El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La inminente desaparición de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra tras el acuerdo entre el Gobierno y Eh Bildu para pactar los presupuestos ha puesto la puntilla a una sección del Instituto Armado dañada y minusvalorada desde hace años.
Sustituidos por radares en carretera, sin medios materiales y una merma en las condiciones laborares, han sido cientos los agentes que han decidido abandonar esta unidad. Fuentes de este departamento consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que al menos 650 guardias civiles se han marchado de Tráfico desde 2018.
A la diáspora de funcionarios, según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), va aparejado además el hecho de que son cada vez menos los agentes que deciden apostar por la especialidad de tráfico. «Los guardias civiles se van, salen menos plazas para cubrir esas bajas y quienes tienen que cubrirlas prefieren irse a otras unidades… Las carreteras se vacían de agentes de Tráfico», denuncian desde esta organización. Este declive en la agrupación está motivado también, según la AEGC, «en el recorte que acometió hace unos años la Dirección General de Tráfico en su asignación».
Desde la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la lista de dificultades en esta sección es aún mayor. A lo ya expuesto se suman, denuncian, «licitaciones irrisorias que quedan desiertas o son cubiertas por empresas que no garantizan la prestación de los servicios». Es el caso de la limpieza en muchas instalaciones, o de las prendas de abrigo o de lluvia que los guardias civiles esperan desde hace más de dos años. «Los cascos que no llegan para los compañeros que trabajan en moto, los chalecos airbag cuyas pruebas se eternizan y un largo etcétera», critican.
Todo ello, sin tener en cuenta que los miembros de la Agrupación de Tráfico «riegan literalmente con su sangre las carreteras españolas». Se trata de la especialidad con más fallecidos en acto de servicio del Instituto Armado. Razón por la que desde el Ministerio de Interior prometieron un complemento de 57 euros para recompensar su penosidad. Un plus que, sin embargo, tampoco ha llegado.
Un 22% más de rádares
Otra de las cuestiones que ha minado a los guardias civiles ha sido la compra «masiva» de radares por parte de la DGT, al mismo tiempo que los agentes reclamaban más medios humanos y materiales. El departamento dirigido por Pere Navarro tiene previsto invertir algo más de 17,5 millones de euros en la compra de 300 nuevos radares, de los cuales 180 son de tramo para controlar la velocidad entre los puntos en carretera y 120 fijos, según el anuncio de la licitación del suministro y de su instalación que publicó en agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los datos, en cualquier caso, avalan las críticas de los agentes. Las estadísticas que maneja el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sitúan en 8.528 la cifra actual de agentes de Tráfico en España, cuando en 2012 estaba en 9.634. Es decir, la plantilla ha disminuido un 13%, casi en un millar, en los últimos diez años. Aunque las fuentes consultadas aseguran que el mayor grueso de bajas en estas unidades se ha producido entre 2020 y 2022.
Frente a estas cifras, con esta nueva operación, la Dirección General de Tráfico aumentará su ‘flota’ de radares en un 22,6%. Se añadirán a los 780 fijos de control y 545 móviles de los que dispone actualmente la DGT, lo que suma un total de 1.625 dispositivos. Para Jucil, asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, la política de reducción de personal y el aumento de sistemas de control y vigilancia no ha paliado la siniestralidad, sino que ha afectado «al grado de accidentalidad en las vías y carreteras públicas».
Un agente cada 140 kilómetros
«Se opta por un control automático con radares y otros sistemas de vigilancia en lugar de por la presencia de guardias civiles en las carreteras. Esto ha supuesto una desatención, sobre todo de las vías secundarias, donde cada vez es más difícil cruzarse con una patrulla, cuando en muchas ocasiones la simple presencia de los agentes logra mejores resultados en el tráfico, sin tener que recurrir a un sistema que parece más interesado en la sanción y en la recaudación, que en la buena marcha de la circulación rodada», critica el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
Un punto que, en cierto modo, avalan las cifras de siniestralidad de este verano. Los expertos auguraron que podía ser la época estival con más accidentes en carretera por el fin de las restricciones de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y la falta de agentes. Un pronóstico que se ha cumplido. Según los datos de la DGT, en julio y agosto se contabilizaron 225 fallecidos a causa de un siniestro, lo que supone un incremento del 17% respecto a los datos del año pasado.
De hecho, según el cálculo de las asociaciones del Instituto Armado, este verano solo ha habido un único guardia civil por cada 140 kilómetros de carretera para vigilar el Tráfico este verano. La unidad cuenta con 8.528 agentes, pero si se elimina de esta cifra a la plana mayor, a los que realizan tareas burocráticas en los subsectores de Tráfico, y a quienes cogieron vacaciones durante este periodo, solo quedan unos 4.600 agentes para patrullar todas las vías del país.
Una tras*ferencia «imposible»
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civl también critican «el desprecio» del Gobierno hacia el sector de Tráfico, que en las últimas se ha visto escenificado en la salida de esta unidad en Navarra. El Ejecutivo ha prometido a su socio Eh Bildu que la tras*ferencia de esta competencia sea efectiva en menos de cinco meses. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico dudan de que ese plazo sea posible.
Un proyecto deseable, pero irrealizable a todas luces en ese periodo de tiempo. Es lo que advierten desde el Instituto Armado, habida cuenta de la falta de medios humanos, materiales y de infraestructura que existe en el cuerpo autonómico, que supuestamente deberá asumir el trabajo que hacen actualmente 200 agentes del Instituto Armado antes de que llegue la primavera.
Otra prueba de ello, resaltan las mismas fuentes, son los cuatro años que preceden a este pacto de traspaso de competencias entre ambos actores. El primer compromiso del Gobierno de coalición con el partido nacionalista para ceder Tráfico se fijó en 2019. Desde entonces, las negociaciones para materializar este cambio han sido infructuosas hasta el punto de atascarse en varias ocasiones.
De hecho, el pasado 15 de noviembre, según ha podido saber este periódico, el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia civil, José Ignacio Criado, admitió en una reunión interna en la sede central de esta agrupación, en Madrid, que todo lo relativo a Navarra «estaba completamente parado». Siete días después, el Ejecutivo se comprometía, de nuevo, a ello.
Sustituidos por radares en carretera, sin medios materiales y una merma en las condiciones laborares, han sido cientos los agentes que han decidido abandonar esta unidad. Fuentes de este departamento consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que al menos 650 guardias civiles se han marchado de Tráfico desde 2018.
A la diáspora de funcionarios, según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), va aparejado además el hecho de que son cada vez menos los agentes que deciden apostar por la especialidad de tráfico. «Los guardias civiles se van, salen menos plazas para cubrir esas bajas y quienes tienen que cubrirlas prefieren irse a otras unidades… Las carreteras se vacían de agentes de Tráfico», denuncian desde esta organización. Este declive en la agrupación está motivado también, según la AEGC, «en el recorte que acometió hace unos años la Dirección General de Tráfico en su asignación».
Desde la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la lista de dificultades en esta sección es aún mayor. A lo ya expuesto se suman, denuncian, «licitaciones irrisorias que quedan desiertas o son cubiertas por empresas que no garantizan la prestación de los servicios». Es el caso de la limpieza en muchas instalaciones, o de las prendas de abrigo o de lluvia que los guardias civiles esperan desde hace más de dos años. «Los cascos que no llegan para los compañeros que trabajan en moto, los chalecos airbag cuyas pruebas se eternizan y un largo etcétera», critican.
Todo ello, sin tener en cuenta que los miembros de la Agrupación de Tráfico «riegan literalmente con su sangre las carreteras españolas». Se trata de la especialidad con más fallecidos en acto de servicio del Instituto Armado. Razón por la que desde el Ministerio de Interior prometieron un complemento de 57 euros para recompensar su penosidad. Un plus que, sin embargo, tampoco ha llegado.
Un 22% más de rádares
Otra de las cuestiones que ha minado a los guardias civiles ha sido la compra «masiva» de radares por parte de la DGT, al mismo tiempo que los agentes reclamaban más medios humanos y materiales. El departamento dirigido por Pere Navarro tiene previsto invertir algo más de 17,5 millones de euros en la compra de 300 nuevos radares, de los cuales 180 son de tramo para controlar la velocidad entre los puntos en carretera y 120 fijos, según el anuncio de la licitación del suministro y de su instalación que publicó en agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los datos, en cualquier caso, avalan las críticas de los agentes. Las estadísticas que maneja el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sitúan en 8.528 la cifra actual de agentes de Tráfico en España, cuando en 2012 estaba en 9.634. Es decir, la plantilla ha disminuido un 13%, casi en un millar, en los últimos diez años. Aunque las fuentes consultadas aseguran que el mayor grueso de bajas en estas unidades se ha producido entre 2020 y 2022.
Frente a estas cifras, con esta nueva operación, la Dirección General de Tráfico aumentará su ‘flota’ de radares en un 22,6%. Se añadirán a los 780 fijos de control y 545 móviles de los que dispone actualmente la DGT, lo que suma un total de 1.625 dispositivos. Para Jucil, asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, la política de reducción de personal y el aumento de sistemas de control y vigilancia no ha paliado la siniestralidad, sino que ha afectado «al grado de accidentalidad en las vías y carreteras públicas».
Un agente cada 140 kilómetros
«Se opta por un control automático con radares y otros sistemas de vigilancia en lugar de por la presencia de guardias civiles en las carreteras. Esto ha supuesto una desatención, sobre todo de las vías secundarias, donde cada vez es más difícil cruzarse con una patrulla, cuando en muchas ocasiones la simple presencia de los agentes logra mejores resultados en el tráfico, sin tener que recurrir a un sistema que parece más interesado en la sanción y en la recaudación, que en la buena marcha de la circulación rodada», critica el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
Un punto que, en cierto modo, avalan las cifras de siniestralidad de este verano. Los expertos auguraron que podía ser la época estival con más accidentes en carretera por el fin de las restricciones de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y la falta de agentes. Un pronóstico que se ha cumplido. Según los datos de la DGT, en julio y agosto se contabilizaron 225 fallecidos a causa de un siniestro, lo que supone un incremento del 17% respecto a los datos del año pasado.
De hecho, según el cálculo de las asociaciones del Instituto Armado, este verano solo ha habido un único guardia civil por cada 140 kilómetros de carretera para vigilar el Tráfico este verano. La unidad cuenta con 8.528 agentes, pero si se elimina de esta cifra a la plana mayor, a los que realizan tareas burocráticas en los subsectores de Tráfico, y a quienes cogieron vacaciones durante este periodo, solo quedan unos 4.600 agentes para patrullar todas las vías del país.
Una tras*ferencia «imposible»
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civl también critican «el desprecio» del Gobierno hacia el sector de Tráfico, que en las últimas se ha visto escenificado en la salida de esta unidad en Navarra. El Ejecutivo ha prometido a su socio Eh Bildu que la tras*ferencia de esta competencia sea efectiva en menos de cinco meses. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico dudan de que ese plazo sea posible.
Un proyecto deseable, pero irrealizable a todas luces en ese periodo de tiempo. Es lo que advierten desde el Instituto Armado, habida cuenta de la falta de medios humanos, materiales y de infraestructura que existe en el cuerpo autonómico, que supuestamente deberá asumir el trabajo que hacen actualmente 200 agentes del Instituto Armado antes de que llegue la primavera.
Otra prueba de ello, resaltan las mismas fuentes, son los cuatro años que preceden a este pacto de traspaso de competencias entre ambos actores. El primer compromiso del Gobierno de coalición con el partido nacionalista para ceder Tráfico se fijó en 2019. Desde entonces, las negociaciones para materializar este cambio han sido infructuosas hasta el punto de atascarse en varias ocasiones.
De hecho, el pasado 15 de noviembre, según ha podido saber este periódico, el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia civil, José Ignacio Criado, admitió en una reunión interna en la sede central de esta agrupación, en Madrid, que todo lo relativo a Navarra «estaba completamente parado». Siete días después, el Ejecutivo se comprometía, de nuevo, a ello.
