Sir Connor
Excelentisimo Sir
- Activistas australianos, británicos y belgas han recibido penas de guandoca por acciones recientes como cortar el tráfico y adherirse a los marcos de algunas pinturas célebres
- — Los activistas climáticos ya no son niños: “No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas por las protestas”
Raúl Rejón
10 de diciembre de 2022 22:18h
Actualizado el 11/12/2022 14:08h
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A la guandoca por pegarse al marco. A la guandoca por cortar un carril de tráfico. Tras las acciones de protesta de activistas climáticos de los últimos meses, están llegando los castigos en forma de sentencias de prisión y nuevas leyes que parecen pensadas para ello.
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Hace una semana, el 2 de diciembre, una magistrada australiana envió 15 meses a la guandoca a la activista Dianne Coco por el corte de un carril del puente de Sydney para llamar la atención sobre la emergencia climática. La jueza no permitió que Coco esperara fuera de prisión (bajo fianza) la vista de apelación que será en marzo. La activista pasará, al menos, ocho meses en la guandoca.
La jueza Allison Hawking dictó sentencia tras calificar la protesta como “acrobacias infantiles” y “acciones emocionales y egoístas”. La protesta, realizada en abril pasado, había consistido en cruzar unos vehículos en uno de los carriles –de cinco– en dirección a la ciudad australiana, extender pancartas y encender bengalas. El corte duró unos 25 minutos, según la prensa del país. Dianne Coco se declaró culpable durante el juicio.
“Estoy alarmado por la sentencia a prisión de la activista”, ha admitido el relator de la ONU para la libertad de asociación, Clément Voule, tras conocer el fallo. Y “por el rechazo a una fianza hasta la vista de apelación”, añade. “Los manifestantes pacíficos no deberían nunca ser criminalizados o encarcelados”.
Pero, pocos días antes de esta sentencia, otro activista, esta vez británico, fue sentenciado a seis meses de prisión por entorpecer el tráfico. Jan Goodey participó en una acción de Just Stop Oil que saltó las vallas de la circunvalación de Londres en hora punta. El fallo le mandaba nueve meses a la guandoca, pero fue reducido a seis por haberse declarado culpable.
Esta organización dijo después del juicio que el magistrado había afirmado que el caso de Goodey serviría como “desaliento” para este tipo de protestas que impiden a la población acudir a sus “legítimos negocios”.
Los cortes parciales y temporales del tráfico han sido actos de protesta desde hace mucho tiempo para múltiples reivindicaciones incluso en España: pedir más beligerancia a la hora de afrontar el cambio climático, pero también durante las protestas de los tras*portistas en marzo pasado. O los taxistas de Madrid el último junio.
Sin embargo, los activistas climáticos han conseguido llamar más la atención sobre el problema del calentamiento global mediante acciones sobre pinturas célebres.
Desalentar las acciones
En los últimos meses, estos manifestantes se han pegado al marco de La carreta de heno en Londres, de La chica de la perla en La Haya, al de Albaricoques en flor también en Londres, a las Majas de Goya en Madrid además de arrojar sopa o pintura a los Girasoles de Van Gogh o un Andy Warhol y puré de patata sobre un Monet. Todos estos protegidos por una película exterior.
Los jóvenes que se adhirieron al cuadro de Vermeer en Países Bajos, ambos belgas, recibieron una sentencia de dos meses de prisión uno de los cuales quedó suspendido. De la pareja que se pegó al cuadro de los albaricoques, uno está ahora mismo cumpliendo tres meses de guandoca mientras al otro se le cambió esa pena por seis semanas de toque de queda controlado electrónicamente.
La jueza encargada les espetó al condenarlos: “Les encuentro culpables de un delito de daños porque los causaron sin tener una excusa legítima para hacerlo sino que fueron temerarios”.
Uno de ellos, desde prisión, ha declarado al medio VICE que estas sentencias “no van a desalentarnos”.
En España, las últimas acciones climáticas están instruyéndose en los juzgados. Los activistas que entraron en noviembre en el museo de El Prado (y las dos periodistas que cubrieron la acción) han sido imputados por un delito contra el patrimonio histórico-artístico, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este delito se pena con prisión de seis meses a tres años.
De manera similar, los manifestantes de Rebelión Científica que en abril pintaron con agua tintada de remolacha parte del Congreso de los Diputados continúan en libertad con cargos a la espera de que progrese su caso.
Fueron detenidos por la brigada antiterrorista de la Policía y el juzgado ha pedido a la Cámara que remita un informe sobre si la manifestación alteró su funcionamiento normal. Los delitos que les achacan también acarrean penas de prisión.
“No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas”, ha analizado para elDiario.es Will Potter periodista y profesor universitario que investiga la pérdida de libertades.
Sin embargo, las acciones siguen: este jueves, un grupo de activistas de Futuro Vegetal rociaron con pintura la atracción Cortylandia en Madrid.
Piden ilegalizar organizaciones
Hace poco más de dos semanas, un diputado del Partido Conservador británico, Gareth Johnson, pedía en el Parlamento que se ilegalizara la organización Just Stop Oil. Que se les aplicara la legislación antiterrorista británica. Activistas de Just Stop Oil fueron los que arrojaron la sopa sobre Los girasoles de Van Gogh, se pegaron al marco de Albaricoques en flor o cortaron la circunvalación de Londres.
Johnson, que fue subsecretario de Estado de Justicia con Liz Truss, espetó en la sesión: “Estas personas no son manifestantes. Son criminales”.
El primer ministro Rishi Sunak no le contestó directamente pero sí recordó que está en trámite una nueva ley que “dará a la Policía los poderes que necesita”.
Se refería a la nueva Ley de Orden Público ya aprobada en los Comunes. Y que parece diseñada para estas protestas. “La medida considera delito la táctica por la que los individuos se adhieren a otros, a objetos o edificios para causar una disrupción grave”, explica el Gobierno británico.
“El delito de bloqueo”, prosigue, “acarreará una pena máxima de seis meses de prisión y una multa ilimitada o ambas cosas”. Además, también se castigará ir “equipado” para ese bloqueo con una multa ilimitada. Esta norma “amplía las facultades de detención y registro de la Policía” para buscar objetos que “pudieran ser utilizados en delitos de bloqueo”.
La ley de Orden Público crea nuevos delitos para las actividades que “impidan” o “retrasen significativamente” las operaciones en aeropuertos, estaciones de tren, gasoductos y oleoducutos. Las protestas pacíficas en aeropuertos se han popularizado como denuncia del peso del sector aéreo en la emisión de gases de efecto invernadero. Especialmente los vuelos privados. Este jueves, sendos grupos alemanes protestaron en los aeropuertos de Munich y Berlín.
“Todavía no nos han comunicado nada, aunque supongo que lo harán”, cuenta a elDiario.es una de las activistas de Science Rebellion que en octubre pasado entró en la sede central de BMW en Munich (Alemania) y se pegó a algunos modelos de lujo. Seis españoles pasaron por los calabozos germanos tras la protesta.
Aquel día, el vicepresidente de la CSU bávara, Hans Theiss, declaró que estas personas “no tienen respeto por la industria que es responsable de la prosperidad de nuestra ciudad y nuestro país”. Y recurrió a un argumento que va resultando familiar: “No son ecoactivistas sino ecodelincuentes”
