Presidente de ONG: "Es muy difícil inmigrar legalmente a España, por eso tienen que venir de turistas y trampear la ley; no reciben pagas"

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Los pagapensiones apenas encuentran formas de entrar en Galicia legalmente
Carlos Punzón
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M.jovenlandesaLEJO
El 90 % llegan con visado de turista y tres meses después pasan a ser irregulares
24 abr 2023. Actualizado a las 05:00 h.
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«Los extranjeros prácticamente no tienen forma de entrar en Galicia de manera legal». Miguel Fernández Blanco, presidente del Foro Galego de inmi gración, que gestiona decenas y decenas de casos, ha llegado a la conclusión de que «no son suficientes las vías abiertas para que los llegados de fuera de la Unión Europea puedan encontrar una oportunidad». Y advierte: «Es mentira que los pagapensiones reciban pagas y ayudas. Al contrario, se les exige de todo, procesos imposibles que los dejan fuera del sistema», advierte. Desde su experiencia, entre un 80 y un 90 % de la inmi gración llega con visado de turista, y a partir de ahí, a trampear su existencia hasta conseguir los papeles que conviertan en legal una estancia que deja de serlo a los 90 días.
El visado de reagrupación familiar (cónyuges, hijos menores de 18 años y progenitores mayores de 65) es la puerta legal más frecuente para los descendientes de quienes llegaron antes y han logrado regularizar su estancia, apunta Miguel Fernández al analizar las opciones de entrada existentes. La tarjeta de estudiante crece como una segunda opción, pero además de tener que demostrar que se cursan estudios, la estancia no se equipara a la residencia y cuenta con grandes limitaciones para trabajar.
Una oferta de trabajo acreditada por el empleador o asociación empresarial es otra fórmula, pero los visados de trabajo requieren de permiso de residencia y autorización de la oficina consular, entre otros requisitos. «La mayoría no logra ninguna de las tres opciones, pues son muy difíciles de conseguir. Es un sistema cerrado y con pocas vías para legalizar», reitera el presidente del Foro de inmi gración.

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«Las empresas me llaman para darme trabajo, pero ven que no tengo papeles y dicen "olvídate"»
MARÍA HERMIDA / FINA ULLOA

Por ello, la inmensa mayoría de los pagapensiones buscan la manera de entrar y solicitar que se les regularice su situación al pasar tres años desde su llegada. Ese es el caso del arraigo social, que hay que demostrar con requisitos como el empadronamiento, para el que algunos ayuntamientos ponen problemas si no se demuestra que la residencia es legal. La escolarización de un menor ya no se acepta como rastro de raigambre, situación que en todo caso requiere de un informe de arraigo firmado por un trabajador social municipal. Pero hay más exigencias, y alguna realmente compleja, como es poder demostrar medios económicos suficientes o contar con un precontrato de trabajo o un empleo indefinido, cuya veracidad se revisará en la empresa o contratante. Un certificado de penales del país de origen se añade a las exigencias, y si tiene mácula o si ha delinquido durante la estancia en España o en la UE, la respuesta será negativa.
También se puede optar por solicitar el arraigo laboral. Hay que sumar dos años en España, y en ese tiempo haber trabajado como mínimo seis meses. Su uso es bajo, pues en la mayoría de los casos equivaldría a denunciar al empleador de trabajadores sin papeles. El arraigo por formación es otra de las opciones teóricas abiertas, pero el migrante tiene que demostrar su compromiso educativo durante un tiempo tan amplio que al final resulta más eficaz esperar a cumplir tres años en el país y buscar el arraigo social.

Alexandra Arteaga, que trata de subsistir en Pontevedra tras marcharse de Venezuela.

pagapensiones que buscan empleo en neցro: «No entiendo a este país. Me ofrece comida y ayudas y no permiso para trabajar»
MARÍA HERMIDA

Colapso de peticiones de asilo
Con los obstáculos que salpican las distintas maneras de regularización, la vía de la petición de asilo se está disparando como la manera más directa de lograr los papeles. «Está colapsando el sistema», apunta Fernández Blanco, que entiende como lógico que se acabe esgrimiendo un derecho humano fundamental para vencer tanta traba burocrática. La petición de asilo comienza con una primera declaración en un puesto fronterizo, oficina de extranjería o comisaría en la que se debe manifestar la voluntad de solicitar la condición de asilado. Desde ese momento se concede un estatus de residencia regular a la espera de que en una segunda cita se detalle la situación de persecución o peligro y se aporte documentación. Tras superar ese trámite, y a la espera de su resolución, se obtiene una documentación provisional que permitiría trabajar legalmente. Como este proceso suele durar como mínimo año y medio, los peticionarios ganan más de la mitad del tiempo requerido para optar después a la legalización por arraigo social. «El contrasentido es que es malo para ellos que sus peticiones de asilo se resuelvan rápido», dice Miguel Fernández, quien calcula que de cada cien mil solicitudes solo cinco mil se aprueban. Los casos llegados de Siria y países jovenlandeses que sufren conflictos, y en número menor de riesgo por motivo de opción sensual, conforman la mayoría de las concesiones. Para los ciudadanos de Ucrania se ha habilitado un proceso rápido especial.
Parir en España como fórmula para lograr la residencia por cuidado de menor
Las organizaciones de ayuda a refugiados e pagapensiones constatan una incesante llegada de mujeres embarazadas entre el arriesgado pasaje de pateras y otros peligrosos sistemas de tras*porte. España no otorga la nacionalidad por nacimiento de un hijo de extranjeros en territorio nacional, pero el pequeño no puede quedar desprotegido, por lo que se suele otorgar autorización a la progenitora o padres, para que cuiden del menor.
Los progenitores suelen eludir la inscripción del recién nacido en el consulado de su país en España, por lo que la situación del pequeño sería de apátrida, de manera que al final el Estado suele otorgar la llamada presunción de nacionalidad que lleva aparejado un DNI español para el bebé, prueba fundamental para que los padres logren la autorización por cuidado de menor.
La comunidad concentra casi 53.000 de los 2,5 millones de cotizantes extranjeros que hay en España
ANA BALSEIRO
Establecerse legalmente y trabajar para ganarse la vida en España es El Dorado que más de 2,5 millones de extranjeros han alcanzado ya, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al mes de marzo. De ese número, casi 53.000 (52.911 concretamente) figuraban como afiliados a la Seguridad Social en la comunidad gallega.
La evolución en el último año ha sido positiva para este segmento de trabajadores, ya que el número de foráneos en Galicia se ha incrementado en 6.619 cotizantes de media, lo que supone un 14,3 % más en términos relativos, por encima del 9,88 % que para el mismo período registró la media del país, que ganó 227.062 cotizantes.
Comparados con el mes anterior, en la comunidad comenzaron a trabajar 1.515 personas extranjeras (casi un 3 % más que en febrero), un porcentaje ligeramente superior al promedio del conjunto de España, donde se incorporaron 59.645 trabajadores. Bajando al detalle, la estadística del ministerio que dirige José Luis Escrivá muestra que en el colectivo viajero tienen un peso mayor los hombres: son casi 30.000 del total de trabajadores, frente a 23.777 mujeres.
Venezuela, a la cabeza
Respecto a la procedencia, en Galicia son mayoritarios los que provienen de Latinoamérica, por los lazos históricos. De hecho, hay 36.149 trabajadores originarios de países no europeos frente a los 16.762 del Viejo Continente. Por países, Venezuela encabeza el ránking, con 7.184 trabajadores en la comunidad. Le siguen Colombia (3.972), Brasil (3.126), jovenlandia (2.879), Perú (2.067), Cuba (1.729), China (1.625), Senegal (1.532), República Dominicana (1.329) y Argentina (1.293), mientras que los 9.413 restantes pertenecen al resto de países no comunitarios, pero sin especificar. Por ese motivo no están cuantificados los trabajadores que han llegado a Galicia en el último año huyendo de la guerra. Solo está disponible la cifra global: 62.059 afiliados medios en marzo procedentes de Ucrania, 14.800 más que en enero del 2022, antes de la oleada turística, lo que supone un crecimiento del 31,3 %.
Volviendo a Galicia y a los trabajadores procedentes de Estados de la UE, los portugueses son los más numerosos (8.635), seguidos de los rumanos (2.871) y los italianos (2.430), con franceses (753), alemanes (434) y búlgaros (421) a mucha distancia. Hostelería, industria, servicio doméstico y construcción son los principales sectores económicos en los que se emplean, especialmente en A Coruña y Pontevedra, que absorben respectivamente a 21.069 y 17.296 trabajadores foráneos, frente a Lugo y Ourense, que no llegan al doble dígito, con 7.679 y menos de 6.900.
La media de afiliación de marzo también confirma que el régimen general, es decir, la contratación por parte de empresas, es el tipo de relación laboral más extendida (36.713 personas en alta en la Seguridad Social), seguida del régimen de autónomos, con 8.699. Completan la distribución otros 4.422 trabajadores que cotizan en el régimen especial de empleados de hogar, 1.581 en el del mar y 1.495 en el régimen especial agrario.
 
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Lo que no cuenta este presidente de ONG cuya superioridad jovenlandesal le concede la razón en cualquier afirmación que haga es que cobra 70.000€/año como presidente, se paga 5/6 viajes al año a diferentes países del tercer mundo donde únicamente tiene que hacerse un par de fotos y subir un tweet, pasa como dietas comidas en los mejores restaurante del mundo, coche de empresa y aparatos tecnológicos de la gama más alta para mandar un par mandar un par de mail y un poco de powerpint. También tiene en nómina a su mujer en la ONG, aunque no hace nada, sólo le acompaña a algún viaje de vez en cuando así no llama tanto la atención su salario, tiene un sobrino cobrando 45.000€ de community manager y un amiguete de juergas de trabajando de tesorero con el que se va de pilinguis en los países a los que ayuda aprovechando la miseria que piden por su necesidad.

De cada 100.000€ que consigue de dinero público o de donaciones, el 50% se va en salarios, el 20% en gastos innecesarios como dietas, un 20% porciento en gastos reales de gestión y con suerte un 10% del dinero acaba en ayuda real y efectiva, lo justo para que posen sonrientes para una foto.
 
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