Douglas MacArthur
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El legado en pensiones: mayor gasto, blindaje del poder adquisitivo y nuevas cotizaciones
- La legislatura ha estado marcada por el paquete de reformas comprometido con Bruselas
- La revalorización de las prestaciones es la medida estrella de Escrivá
- Los expertos creen que beneficia a los jubilados y daña a la población activa y joven
Madrid 6:00 - 19/07/2023
Una de las legislaturas con más presencia de las pensiones llega a su fin. El balance se salda con un imponente gasto creciente de la partida sobre los Presupuestos, donde el desembolso en las prestaciones exclusivamente contributivas pasará de 128.000 millones –según la liquidación presupuestaria de 2019– a los 166.700 millones presupuestados para todo 2023. Los ingresos han mejorado consistentemente por la mejora del empleo, estando cerca ya de 21 millones de afiliados. Durante estos años destaca la voluntad del ministro Escrivá por subir cotizaciones y recuperar la revalorización de las prestaciones con la evolución de los precios, convertido ahora en un puntal electoral frente a la política que adoptó el PP durante la pasada década.
La propia evolución demográfica nos indica que el gasto de la Seguridad Social será progresivamente mayor. La actualización de las pensiones en 2022, del 8,5%, supuso un importante impulso al desembolso de la Administración. De fondo, un proceso reformista que se ha divido en dos fases y que los expertos consideran que dificulta una visión completa del sistema.
El Gobierno español se comprometió con Bruselas a realizar una serie de cambios que aseguren la sostenibilidad de las pagas de los jubilados en las próximas décadas de tensión financiera. "Durante esta legislatura se ha hecho más que en los últimos 40 años", defiende una de las cabezas visibles de UGT en materia de pensiones, Cristina Estévez, que ha participado activamente en el proceso de negociación con el Gobierno.
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Para la Comisión Europea, los cambios abordados cubren de momento el problema. Europa impuso en el último bloque de medidas una cláusula de salvaguarda en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva sobrecotización que deberá ser revisada cada tres años y podrá ser ajustada si el gasto sobrepasa la línea roja del 15% del PIB. Ahora, las cuentas soportan una ratio del 11,7%, 0,6 puntos más que antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Aunque para la AIReF, el organismo independiente que audita las cuentas públicas, los cambios van a generar un mayor desajuste a largo plazo.
La separación de fuentes de financiación ha sido otra de las novedades durante la legislatura. El acuerdo, por recomendación del Pacto de Toledo, implica que la Seguridad Social se hace cargo solo de la parte contributiva que le corresponde. Así, los gastos no contributivas se pagan vía impuestos, con una tras*ferencia de Hacienda.
El problema es que el sistema está en déficit desde hace más de una década y recibe tras*ferencias del Tesoro para cubrir, además de los gastos no contributivos, parte de los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema. "Las reformas de la última legislatura han supuesto una aparente mejora del déficit de la Seguridad Social, si bien se ha limitado a trasladar gasto a otra parte de la Administración. Esto, en lugar de ser bueno, es la justificación para que se puede gastar más", reflexiona Enrique Devesa, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
Nuevas cotizaciones y más ingresos
El gasto se cubrirá parcialmente con la creación de nuevas cotizaciones sociales. La subida de las cotizaciones sociales se aborda a través del destope de las bases máximas, que subirán más que las prestaciones máximas y daña la contributividad. De su lado, se crea una cotización sobre todos los salarios –el citado MEI– que no genera derecho a pensión y va destinado a la hucha de las pensiones (pese a seguir en déficit y pagar pensiones a costa de deuda) y la cuota de solidaridad, para gravar al tramo salarial que supera la base máxima de cotización, pero que tampoco mejora la prestación futura.
"Esto ha sido lo que ha guiado esas reformas: mayor gasto, con subida de tipos y de la base máxima de cotización, más una cuota de solidaridad", explica Devesa, profesor en la Universidad de Valencia.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, explica que lo más destacado de la legislatura ha sido la importante subida de cotizaciones. Desde el IEE consideran peligrosa esta estrategia por el nivel de desempleo de España y apostarían por potenciar la creación de empleo. Tener un nivel de paro similar a la OCDE supondría 2 millones más de empleos y un punto extra de ingresos, explican, citando un informe del think tank de CEOE de mayo.
Además, de cara al futuro se ha implementado un sistema de penalización para las jubilaciones anticipadas. De su lado, incentivarán a quien demore su jubilación de forma voluntaria para tratar de ahorrar hasta 1,5 puntos del PIB, la medida de mayor impacto.
El primer bloque incluyó las medidas fáciles de aprobar: las que mejoran la suficiencia de las prestaciones. El ministro aprobó aquella parte de la reforma con el consenso de los interlocutores sociales, tanto los sindicatos como los empresarios. Después, el principal escollo ha sido generar más ingresos y ampliar, de forma leve y gradual, el periodo de cómputo. Esto precipitó una larga negociación con Bruselas y un debate parlamentario que brilla por su ausencia, pues el Pacto de Toledo recibió la reforma prácticamente cerrada.
En la primera fase de la legislatura, el Ministerio definió su hoja de ruta con la previsión social. Rebajó de 8.000 euros a 2.000 euros, y después a 1.500 euros la exención fiscal máxima por aportaciones a planes individuales. Debido a este golpe fiscal, el tercer pilar se ha debilitado, pese a contar con más de 80.000 millones de patrimonio.
"Creo que durante la última legislatura se ha tratado de estatalizar el futuro de los jubilados. En primer lugar, por el ataque que han sufrido los planes de pensiones privados, que han visto como se limitaban sus aportaciones a unos exiguos 1.500 euros, a todas luces insuficientes para poder constituir un capital que mínimamente sirva de garantía futura ante una más que previsible pérdida de poder adquisitivo", explica Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN).
En contraposición, los planes de pensiones de empleo se han potenciado. Entran en juego la negociación colectiva y el propio Estado, que será quien promueva los instrumentos colectivos de gestión privada del nuevo fondo público de pensiones. Espera captar 4.000 millones a corto plazo y llegar a más gente ahorrando.
Aunque el presidente de PSN defiende la libertad de empresa para la gestión eficiente del ahorro del trabajador y critica que las medidas adoptadas coarten la "libertad a las personas mayores".
