CesareLombroso
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La Policía Nacional concluye la operación contra una organización criminal con 125 detenidos, entre ellos dos abogados ilicitanos y un funcionario de Hacienda
www.informacion.es
Un prostíbulo de Elche, sede de una trama de empresas ficticias que emitió facturas falsas por 10 millones
La Policía Nacional concluye la operación contra una organización criminal con 125 detenidos, entre ellos dos abogados ilicitanos y un funcionario de Hacienda
P. Cerrada
Alicante | 26·04·22 | 12:27 | Actualizado a las 17:50
0 seconds of 0 secondsVolume 90%
Rueda de prensa de los responsables de la Policía que han explicado la operación CNP
La Policía Nacional ha concluido con 125 detenciones la operación contra una organización asentada en Elche que se dedicaba a la creación de empresas ficticias para emitir facturas falsas y venderlas a sociedades reales que luego defraudaban a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. Una investigación iniciada a finales de 2020 sobre un empresario de Elche que tenía una casa de citas y acudía con frecuencia a cajeros automáticos y se pasaba una hora realizando extracciones de dinero fue la pista que condujo a la Policía a la desarticulación de esta red. Los agentes acabaron descubriendo que las empresas investigadas carecían de actividad y al menos dos de ellas tenían la sede social en un prostíbulo propiedad del presunto cabecilla de la red, que ingresó en prisión tras su arresto. La base de operaciones de la red estaba en Elche pero operaba por todo el territorio nacional, según la Policía.
Entre los arrestados hay dos abogados responsables de un bufete jurídico de Elche, a los que la Policía acusa de ayudar al cabecilla de la red a crear una treintena de empresas ficticias. También ha sido detenido un funcionario de Hacienda, que presuntamente facilitaba información de bases de datos oficiales a la organización a cambio de dinero y la alertó de que estaba siendo investigada. Además de Hacienda, la Seguridad Social también ha sido víctima del fraude mediante el cobro irregular de prestaciones por desempleo de trabajadores ficticios de la trama de empresas.
Dinero incautado en la operación. INFORMACIÓN
La operación se ha realizado en varias fases y en la primera de ellas, como adelantó este diario en octubre del pasado año, fueron detenidas 14 personas, entre ellas los dos abogados de Elche. Se les imputó la emisión de facturas falsas por un importe superior a los diez millones de euros, según las primeras estimaciones de los investigadores.
La sede social de dos de las empresas usadas para ejecutar el fraude estaban domiciliadas en un prostíbulo de Elche, lo que confirmó la sospechas de la Policía Nacional de que se trataba de mercantiles ficticias que carecen de actividad. El dueño del club de alterne es el cabecilla de la trama y la Policía asegura que se crearon 30 empresas ficticias para defraudar a Hacienda, cobrar prestaciones de la Seguridad Social de forma fraudulenta dando de alta a falsos trabajadores y para regularizar a pagapensiones, a los que cobraban entre 3.000 y 6.000 euros, según han explicado este martes en Madrid los responsables de la operación, entre ellos dos de la Comisaría de Elche y de la Comisaría Provincial de Alicante y el comisario Carlos Rio-Miranda Iglesias, jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La organización blanqueaba el dinero obtenido de forma ilícita a través de criptomonedas y la Policía acusa a los implicados, según el grado de participación de cada uno, de fraude a Hacienda, estafa, apropiación indebida, cobro fraudulento de prestaciones, falsedad documental y revelación de secretos.
En la operación se han practicado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.
La investigación se inició en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente, según la Policía.
Las gestiones policiales detectaron también, que el supuesto empresario se reunía asiduamente con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organización criminal. Los investigadores pudieron conocer que la organización criminal, con el asesoramiento y participación de un despacho de abogados, se dedicaba a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta.
Las empresas ficticias facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia.
En uno de los caso expuestos, una de las mercantiles aparecía con un millón de euros en ventas pese a carecer de trabajadores ni constar que hubiesen realizado compras a proveedores. Entre los investigados en la causa que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Elche también figuran dos empleados de una entidad bancaria donde se tramitó la concesión de un crédito del ICO por valor de 40.000 euros a nombre de una de las empresas ficticias, un dinero que evidentemente sabían que no se iba a devolver. Además solicitaron un préstamo a una financiera para una bici eléctrica que no se abonó al estar a nombre de otra de las firmas ficticias.
Blanqueo de dinero con criptomonedas
La operación, en la que han participado más de 100 agentes de distintas unidades, ha logrado desarticular por completo la organización y se ha llevado a cabo en cuatro fases. Durante la primera fase se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal.
La granja de minado, instalación que consume gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro eléctrico. El responsable del Grupo de Blanqueo de Alicante ha explicado en la rueda de prensa que el dinero obtenido con la actividad ilícita era enviado a terceros países donde luego compraban criptomonedas, lo que dificulta su localización al ser difícil de rastrear y estar fuera del control de Hacienda.
Durante la segunda fase se practicaron las detenciones de todas las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la Seguridad Social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a Hacienda.
En la cuarta y última fase se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiales.
La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmi gración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prespitación. Además del material intervenido en los registros, se han bloqueado un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.
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La Policía Nacional concluye la operación contra una organización criminal con 125 detenidos, entre ellos dos abogados ilicitanos y un funcionario de Hacienda
P. Cerrada
Alicante | 26·04·22 | 12:27 | Actualizado a las 17:50
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Rueda de prensa de los responsables de la Policía que han explicado la operación CNP
La Policía Nacional ha concluido con 125 detenciones la operación contra una organización asentada en Elche que se dedicaba a la creación de empresas ficticias para emitir facturas falsas y venderlas a sociedades reales que luego defraudaban a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. Una investigación iniciada a finales de 2020 sobre un empresario de Elche que tenía una casa de citas y acudía con frecuencia a cajeros automáticos y se pasaba una hora realizando extracciones de dinero fue la pista que condujo a la Policía a la desarticulación de esta red. Los agentes acabaron descubriendo que las empresas investigadas carecían de actividad y al menos dos de ellas tenían la sede social en un prostíbulo propiedad del presunto cabecilla de la red, que ingresó en prisión tras su arresto. La base de operaciones de la red estaba en Elche pero operaba por todo el territorio nacional, según la Policía.
Entre los arrestados hay dos abogados responsables de un bufete jurídico de Elche, a los que la Policía acusa de ayudar al cabecilla de la red a crear una treintena de empresas ficticias. También ha sido detenido un funcionario de Hacienda, que presuntamente facilitaba información de bases de datos oficiales a la organización a cambio de dinero y la alertó de que estaba siendo investigada. Además de Hacienda, la Seguridad Social también ha sido víctima del fraude mediante el cobro irregular de prestaciones por desempleo de trabajadores ficticios de la trama de empresas.
Dinero incautado en la operación. INFORMACIÓN
La operación se ha realizado en varias fases y en la primera de ellas, como adelantó este diario en octubre del pasado año, fueron detenidas 14 personas, entre ellas los dos abogados de Elche. Se les imputó la emisión de facturas falsas por un importe superior a los diez millones de euros, según las primeras estimaciones de los investigadores.
La sede social de dos de las empresas usadas para ejecutar el fraude estaban domiciliadas en un prostíbulo de Elche, lo que confirmó la sospechas de la Policía Nacional de que se trataba de mercantiles ficticias que carecen de actividad. El dueño del club de alterne es el cabecilla de la trama y la Policía asegura que se crearon 30 empresas ficticias para defraudar a Hacienda, cobrar prestaciones de la Seguridad Social de forma fraudulenta dando de alta a falsos trabajadores y para regularizar a pagapensiones, a los que cobraban entre 3.000 y 6.000 euros, según han explicado este martes en Madrid los responsables de la operación, entre ellos dos de la Comisaría de Elche y de la Comisaría Provincial de Alicante y el comisario Carlos Rio-Miranda Iglesias, jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La organización blanqueaba el dinero obtenido de forma ilícita a través de criptomonedas y la Policía acusa a los implicados, según el grado de participación de cada uno, de fraude a Hacienda, estafa, apropiación indebida, cobro fraudulento de prestaciones, falsedad documental y revelación de secretos.
En la operación se han practicado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.
La investigación se inició en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente, según la Policía.
Las gestiones policiales detectaron también, que el supuesto empresario se reunía asiduamente con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organización criminal. Los investigadores pudieron conocer que la organización criminal, con el asesoramiento y participación de un despacho de abogados, se dedicaba a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta.
Las empresas ficticias facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia.
En uno de los caso expuestos, una de las mercantiles aparecía con un millón de euros en ventas pese a carecer de trabajadores ni constar que hubiesen realizado compras a proveedores. Entre los investigados en la causa que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Elche también figuran dos empleados de una entidad bancaria donde se tramitó la concesión de un crédito del ICO por valor de 40.000 euros a nombre de una de las empresas ficticias, un dinero que evidentemente sabían que no se iba a devolver. Además solicitaron un préstamo a una financiera para una bici eléctrica que no se abonó al estar a nombre de otra de las firmas ficticias.
Blanqueo de dinero con criptomonedas
La operación, en la que han participado más de 100 agentes de distintas unidades, ha logrado desarticular por completo la organización y se ha llevado a cabo en cuatro fases. Durante la primera fase se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal.
La granja de minado, instalación que consume gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro eléctrico. El responsable del Grupo de Blanqueo de Alicante ha explicado en la rueda de prensa que el dinero obtenido con la actividad ilícita era enviado a terceros países donde luego compraban criptomonedas, lo que dificulta su localización al ser difícil de rastrear y estar fuera del control de Hacienda.
Durante la segunda fase se practicaron las detenciones de todas las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la Seguridad Social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a Hacienda.
En la cuarta y última fase se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiales.
La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmi gración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prespitación. Además del material intervenido en los registros, se han bloqueado un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.
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