El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La economía actual es difícil de comprender para quienes fueron educados en que era mejor ahorrar y no deber nada que pedir préstamos y estar endeudados. Quienes dictan las políticas económicas, desde la OCDE y el FMI a las consultoras, recomiendan a los Estados aumentar la recaudación fiscal para repartir dinero, nunca reducir gasto inútil, como la miríada de entes públicos montados por los políticos o las subvenciones.
Las excusas son múltiples: reducir la desigualdad, superar la recesión causada por los confinamientos a relativos al bichito, la tras*ición energética… Y el resultado es el mismo: la clase media, que es la que paga el IRPF y la que monta pymes, cada vez más escuálida. Pero los políticos y los funcionarios no tienen suficientes fondos y exigen más.
Ahora la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen reclama a los 27 Estados miembros que aumenten la aportación de dinero al Plan Financiero Plurianual 2021-2027 ya elaborado. Los eurócratas han repasado las cuentas, han sumado los compromisos de gasto y han concluido que necesitan más dinero. No es suficiente el billón de euros ya asignado, más los 750.000 millones asignados para los fondos de recuperación (parte de los cuales son préstamos).
Bruselas pide 66.000 millones más a los países miembros. Esa suma se destinaría a la guerra de Ucrania, a paliar la inflación y la subida de los tipos de interés (que es consecuencia de la anterior), a la competitividad, a la reserva de materias primas estratégicas (las mismas que leyes como la de Cambio Climático española prohíben extraer), a controlar la inmi gración y subsidiar a países como jovenlandia, Turquía y Libia, a mantener campos de refugiados en Líbano, Jordania, Pakistán, etc.
Esos 66.000 millones los tendrían que aportar los 27 Estados miembros, que sacarían el dinero de sus ciudadanos y sus empresas. En relación a su PIB, la aportación de España superaría los 6.000 millones; o sea, al menos 125 euros por habitante. Y la Hacienda española está demostrando una capacidad extraordinaria para aumentar la recaudación, merced a los siguientes factores: los nuevos impuestos y la subida constante de los existentes, la negativa del Gobierno de progreso a deflactar las tarifas de los impuestos y los incentivos a los inspectores de Hacienda.
El año pasado, Hacienda recaudó 255.463 millones de euros, un 14,4% más que los 223.385 millones ingresados en 2021; un porcentaje que dobla la inflación registrada. Y entre enero y abril de 2023, ha recaudado 90.679, frente a los 85.922 del mismo cuatrimestre de 2022 y os 72.778 millones de 2021. Y aun así, la deuda pública española es un 112% del PIB, más de 1,5 billones de euros. También el PIB español sigue por debajo del existente antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
A diferencia de la voracidad recaudatoria española, otros países dan alivio a sus ciudadanos. El ministerio de Economía alemán calcula que en este ejercicio recaudará 921.000 millones de euros, 16.800 millones menos de lo previsto, debido a la bajada de impuestos realizada por el Gobierno federal.
La gran pregunta es qué hacen los Estados y la UE con esas cantidades inimaginables de dinero que nos quitan, ya que no se reduce la deuda. Una parte se acaba gastando en todas las causas gratas a los progresistas. En septiembre Leyen apareció en el escenario de un acto globalista en Nueva York para prometer el desembolso de 7.000 millones de euros.
En España, el Gobierno de Sánchez y las autonomías suben pensiones, también por encima de la inflación (son el mayor gasto de los Presupuestos Generales del Estado), y engordan las plantillas de empleados públicos. En tres años, el personal al servicio de todas las Administraciones, entes y empresas públicas ha crecido en 263.000 personas. El sector privado en España, según la EPA, emplea a menos de 17 millones, mientras que el público supera los 3,5 millones y los pensionistas se acercan a los 9,1 millones.
¿Y de qué sirven todo el esfuerzo recaudatorio de Hacienda, el aumento de empleados públicos y los planes de la Comisión? El Banco de España, una de las pocas instituciones públicas no ocupadas por el Gobierno, ha declarado que los fondos europeos del Plan de Recuperación apenas llegan a las pymes; se los llevan las grandes empresas, como constructoras, inmobiliarias y eléctricas, y por supuesto las consultoras que hacen las tramitaciones y también ofrecen su expertise para la digitalización, la tras*ición verde, la diversidad… El propio Gobierno reconoció en el Plan de Estabilidad remitido en abril a Bruselas que la tasa de paro, la más alta de la zona euro, no bajaría del 10% hasta 2026 (aunque Nadia Calviño prometió que esa cifra se conseguiría en 2022).
A usted no le llega el dinero, pues a Ursula von der Leyen y a Pedro Sánchez tampoco. Si es que somos todos iguales.
Las excusas son múltiples: reducir la desigualdad, superar la recesión causada por los confinamientos a relativos al bichito, la tras*ición energética… Y el resultado es el mismo: la clase media, que es la que paga el IRPF y la que monta pymes, cada vez más escuálida. Pero los políticos y los funcionarios no tienen suficientes fondos y exigen más.
Ahora la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen reclama a los 27 Estados miembros que aumenten la aportación de dinero al Plan Financiero Plurianual 2021-2027 ya elaborado. Los eurócratas han repasado las cuentas, han sumado los compromisos de gasto y han concluido que necesitan más dinero. No es suficiente el billón de euros ya asignado, más los 750.000 millones asignados para los fondos de recuperación (parte de los cuales son préstamos).
Bruselas pide 66.000 millones más a los países miembros. Esa suma se destinaría a la guerra de Ucrania, a paliar la inflación y la subida de los tipos de interés (que es consecuencia de la anterior), a la competitividad, a la reserva de materias primas estratégicas (las mismas que leyes como la de Cambio Climático española prohíben extraer), a controlar la inmi gración y subsidiar a países como jovenlandia, Turquía y Libia, a mantener campos de refugiados en Líbano, Jordania, Pakistán, etc.
Esos 66.000 millones los tendrían que aportar los 27 Estados miembros, que sacarían el dinero de sus ciudadanos y sus empresas. En relación a su PIB, la aportación de España superaría los 6.000 millones; o sea, al menos 125 euros por habitante. Y la Hacienda española está demostrando una capacidad extraordinaria para aumentar la recaudación, merced a los siguientes factores: los nuevos impuestos y la subida constante de los existentes, la negativa del Gobierno de progreso a deflactar las tarifas de los impuestos y los incentivos a los inspectores de Hacienda.
El año pasado, Hacienda recaudó 255.463 millones de euros, un 14,4% más que los 223.385 millones ingresados en 2021; un porcentaje que dobla la inflación registrada. Y entre enero y abril de 2023, ha recaudado 90.679, frente a los 85.922 del mismo cuatrimestre de 2022 y os 72.778 millones de 2021. Y aun así, la deuda pública española es un 112% del PIB, más de 1,5 billones de euros. También el PIB español sigue por debajo del existente antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
A diferencia de la voracidad recaudatoria española, otros países dan alivio a sus ciudadanos. El ministerio de Economía alemán calcula que en este ejercicio recaudará 921.000 millones de euros, 16.800 millones menos de lo previsto, debido a la bajada de impuestos realizada por el Gobierno federal.
La gran pregunta es qué hacen los Estados y la UE con esas cantidades inimaginables de dinero que nos quitan, ya que no se reduce la deuda. Una parte se acaba gastando en todas las causas gratas a los progresistas. En septiembre Leyen apareció en el escenario de un acto globalista en Nueva York para prometer el desembolso de 7.000 millones de euros.
En España, el Gobierno de Sánchez y las autonomías suben pensiones, también por encima de la inflación (son el mayor gasto de los Presupuestos Generales del Estado), y engordan las plantillas de empleados públicos. En tres años, el personal al servicio de todas las Administraciones, entes y empresas públicas ha crecido en 263.000 personas. El sector privado en España, según la EPA, emplea a menos de 17 millones, mientras que el público supera los 3,5 millones y los pensionistas se acercan a los 9,1 millones.
¿Y de qué sirven todo el esfuerzo recaudatorio de Hacienda, el aumento de empleados públicos y los planes de la Comisión? El Banco de España, una de las pocas instituciones públicas no ocupadas por el Gobierno, ha declarado que los fondos europeos del Plan de Recuperación apenas llegan a las pymes; se los llevan las grandes empresas, como constructoras, inmobiliarias y eléctricas, y por supuesto las consultoras que hacen las tramitaciones y también ofrecen su expertise para la digitalización, la tras*ición verde, la diversidad… El propio Gobierno reconoció en el Plan de Estabilidad remitido en abril a Bruselas que la tasa de paro, la más alta de la zona euro, no bajaría del 10% hasta 2026 (aunque Nadia Calviño prometió que esa cifra se conseguiría en 2022).
A usted no le llega el dinero, pues a Ursula von der Leyen y a Pedro Sánchez tampoco. Si es que somos todos iguales.
