El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Las primeras querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ya han sido presentadas por la gestión de la gota fría (DANA). La organización Iustitia Europa ha llevado las querellas al Tribunal Supremo en el caso de Sánchez y Grande-Marlaska, y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para la acción contra Mazón.
La querella sostiene que Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska incurrieron en la omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones por lo que consideran una “falta total de respuesta” del Gobierno ante la situación de emergencia provocada por la DANA. Según Iustitia Europa, el Estado «falló y desapareció» en el momento crítico, dejando a los ciudadanos en una situación de «caos y desprotección» ante la catástrofe. La asociación argumenta que las alertas de riesgo extremo emitidas con varios días de antelación por la AEMET requerían una respuesta rápida y coordinada por parte del Gobierno, y considera una «abdicación de sus deberes de protección» que no se declarara la situación como emergencia nacional.
En su nota de prensa, el presidente de Iustitia Europa y abogado, Luis María Pardo Rodríguez, acusa al Gobierno de haber optado por la inacción y dejado en situación de vulnerabilidad a miles de personas en la Comunidad Valenciana. Pardo enfatiza que la falta de medidas de emergencia y la «pasividad» ante las advertencias meteorológicas representan una grave omisión de los deberes fundamentales de protección.
En cuanto al presidente Carlos Mazón, la querella lo acusa de «abandono» en la gestión del desastre, destacando una «serie de errores y omisiones» en la activación de medidas para proteger a la población. Iustitia Europa sostiene que Mazón subestimó la gravedad de la situación, obviando el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, un protocolo destinado a responder ante catástrofes de esta magnitud. La asociación también señala que Mazón, además de no haber solicitado la declaración del estado de alarma, restó importancia a los riesgos en sus declaraciones públicas, lo que dejó a la población en una situación de desamparo.
La querella contra Mazón argumenta que la inacción ante las advertencias de la DANA representa una infracción del deber de protección civil, ya que el presidente autonómico no actuó con la diligencia que requería la situación. Según Iustitia Europa, esta falta de actuación efectiva y el «abandono» de sus responsabilidades dejan indicios de posible responsabilidad penal, dada la vulnerabilidad en que quedaron los ciudadanos ante el temporal.
La querella sostiene que Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska incurrieron en la omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones por lo que consideran una “falta total de respuesta” del Gobierno ante la situación de emergencia provocada por la DANA. Según Iustitia Europa, el Estado «falló y desapareció» en el momento crítico, dejando a los ciudadanos en una situación de «caos y desprotección» ante la catástrofe. La asociación argumenta que las alertas de riesgo extremo emitidas con varios días de antelación por la AEMET requerían una respuesta rápida y coordinada por parte del Gobierno, y considera una «abdicación de sus deberes de protección» que no se declarara la situación como emergencia nacional.
En su nota de prensa, el presidente de Iustitia Europa y abogado, Luis María Pardo Rodríguez, acusa al Gobierno de haber optado por la inacción y dejado en situación de vulnerabilidad a miles de personas en la Comunidad Valenciana. Pardo enfatiza que la falta de medidas de emergencia y la «pasividad» ante las advertencias meteorológicas representan una grave omisión de los deberes fundamentales de protección.
En cuanto al presidente Carlos Mazón, la querella lo acusa de «abandono» en la gestión del desastre, destacando una «serie de errores y omisiones» en la activación de medidas para proteger a la población. Iustitia Europa sostiene que Mazón subestimó la gravedad de la situación, obviando el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, un protocolo destinado a responder ante catástrofes de esta magnitud. La asociación también señala que Mazón, además de no haber solicitado la declaración del estado de alarma, restó importancia a los riesgos en sus declaraciones públicas, lo que dejó a la población en una situación de desamparo.
La querella contra Mazón argumenta que la inacción ante las advertencias de la DANA representa una infracción del deber de protección civil, ya que el presidente autonómico no actuó con la diligencia que requería la situación. Según Iustitia Europa, esta falta de actuación efectiva y el «abandono» de sus responsabilidades dejan indicios de posible responsabilidad penal, dada la vulnerabilidad en que quedaron los ciudadanos ante el temporal.
