a su hijo recién nacido. Sin embargo, todo se complicó la semana pasada, cuando les llamaron de la agencia intermediaria que les ha guiado en el proceso durante estos años. Recibieron del otro lado del teléfono una noticia que los derrumbó: los rusos estaban bombardeando Kiev,
su viaje era imposible.
Con todos los edificios gubernamentales cerrados a cal y canto,
nadie ha podido registrar al recién nacido, por lo que a efectos legales aún no existe. “Tenemos miedo de perder su rastro. Estamos destrozados”, explica Vanessa. La empresa con la que hizo todo el proceso está intentando mantener el contacto con la gestante, pero la situación es complicada: “Necesito que alguien me ayude a
sacar a mi bebé para traerlo a España”, relata.
"Necesito que alguien me ayude a sacar a mi bebé para traerlo a España"
Ucrania lleva años considerada la
meca de los vientres de alquiler. Con precios que rondan los
45.000 euros por todo el proceso, hasta el estallido de la guerra ha sido la opción más cercana y asequible para familias españolas y europeas.
Como esta familia, hay ahora mismo al menos
10 parejas españolas que están esperando que las gestantes se pongan de parto en los próximos días. La mayoría de ellos tenía previsto viajar a
Ucrania esta semana, pero la ofensiva rusa ha complicado la situación. “Ya teníamos la maleta lista”, asegura Manuela.
Ella y su marido están esperando que su gestante tenga mellizos, una niña y un niño. El parto está programado para el 10 de marzo: “Nos llamaron el jueves a decirnos que
estaban bombardeando el aeropuerto, estaban alucinando con que esto estuviera pasando”. En ese momento, explica, empezó su pesadilla.
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María Zuil
Esta familia empezó el proceso en 2019, cuando fueron por primera vez a Ucrania a dejar el material genético de él. Estuvieron barajando opciones de países donde hacerlo y, aunque para ellos Estados Unidos es el paraíso de la
gestación subrogada, al final se decantaron por Ucrania porque era la que más
se ajustaba a sus necesidades.
Manuela explica que
han seguido el conflicto muy de cerca y que desde Ucrania
les decían todos los días que estuvieran tranquilos: “Ellos son los más sorprendidos con lo que está pasando, jamás pensaron que llegaría a esto”, explica.
En este momento, la gestante está ingresada en una maternidad que se ha instalado en un sótano por seguridad. “Nos dicen que está bien y controlada, pero
no tenemos acceso directo a ella”, dice Manuela, que pide al Gobierno español un salvoconducto o un pasaporte exprés que les permita sacar a sus bebés de Ucrania apenas la situación lo permita. “Son bebés recién nacidos vulnerables y
necesitamos poder protegerlos, y esa protección se la dan sus padres sin importar cómo se han concebido”, explica.
Un edificio de Kiev, alcanzado por un proyectil. (EFE/Ignacio Ortega)
Uno de los mayores miedos de Manuela y su marido es que los bebés
se queden sin registrar y que a efectos legales no existan en un país en guerra. “Estamos lanzando un grito de ayuda, somos conscientes de que
entrar en Ucrania ahora mismo es inviable, pero pedimos que cuando se pueda viajar, el Gobierno nos lo facilite porque normalmente tendríamos que esperar
más de seis semanas allí hasta poder sacar al bebé”, explica.
“Las embajadas y los cuerpos consulares han cerrado, no tienen representación, y
tenemos que ver cómo lo hacemos a partir de ahora”, afirma la abogada Ana Miramontes, especializada en asesorar en estos procesos. “En estos momentos, que tengamos constancia solo hay una familia española allí, que tiene una niña en la incubadora del búnker de un hospital, y
no quieren salir de Kiev para estar con ella. Cada día dependen de las acciones del Ejército ruso y las indicaciones del Gobierno para poder acercarse a la clínica y verla”, añade Miramontes, que también forma parte de la asociación Son Nuestros Hijos. “Si esto no cesa, esperarán hasta que se establezcan
corredores seguros. Hay que tener en cuenta que en situaciones como esta, con tanta confusión y conflicto, hay que ser más cuidadosos que nunca para que los menores estén correctamente identificados
y evitar que se los lleven posibles mafias”.
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La inscripción de los menores
se había dificultado para los españoles, primero, por el Reglamento de la Ley de Protección de Datos de 2018. Más tarde, en febrero de 2019, el Ministerio de Justicia
emitió una orden que dejaba sin efecto la opción de registrar a los menores nacidos mediante vientres de alquiler con una prueba de ADN coincidente con uno de los progenitores españoles. Desde entonces, la única opción era esperar a que el Gobierno ucraniano
concediese un pasaporte a los bebés (que podía tardar semanas) para poder volar de vuelta a España y, una vez aquí, reclamar la filiación mediante un proceso judicial. Por eso el volumen de parejas que acudían a este país del este se había reducido, pero no llegó nunca a paralizarse por completo.
Comunicación con las gestantes
Aunque no esperaban el estallido repentino de la guerra, algunas clínicas ya se habían preparado para un posible conflicto con Rusia. Es el caso de
BioTexCom,
uno de los centros más polémicos de este negocio, que tres días antes del inicio de la guerra subió un vídeo del refugio antibombas preparado junto a su clínica para acoger a sus clientes y recién nacidos que quedasen atrapados en la capital ucraniana.
Clínica BioTexCom
En él se ven estanterías llenas de latas de comida, cajas hasta el techo con pañales, máscaras de gas, sacos de dormir y cunas para los recién nacidos. “Tenemos experiencia en la gestión de crisis.
En 2014, ya nos enfrentamos a la agresión
y mantuvimos nuestra clínica operando, y os aseguramos que podremos afrontarlo también ahora”, dice a la cámara Denis Herman, asesor legal de la empresa.
Por las irregularidades de esta clínica, que motivó el cambio de criterio del Ministerio de Justicia, varias agencias de intermediación españolas
dejaron entonces de trabajar en Ucrania y buscaron nuevos destinos,
como Georgia o Chipre. Sin embargo, otras como la agencia donde trabaja el consultor Santiago Agustín tienen ahora mismo en marcha 60 procesos.
Agustín asegura que las agencias que operan en España están
en permanente contacto con todas las familias. “Muchos padres han ofrecido sus casas para que las gestantes vengan a España, pero ellas no quieren”, explica.
"Muchos padres han ofrecido su casa para que las gestantes vengan a España, pero ellas no quieren"
Varias parejas han perdido el contacto con las
madres gestantes o temen perderlo en cualquier momento. “Por ahora hay comunicación, aunque a veces se dan intermitencias,
pero en cualquier momento puede haber un apagón”, explica Roberto Pertiñez, presidente de la Asociación de Gestación Asistida Reproductiva (AGAR). “Está siendo un horror y un desastre, la situación es caótica, no hay productos ni servicio de insumos que puedan necesitar. Todas las clínicas por protocolo tienen que tener 'stock' y suministros de emergencia por si hay apagones,
pero esto no va a ser algo de tres ni 15 días”.
Esta asociación solo tenía constancia de
una pareja que fue evacuada hace unos días. “El día 15 se nos informó de que el riesgo de oleada turística era alto y evacuamos a esta pareja. Afortunadamente, no tenemos más embarazos en marcha”.
La seguridad de las mujeres que se someten a estos procedimientos es muy inestable. “Salir o no depende de las circunstancias de cada mujer,
porque dependen de sus familias y del estado de gestación. En general, percibimos que las mujeres quieren quedarse con sus familias buscando un resguardo, y lo que intentamos hacer es darles el apoyo para que se cumpla su voluntad”, añade Pertiñez.
Desde la agencia de Agustín, quieren mandar
un mensaje de calma y aunque entienden que las familias estén asustadas, por ahora asegura que todo está bajo control. “No esperamos nacimientos en los próximos días. Ojalá que esta situación no se alargue mucho”, dice Agustín.
Desde la Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania, solicitan al Ministerio de Asuntos Exteriores que
vele por el derecho fundamental de sus hijos —concebidos o ya nacidos— a la vida y la integridad personal, permitiendo a sus padres y a sus madres el acceso a ellos desde España antes o después de su nacimiento en Ucrania, sin sanción o discriminación por su diferente modo de concepción.
Por su parte, Exteriores insiste en la
recomendación de
evitar viajar al país bajo ninguna circunstancia. Confirman que todas las parejas de las que tenían constancia que se encontraban en el país por procesos de vientres de alquiler han sido ya evacuadas con salvoconductos para los bebés por la situación excepcional, y que atienden de igual forma a las que vayan surgiendo
“como a cualquier otro español”, afirman fuentes ministeriales. Asimismo, insisten en que el consulado no interviene ni forma parte de estos procedimientos en ningún caso. De hecho, desde 2016 desaconsejaban acudir a Ucrania “por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español” y debido a la “falta de seguridad jurídica y casos de mala praxis médica” de estos procesos en el país.
Ya durante la
crisis del el bichito y el cierre de fronteras, las
imágenes de bebés esperando a ser recogidos en las salas de natalidad de las clínicas circularon por medios de todo el mundo. En los próximos días, esta situación se repetirá a medida que las mujeres gestantes den a luz y las parejas de subrogación no puedan acudir al país a recoger a los menores.