Josep Bou tiene 12 apellidos catalanes. Y esta no es una comedia española. Más bien, se espera que no sea una tragedia. Josep es el hijo de Jaime, el fundador de las panaderías Bou, una empresa familiar que da empleo a más de cien trabajadores desde mediados del siglo pasado. Hace tres años que preside, además, Empresaris de Catalunya, una patronal que dio a luz para contrarrestar la mala imagen del procès sobre la economía regional.
Atiende a El HuffPost desde un Ave, el tren que conecta Barcelona con Madrid en menos dos horas y 49 minutos. Usa 30, media hora exacta, para responder a las preguntas y lo hace en un tono de pesadumbre y extrema preocupación, después de que, calcula, "2.625 empresas hayan abandonado Cataluña a cuenta del procès". La última, Oryzon, la biotecnológica que el martes decidió trasladar su sede a Madrid, lo que fue recibido con subidas del 15% de sus acciones en Bolsa.
Oryzon ha sido la última empresa en abandonar Cataluña.
La inseguridad jurídica es lo peor que puede ocurrirle a Cataluña. 2.625 empresas han dejado la región a cuenta del procès. Unas 8.000 se han ido en estos últimos cinco años frente a las 5.000 que se han instalado en la región en el mismo periodo. El goteo de empresas que se deslocalizan es constante. Nos jugamos el pan.
El martes coincidieron una huelga general y un paro de país en la región. ¿Cómo ha caído en el empresariado catalán?
¿Una huelga pagada? Jamás he visto eso. Lo del martes fue una huelga política, no había reivindicaciones laborales mediante. La gran empresa de Cataluña es Seat y no fue a la huelga. Ni uno solo de mis empleados ha querido tampoco parar este martes. Todos los polígonos industriales de la región hemos trabajado. Todos. De huelga, por lo tanto, nada, es un movimiento orquestado desde el nacionalismo catalán con un objetivo muy claro: crear un clima de inseguridad en las calles y presionar al orden institucional.
La huelga ha tenido principalmente impacto en el entorno de la Generalitat. Deporte, cultura, todo lo que está dominado por el independentismo. La Caixa, la Seat, las grandes empresas, insisto, no han parado. A ver si de alguna manera se deciden a convocar elecciones. Empiezan a hablar y a dialogar y encuentran puntos de acuerdo. Cataluña no se merece esto, no nos merecemos este Gobierno.
¿Qué significa para los empresarios catalanes? ¿Para la economía regional?
Tienen miedo. Hay temor. No es muy ostensible. Digamos que denota cierta resiliencia. Prefieren no hacer comentarios. Hay quienes figuran como simpatizantes, no como socios de la asociación.
En este momento no tenemos datos del impacto pero la inversión extranjera está parada. Eso no quiere decir que los inversores extranjeros se vayan a retirar, porque nos protege el entorno europeo pero sí sabemos por nuestros asociados que los hoteles y restaurantes han sufrido cancelaciones o no han tenido reservas, tras el clima de tensión desde el fin de semana.
Los empresarios quieren que se llegue a acuerdos, que se dialogue, que se pacte, pero en estos momentos no se puede hacer nada, absolutamente nada. El mundo nacionalista, desde el quiere llegar a acuerdo que están fuera de la ley y no es posible acordar nada fuera de la ley. El Gobierno de la Generalitat tiene que volver a la senda del Estatut y de la Constitución.
Precisamente, todo contra lo que está el actual Gobierno de la Generalitat.
Incluso estamos de acuerdo en que las cosas se pueden hacer mejor y proponemos que, si, que se redacte una nueva ley de financiación autonómica. Sin olvidar nunca que el concepto de nación lleva dentro el de solidaridad, el ser solidarios con otros que tienen menos PIB. Y esto ha funcionado.
Es en lo que sostienen aquel antiguo mensaje de Espanya ens roba (España nos roba), una soflama que ha calado hasta el tuétano del movimiento soberanista.
Precisamente, en este momento eso es falso. Madrid es la autonomía más solidaria de España. Nunca nos hemos sentido discriminados fiscalmente. Cataluña recibe 9.000 millones al año del Fondo de Liquidación Autonómica, el FLA, y del pago a proveedores. En estos momentos, recibimos más que damos. Somos la autonomía que más recibe.
Tenemos una deuda de 77.000 millones. La Generalitat entraría en suspensión de pagos y en quiebra si el Estado no estuviera detrás. Hemos caído al nivel de Albania y Rumanía, en cuanto a calificación crediticia de nuestra deuda. Lo que es más grave: la decisión de Standard &Poor's de mantener el rating de España en aprobado raspado. Este problema nos cuesta dinero. Los expertos dicen que, al menos, 2.000 millones y, si persiste, se perderán más de 7.000 millones a medio plazo para el conjunto de la economía española. Eso es lo que se deja de abaratar nuestra financiación.
