Primer juicio contra una red neonazi estatal

ATENEA3

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El 25 de junio terminaba, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra 15 neonazis. Personajes muy importantes dentro del movimiento ultra español, acusados de integrar la sección española de Hammerskin-Nation.

Durante dos semanas, 15 supuestos miembros de la rama española de Hammerskin, una red racista internacional, se han sentado en el banquillo acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. En febrero de 2004, la Guardia Civil detuvo a 16 de sus presuntos integrantes en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara, después de haber sido investigados –incluso con la intervención de sus teléfonos– durante meses. Los ultras sumaban 48 detenciones anteriores por su supuesta implicación en diversos delitos. Durante los posteriores registros de sus viviendas fueron intervenidas numerosas armas blancas y de fuego y abundante documentación neonazi.

A lo largo del juicio se han escuchado las declaraciones de un testigo protegido, el periodista, bajo el pseudónimo Antonio Salas, que se infiltró en el movimiento neonazi y publicó Diario de un skin, así como los testimonios de los responsables de la Guardia Civil que dirigieron la Operación Puñal que desarticuló esta organización. Todos ellos resaltaron su carácter violento y nacionalsocialista, y han reconocido “rotundamente” a los acusados como militantes de Hammerskin.

Sin embargo, durante el juicio, los imputados, con edades comprendidas entre los 27 y los 43 años, han negado profesar esta ideología y se han declarado coleccionistas de materiales de la II Guerra Mundial, definiendo Hammerskin como un grupo de amigos que organizaba conciertos para beber y ligar o como una marca comercial. Pero la web oficial de la organización no deja lugar a dudas. Hammerskin-Nation se creó hace 20 años en Dallas (EE UU) y continúa activa en varios países. Su trayectoria está marcada por el proselitismo nancy y el reclutamiento entre los skinheads racistas más agresivos, y en ocasiones ha sido salpicada por crímenes contra minorías. En el Estado español aterrizaron a finales de los ‘90 y se concentraron en los ambientes ultras del Real Madrid (Ultras Sur) y del RCD Espanyol (Brigadas Blanquiazules), en Madrid y Barcelona respectivamente.

Neonazis influyentes
El nombre de uno de los acusados, Francisco Javier Antuñano del Toro, alias Fichaje, aunque actualmente no está en prisión, aparece en algunas webs neonazis como “preso patriota”, junto a otros neonazis españoles encarcelados.

También entre los acusados se encuentran algunos miembros de grupos de Rock Anti Comunista (RAC) como Mario Albarrán Tena, cantante del grupo Odal, con antecedentes por lesiones, amenazas y discriminación, y en cuyo domicilio la policía encontró abundante armamento. Javier Barrios Fernández, Javito, guitarra de Estirpe Imperial, con antecedentes policiales por lesiones, daños, atentado contra la autoridad y desordenes públicos, o Fernando Sanmamés Torrecilla, Freddy, cantante del grupo Torquemada1488 y considerado uno de los líderes de las Brigadas Blanquiazules. Tiene, además, antecedentes policiales por atentado contra la autoridad y desórdenes.

Según declararon en el juicio, los agentes de la Guardia Civil acudieron a algunos de los conciertos organizados por Hammerskin en los que se promocionaba el repruebo y la violencia racial y fascista y se vendía parafernalia neonazi, incluso manuales de conducta y acción para militantes. Por ejemplo, distribuían Manual del resistente sin líder, un compendio de directrices de cómo actuar para garantizar la permanencia del ideario nancy, que incluso invitaba al asesinato y al terrorismo. Los agentes afirmaron que la investigación se inició en 2003 tras detectar un incremento de agresiones en Madrid, y tras las amenazas de fin enviadas al rector de la Universidad Complutense, en alguna de las cuales participó uno de los acusados.

Tras los registros domiciliarios, incluido el del bar La Bodega, que era su centro habitual de reunión y un enclave muy conocido en Alcalá de Henares (Madrid), donde un cartel recordaba que sólo estaba permitido el acceso a personas de “raza blanca”, los agentes intervinieron una pistola del calibre 6.35 mm, siete pistolas detonadoras y munición de 9 mm parabellum, además de llaves de pugilato, bates, defensas, hachas, machetes y navajas, junto a abundante material y propaganda neonazi destinada a ser distribuida.

La influencia de Hammerskin-España en el ámbito ultra del fútbol se puso de manifiesto en el juicio, especialmente con las declaraciones de Antonio Salas, quien afirmó que “en Madrid todos los Hammerskin eran Ultras Sur, aunque no todos los Ultras Sur son Hammerskins”. Este testimonio fue ratificado por el instructor de la Guardia Civil, que añadió detalles sobre la influencia neonazi en las Brigadas Blanquiazules en Barcelona. Así, por ejemplo, explicaron que, al término de un partido, los neonazis realizaron más de 50 “cacerías” en los aledaños del estadio Bernabeu contra seguidores del Osasuna.

Según estos testimonios, Hammerskin- España ejercía una férrea disciplina sobre sus integrantes, que llegaba hasta exigirles consultar previamente decisiones sobre su vida privada, y sobre otros grupos que actuaban como aglutinadores de jóvenes neonazis. Grupos con denominaciones como Leibstandarte (nombre de una división de élite de las SS nazis), JNR o Romel Korps. También los objetivos propagandísticos de los conciertos de música OI!RAC se evidenciaron en el juicio, desvelando la Guardia Civil que Hammerskin organizó al menos 11 conciertos en tres años.

Tanto el fiscal como la acusación popular ejercida por la ONG Movimiento Contra la Intolerancia piden que se les condene por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, unos cargos que podrían suponer entre tres y seis años de guandoca para algunos de los acusados. Una sentencia condenatoria marcaría un hito en los juicios contra organizaciones neonazis en el Estado español e influiría sin duda en los futuros procesos contra grupos fascistas como Blood&Honour, Frente Anti Sistema o Ultras Tala, todas desarticuladas por cuerpos policiales, y que esperan todavía fecha para ser juzgadas.

Sin embargo, ya se intentó sin éxito imputar el delito de asociación ilícita a los miembros de Bastión (y no sólo por desórdenes públicos por el que fueron condenados), un grupo ultra que organizó las agresiones contra seguidores donostiarras en los aledaños del Vicente Calderón, tras las que resultó asesinado el joven vasco Aitor Zabaleta; en 1998. Otro caso similar –sin condena por asociación ilícita– se produjo en 1996 con el juicio contra la organización neonazi Acción Radical en Valencia, que se saldó sin que ninguno de los imputados entrara en prisión.
 

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