Burt Lancaster
Himbersor
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Dos inspectores de la Agencia Tributaria han afirmado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que Unifica, empresa que realizó la remodelación, no declaró a la Hacienda Pública todos los ingresos que recibió con respecto a estas obras.
Así lo han declarado los funcionarios de Hacienda, que comparecen por tercera jornada consecutiva en la vista oral, a preguntas de la Abogacía del Estado, que ha centrado parte de su interrogatorio en la documentación emitida por la reforma de las plantas de la sede de los ‘populares’ para demostrar que Unifica cometió delitos fiscales.
Estos inspectores ya afirmaron el pasado 21 de abril que del análisis de la facturación, de la documentación requerida al PP por las obras y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde aparecen contabilizadas entregas a uno de los socios de esta empresa, Gonzalo Urquijo, comprobó que existen ingresos que no han sido tributados correctamente.
Los peritos recordaron que la Ley General de Tributos establece que el devengo debe realizarse en el momento que se pone la obra a disposición de su propietario y que por ello considera que Unifica defraudó a Hacienda por tributar ciertos ingresos en ejercicios posteriores a su contabilización.
En la sesión de este lunes han continuado con este punto y han señalado que algunos de los ingresos que percibió el despacho de arquitectos directamente fueron ocultados a la Hacienda Pública, mientras que sí fueron declarados todos los gastos.
Peritos de Hacienda confirman al tribunal que la empresa que reformó la sede del PP ocultó ingresosIndicios de un doble sistema de pago
Ha explicado que a la hora de hacer una propuesta de regularización después de que el entonces juez instructor, Pablo Ruz, reclamara a Hacienda un informe sobre las cuotas presuntamente defraudadas por Unifica, tuvieron en cuenta tanto los apuntes manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido como toda la documentación emitida por el estudio de arquitectos.
En este sentido, ha destacado que, aunque «nunca» se encontró una factura con el mismo concepto o importe que lo que se apuntó en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, sí que se consideró como «indicio de un doble sistema de pago» –uno dentro del circuito económico legal y otro en ‘b’– la elaboración de una doble certificación final –documento que sirve de base para facturar los trabajos realizados– con importes distintos.
La funcionaria de Hacienda que prestó auxilio judicial ha apostillado que se comprobó que «era una realidad que las obras se habían realizado», si bien ha indicado que la «diferencia» entre los importes de ambas certificaciones, si se le aplica un descuento que había sido referenciado por Bárcenas en su declaración, coincide o es «muy cercana» a las salidas de dinero de la caja ‘b’ señaladas por el extesorero hacia Gonzalo Urquijo.
Así, ha concluido que en la remodelación de varias plantas, en concreto la segunda y la quinta, de la sede del PP hubo servicios «que se habían realizado pero no facturado». También la duplicidad de presupuestos, de contratos de obra o de certificaciones finales, entre otras, con respecto a otras plantas suponen más muestras de un «doble sistema de pago» de la reforma de la sede de la calle Génova.
Informe de la Agencia Tributaria
En ese informe entregado al juez instructor, la Agencia Tributaria destacó que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, «habría dejado de ingresar» a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios «superan los 120.000 euros», límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.
El organismo tributario confirmó que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentaban un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica con fondos ajenos al circuito económico legal.
Por estos trabajos, Unifica tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, según consta en dicho informe. No obstante, si se tiene en cuenta las anotaciones que el Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.
En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros, según los ‘papeles de Bárcenas’) y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad ‘b’.
Así lo han declarado los funcionarios de Hacienda, que comparecen por tercera jornada consecutiva en la vista oral, a preguntas de la Abogacía del Estado, que ha centrado parte de su interrogatorio en la documentación emitida por la reforma de las plantas de la sede de los ‘populares’ para demostrar que Unifica cometió delitos fiscales.
Estos inspectores ya afirmaron el pasado 21 de abril que del análisis de la facturación, de la documentación requerida al PP por las obras y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde aparecen contabilizadas entregas a uno de los socios de esta empresa, Gonzalo Urquijo, comprobó que existen ingresos que no han sido tributados correctamente.
Los peritos recordaron que la Ley General de Tributos establece que el devengo debe realizarse en el momento que se pone la obra a disposición de su propietario y que por ello considera que Unifica defraudó a Hacienda por tributar ciertos ingresos en ejercicios posteriores a su contabilización.
En la sesión de este lunes han continuado con este punto y han señalado que algunos de los ingresos que percibió el despacho de arquitectos directamente fueron ocultados a la Hacienda Pública, mientras que sí fueron declarados todos los gastos.
Ha explicado que a la hora de hacer una propuesta de regularización después de que el entonces juez instructor, Pablo Ruz, reclamara a Hacienda un informe sobre las cuotas presuntamente defraudadas por Unifica, tuvieron en cuenta tanto los apuntes manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido como toda la documentación emitida por el estudio de arquitectos.
En este sentido, ha destacado que, aunque «nunca» se encontró una factura con el mismo concepto o importe que lo que se apuntó en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, sí que se consideró como «indicio de un doble sistema de pago» –uno dentro del circuito económico legal y otro en ‘b’– la elaboración de una doble certificación final –documento que sirve de base para facturar los trabajos realizados– con importes distintos.
La funcionaria de Hacienda que prestó auxilio judicial ha apostillado que se comprobó que «era una realidad que las obras se habían realizado», si bien ha indicado que la «diferencia» entre los importes de ambas certificaciones, si se le aplica un descuento que había sido referenciado por Bárcenas en su declaración, coincide o es «muy cercana» a las salidas de dinero de la caja ‘b’ señaladas por el extesorero hacia Gonzalo Urquijo.
Así, ha concluido que en la remodelación de varias plantas, en concreto la segunda y la quinta, de la sede del PP hubo servicios «que se habían realizado pero no facturado». También la duplicidad de presupuestos, de contratos de obra o de certificaciones finales, entre otras, con respecto a otras plantas suponen más muestras de un «doble sistema de pago» de la reforma de la sede de la calle Génova.
Informe de la Agencia Tributaria
En ese informe entregado al juez instructor, la Agencia Tributaria destacó que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, «habría dejado de ingresar» a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios «superan los 120.000 euros», límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.
El organismo tributario confirmó que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentaban un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica con fondos ajenos al circuito económico legal.
Por estos trabajos, Unifica tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, según consta en dicho informe. No obstante, si se tiene en cuenta las anotaciones que el Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.
En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros, según los ‘papeles de Bárcenas’) y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad ‘b’.
▷ Peritos de Hacienda confirman al tribunal que la empresa que reformó la sede del PP ocultó ingresos
Estos ingresos coinciden o se acercan a lo anotado en los ‘papeles de Bárcenas’ Nacional
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