hijodeputin
Madmaxista
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Le han reformao el código penal para él y los indepes a medida. Que más querrán, que el pueblo español por medio de su presidente se lo dará sin rechistar. Vaya pueblo de cosa ja ja ja
Llarena elimina el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont
El abogado del expresidente de la Generalitat asegura que volverá a Cataluña en febrero o marzo
Ajugarse 25 años de guandoca como promotor de un delito de rebelión a enfrentarse ahora a unas penas máximas y muy improbables de cinco años y a una multa mínima por un ilícito de simple desobediencia a la autoridad y otro de malversación, que habrá que decidir si se rebaja por la falta de ánimo de lucro. El Supremo dejó este jueves casi expedito el regreso de Carles Puigdemont a España con la garantía de que será muy difícil que llegue a pisar una celda, aunque llegue a ser condenado.
El magistrado instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo LLarena, dictó a primera hora de la mañana de este jueves un auto en el que retira la acusación por la desaparecida sedición contra los huidos tras la consulta ilegal del 1-O: el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont; los exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira. El exconsejero Luis Puig, el último huido, no estaba en busca y captura por sedición.
Llarena decidió no esperar nada y apostó por rebajar las acusaciones solo horas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno que acaba con el delito de sedición, por el que fueron condenados la mayoría del resto de los procesados del procés el Supremo.
Pero casi lo más relevante de la resolución del instructor fue que los hechos de la causa, según él, son subsumibles ahora en un simple delito de desobediencia, ya que considera que lo ocurrido durante la intentona secesionista de otoño del 2017 no encaja en el delito de desórdenes públicos, con la que el Gobierno pretendía sustituir la desaparecida sedición, ni en su nueva formulación ni en la vigente en el momento de los hechos.
De hecho, Llarena señala que, aunque la exposición de motivos de la reforma diga que lo que busca es una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, la opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de un eventual enjuiciamiento sino «un contexto cercano a la despenalización».
La desobediencia en el Código Penal, artículo 556, solo contempla penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, a los que se «resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones».
La otra acusación que se mantiene contra el expresidente y sus colaboradores huidos es la malversación. Llarena cree que la reforma del Código Penal no debería afectarles, pero lo cierto es que la nueva redacción rebaja de 1 a 4 años de guandoca la malversación en el caso de que no haya ánimo de lucro personal, un supuesto en el que encajaría a la perfección el de Puigdemont, si se llegara a probar que él personalmente dio la orden de destinar dinero público para subvencionar la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y otros actos relacionados con la misma. Harina de otros costal es si se prueba que los huidos usaron dinero público para su bolsillo o para mantenerse en el extranjero.
Puigdemont se plantea el regreso
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el líder independentista catalán volverá a Cataluña en el 2023: «Estoy convencido». En una entrevista en RAC 1 de este jueves recogida por Europa Press, ha detallado que será después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo.
Llarena elimina el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont
El abogado del expresidente de la Generalitat asegura que volverá a Cataluña en febrero o marzo
Ajugarse 25 años de guandoca como promotor de un delito de rebelión a enfrentarse ahora a unas penas máximas y muy improbables de cinco años y a una multa mínima por un ilícito de simple desobediencia a la autoridad y otro de malversación, que habrá que decidir si se rebaja por la falta de ánimo de lucro. El Supremo dejó este jueves casi expedito el regreso de Carles Puigdemont a España con la garantía de que será muy difícil que llegue a pisar una celda, aunque llegue a ser condenado.
El magistrado instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo LLarena, dictó a primera hora de la mañana de este jueves un auto en el que retira la acusación por la desaparecida sedición contra los huidos tras la consulta ilegal del 1-O: el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont; los exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira. El exconsejero Luis Puig, el último huido, no estaba en busca y captura por sedición.
Llarena decidió no esperar nada y apostó por rebajar las acusaciones solo horas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno que acaba con el delito de sedición, por el que fueron condenados la mayoría del resto de los procesados del procés el Supremo.
Pero casi lo más relevante de la resolución del instructor fue que los hechos de la causa, según él, son subsumibles ahora en un simple delito de desobediencia, ya que considera que lo ocurrido durante la intentona secesionista de otoño del 2017 no encaja en el delito de desórdenes públicos, con la que el Gobierno pretendía sustituir la desaparecida sedición, ni en su nueva formulación ni en la vigente en el momento de los hechos.
De hecho, Llarena señala que, aunque la exposición de motivos de la reforma diga que lo que busca es una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, la opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de un eventual enjuiciamiento sino «un contexto cercano a la despenalización».
La desobediencia en el Código Penal, artículo 556, solo contempla penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, a los que se «resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones».
La otra acusación que se mantiene contra el expresidente y sus colaboradores huidos es la malversación. Llarena cree que la reforma del Código Penal no debería afectarles, pero lo cierto es que la nueva redacción rebaja de 1 a 4 años de guandoca la malversación en el caso de que no haya ánimo de lucro personal, un supuesto en el que encajaría a la perfección el de Puigdemont, si se llegara a probar que él personalmente dio la orden de destinar dinero público para subvencionar la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y otros actos relacionados con la misma. Harina de otros costal es si se prueba que los huidos usaron dinero público para su bolsillo o para mantenerse en el extranjero.
Puigdemont se plantea el regreso
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el líder independentista catalán volverá a Cataluña en el 2023: «Estoy convencido». En una entrevista en RAC 1 de este jueves recogida por Europa Press, ha detallado que será después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo.
